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Censo de invierno

ERNESTO ESCAPA ERNESTO ESCAPA
14/09/2017

 

CUANDO avanza septiembre y el termómetro anuncia el cierre del verano, se refrescan también los asuntos pendientes. Sobre todo, aquellas tareas que acumulan el descuido de un trienio. Entre todas sobresale la financiación autonómica. Un asunto que viene al caso porque en nuestros pueblos deshabitados el invierno se prolonga entre ocho y nueve meses, como anota Aurelio Puerta en su censo de resistentes de la comarca de Riaño.


La estrategia de esta financiación retardada consiste en evitar que su beneficio lo copen Madrid, Cataluña y Valencia, como prevé y anticipa la Fedea. Para ello, será preciso hacer valer variables como la edad de los habitantes y su dispersión por el territorio donde se prestan los servicios. Tanto el fondo básico, que recoge nuestros ingresos tributarios, como el fondo de nivelación, nutrido con recursos del Estado, deben ser corregidos con aportaciones destinadas a financiar singularidades que afectan a la prestación de los servicios. La edad de los habitantes y su dispersión encarecen el gasto social prioritario en la nueva financiación.

Pero los barullos con que arranca el curso no preludian una solución inmediata al problema de la financiación, así que va a tocar seguir gestionando el déficit de una sanidad deficientemente financiada. Un agujero que se suma cada año a la mengua estatal en la financiación de los servicios sociales, cuya demanda crece con la edad de nuestros paisanos.

El comienzo del curso escolar nos recuerda año tras año el cierre de nuevas escuelas en los lugares que no cuentan al menos con cuatro niños. Que cada vez son más. A pesar de las disfunciones, nuestra gestión del núcleo social básico (sanidad, educación y servicios sociales) ha mantenido la valoración más alta de la España autonómica por parte de observatorios profesionales independientes. Lo cual no puede ser un argumento para continuar con las restricciones, sino un estímulo para pelear por una financiación más justa y un impulso para organizar mejor la prestación de los servicios a una población crecientemente problemática y en un territorio disperso.

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