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El PNV propone un nuevo Estatuto basado en el principio de legalidad

Los peneuvistas defienden el ejercicio del derecho a decidir pero proponen un acuerdo 'sin rupturas'. En su propuesta de nuevo estatus reclaman el 'blindaje' de las competencias actuales y un "régimen eficaz de garantías"

AITOR UBARRETXENA
07/02/2018

 

El PNV quiere que Euskadi mantenda una relación "singular y bilateral" con el Estado basada en el pacto y el reconocimiento de la realidad nacional de ambas partes. Además, reclama que deberá reconocerse que Euskadi es una nación, así como la regulación del derecho a decidir, aunque en todo caso defiende que este proceso se lleve a cabo "sin rupturas" y respetando el principio de legalidad.

Esta es la propuesta que ha realizado en el marco de la ponencia de autogobierno que se está desarrollando en el Parlamento vasco. Este nuevo estatus político supondría una “actualización” del autogobierno vasco y se llevaría a cabo a través de un concierto político, homologable vigente. La nueva vinculación con el Estado español estaría articulada “en exclusiva” a través de los derechos históricos, "que reconoce y ampara la disposición adicional primera de la Constitución". 

Los peneuvistas han otorgado también un peso muy importante en su propuesta al 'blindaje' de las competencias actuales, y reclaman un "régimen eficaz de garantías" que impida su modificación unilateral. Con ello, aspiran a una nueva relación de "bilateralidad efectiva". 

De igual forma, se mantendría la cooperación multilateral en el sistema institucional del Estado español, "que permanecerá intacta en lo formal, así como en lo tocante a la lealtad institucional y a la solidaridad territorial". 

Principio de legalidad y bilateralidad
De esta forma, el partido más votado en Euskadi, y que gobierna los tres ayuntamientos de las capitales y las tres diputaciones forales, apuesta por el principio de legalidad, y muestra su deseo de acometer este cambio de estatus ateniéndose al principio de legalidad.

El PNV ha defendido en la ponencia la elaboración de un texto articulado que será “la formulación jurídico-positiva de un ejercicio pactado del derecho democrático” de la ciudadanía vasca a decidir su estructura política y su régimen de convivencia. De esta forma, la formulación legal sería la plasmación del ejercicio del derecho “a decidir sobre su futuro”.

Como punto de partida, plantea que ese futuro texto articulado que deberá aprobarse expresaría que "Euskal Herria es un pueblo con identidad propia" que está "asentado geográficamente en siete territorios" que actualmente están articulados en "tres ámbitos institucionales diferenciados: la Comunidad Autónoma Vasca, la Foral de Navarra y el País Vasco francés. Por ello, se reclaman fórmulas de cooperación que posibiliten las "relaciones entre los territorios vascos", con Navarra y el País vascofrancés, "al amparo de las potencialidades que ofrezca la normativa europea".

Nuevos nombres para Euskadi
El planteamiento puesto sobre la mesa por el PNV también incluye cuatro posibilidades de nombre para el nuevo "sujeto político-jurídico": Comunidad Foral Vasca, Comunidad Nacional Vasca, Estado Autónomo Vasco y Estado Foral.

De esta forma, algunas de las variantes aluden a los derechos históricos y a la foralidad, mientras que en otras se apuesta por poner de relieve el reconocimiento de Euskadi como nación. El concepto de Estado Autónomo Vasco ya estaba utilizado en el proyecto de Estatuto de 1931, y según el PNV, encajaría en los modelos federales o confederales.

Administración de Justicia
El PNV alude al Estatuto de Autonomía de 1936 para asumir la competencia de la Administración de Justicia, con la atribución al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de la culminación ordinaria de los asuntos, sin perjuicio de la unidad del Poder Judicial y de la preeminencia del Tribunal Supremo, aunque limitada a la unificación de doctrina sobre la legislación dictada por el Estado.

También introducen garantías en materia económica, ya que el PNV aspira a que el nuevo estatus contenga las salvedades necesarias para que la autonomía financiera de Euskadi "no pueda resultar constreñida" por decisiones unilaterales del Estado en la distribución de los límites del déficit y de la deuda "con el pretexto de garantizar el equilibrio y estabilidad presupuestarios".

 

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