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Castilla y León aspira a ser vanguardia en diálogo civil

EDITORIAL
27/01/2018

 

EL VICEPRESIDENTE de la Junta, José Antonio De Santiago-Juárez, presentó ayer a los principales colectivos no gubernamentales las líneas maestras del futuro anteproyecto de ley de Diálogo Civil y Democracia Participativa. Se trata de una iniciativa comprometida por Juan Vicente Herrera en su discurso de investidura como presidente e inspirada en el Tratado de la UniónEuropea.

El objetivo fundamental es implicar más a los ciudadanos en las decisiones políticas y enriquecer las medidas gubernamentales con las aportaciones de los colectivos más participativos.

Castilla y León abre en España esta nueva vía de participación porque ese diálogo no se constreñirá solo a uno u otro ámbito sectorial, sino a todos los que sean competencia de la Administración autonómica, sin interferir en las funciones propias de las Cortes o de las administraciones locales.

Pendiente de que la información genérica se concrete en el anteproyecto, la iniciativa de extender y ampliar la participación ciudadana con cauces precisos y límites objetivos y rigurosos es un objetivo que aporta mayor dimensión a la democracia y acerca la clase política al ciudadano, reduciendo esas distancias que se han ido ensanchando en los últimos años.

El contenido que ayer se trasladó implica también una reciprocidad de la Administración, que se ve obligada a contestar las propuestas ciudadanas de planes, programas, estrategias y decretos.
Castilla y León tiene una acreditada fama de implicación en el Diálogo Social. Ninguna región ha extendido a los niveles de esta Comunidad las negociaciones entre Junta, empresarios y sindicatos.Hasta el punto de que diputaciones y ayuntamientos se han sumado a este diálogo.
Ahora el reto es llegar a la sociedad civil, romper las distancias entre el ciudadano y la política y que éste vea la necesidad de participar porque se cuenta más con él.

El anteproyecto prevé los procedimientos de consulta y participación. Conviene que los medias sean transparentes, ágiles, fáciles y sobre todo que generen la confianza necesaria en el ciudadano para que lo que es una iniciativa democrática loable no decaiga en un instrumento para unas minorías.

Las organizaciones no gubernamentales deben ahora plantear sus propuestas para mejorar el texto oficial. Lo mismo deberían hacer luego los grupos parlamentarios. Se trata de poner en marcha mecanismos eficaces que realmente dinamicen la participación de los ciudadanos.

Castilla y León acumula una tradición acreditada de diálogo y puede aspirar legítimamente a acercar la política a la sociedad civil. Los informes anuales que se marca la ley deberán evaluar esos resultados, impulsar lo que funcione y corregir las debilidades.

 

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