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Exceso de precariedad laboral en las administraciones

EDITORIAL
11/02/2019

 

LA PRECARIEDAD laboral suele ir asociada al empleo privado. Sin embargo, es una apreciación errónea, dado que donde más trabajos temporales existen proporcionalmente es en las administraciones públicas. Asó lo revela la Encuesta de Población Activa del último trimestre del pasado año, según la cual, de los 188.600 empleados del Estado, la Junta y las entidades locales en Castilla y León, un total de 51.900 son temporales. Dicho de otro modo, 27 de cada 100 disponen de contratos para un periodo determinado. Además de que es la cifra más abultada de los últimos diez años, también la tasa de temporalidad resulta la más elevada.


La razón se encuentra en la etapa de la crisis económica, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió o limitó, en los últimos años, la tasa de reposición en la función pública, de modo que no se cubrían las plazas que quedaban libres por las jubilaciones. De forma paralela, las administraciones procedieron a recortar plantillas con el personal eventual, que llegó a reducirse entre 2011 y 2012 en 8.600 empleados temporales (un 20%). Fue el momento con la tasa de temporalidad más reducida, por debajo del 18%. A partir de entonces, la oferta de empleo temporal fue creciedo en las administraciones para cubrir las plazas más necesarias, en particular en las áreas de sanidad y de enseñanza.

Pero, con el lastre de muchos años de recorte en la tasa de reposición y de la ausencia de ofertas de empleo público, la recuperación de la crisis económica no acabó con la precariedad. Antes al contrario, desde 2012 hasta el pasado año, el conjunto de las administraciones públicas contrataron en la Comunidad a 17.800 eventuales, frente a las 19.900 bajas de personal con contrato indefinido. Con esta evolución, la tasa de precariedad ha crecido en diez puntos y , probablemente, así continuará mientras la tasa de reposición no sea del cien por cien en toda la función pública, según pronostica la secretaria autonómica de Acción Sindical de CSIF, Raquel Fernández. De hecho, en el último ejercicio, esta tasa de precariedad creció cuatro puntos, con un total de 8.200 contratos eventuales, el mayor volumen de los últimos diez años. Esto puede deberse a que las administraciones empiezan a cubrir bajas del personal mediante suplencias.

En el lado del funcionariado, el recorte se aprecia en la abultada diferencia que existe entre antes de la crisis y la actualidad, al haberse pasado de los 167,300 funcionarios a los 136.700 contabilizados durante el pasado año. Cabe esperar que las diferentes ofertas de empleo público puestas en marcha por las administraciones y la mejoría económica contribuyan a estabilizar las plantillas y a revertir unos recortes que han afectado en buena medida a los servicios públicos,

 

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