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El error ético de ser juez y parte en la transparencia

EDITORIAL
21/11/2019

 

Una de las medidas más significativa de la nueva etapa del gobierno de Castilla y León es la promovida por la Consejería de Transparencia de hacer pública toda la actividad de los 101 altos cargos del ejecutivo a través de la publicación de sus agendas: con quién comen, con quién se reúnen, con quién debaten, qué visitan, y hasta a qué medios conceden entrevistas y cuándo son las entrevistas... Y así una larga retahíla de exigencias sobre la publicidad de las actividades del gobierno. Bienvenida sea la transparencia. Aunque es de suponer que si alguien va a cometer una golfería no lo va a contar ni publicar. Pero en cualquier caso no está de más que los ciudadanos conozcan a qué se dedican los políticos a los que pagan con sus impuestos. Porque en este caso la publicación de las agendas también servirá para medir el trabajo de todos. Cuestión enormemente importante en vista del escaso ritmo que se está viendo en una parte del ejecutivo. Y esto no es algo que diga sólo este periódico. Es algo en lo que hasta coinciden patronal y sindicatos, al margen de la oposición, cuya crítica es previsible, aunque en ocasiones justificada.

Sin embargo, la disposición publicada ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León que rige la publicación de agendas desvela uno de los problemas que ocasiona que la vigilancia de la transparencia recaiga en quien tiene que cumplirla, como ya advertimos al inicio del mandato. Y es que se limitará la publicidad y por tanto el conocimiento público de reuniones o actividades. ¿Cuáles? Ahí está el meollo de la cuestión. Las que decida la propia Consejería de Transparencia, a través de su dirección general, según reza en el quinto de los seis puntos que contiene la disposición publicada ayer. Ser juez y parte no es el mecanismo más eficaz, oportuno, ético y modélico que exige la vigilancia política que persigue la transparencia. No hay que olvidar además que la consejería está gobernada por uno de los dos partidos en el gobierno, en este caso Ciudadanos. Lo cual añade, además de ninguna independencia a la hora de definir qué se da a conocer y qué no, un elemento de suspicacia innecesario.

De ahí que lo más oportuno sería dotar, como ya exigimos desde este periódico al comisionado para la Transparencia, el Procurador del Común, figura que emana del consenso de las Cortes de Castilla y León, y no de la decisión unilateral de ningún partido. El ejecutivo está obligado a establecer los medios y mecanismos para que la administración goce de la mayor cercanía y accesibilidad al ciudadano, además del conocimiento de su actividad. Pero quien debe velar por ese cumplimiento debe ser un organismo independiente. Y esto no es ni siquiera Montesquieu. Es del aplastante Perogrullo.

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