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La ‘vuelta al cole’ del campo

X Legislatura Aportar liquidez al sector es la primera tarea que las Opas encomiendan a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural / Exigen unos precios que garanticen rentabilidad y remarcan la importancia de la PAC para Castilla y León

ELSA ORTIZ
16/09/2019

 

Volver a empezar... otra vez. Septiembre también es sinónimo de vuelta al cole para el campo. No porque haya estado cerrado por vacaciones, sino porque da la bienvenida a un nuevo año agrícola que llega acompasado por aires políticos renovados, o al menos así lo aseguran quienes los traen. En la puesta a punto de la campaña, los contadores no están a cero. Llevan signo negativo tras sobrevivir, a duras penas, a un verano catastrófico protagonizado por la sequía, la segunda en tres años, y por la plaga de topillos. Para las Organizaciones profesionales agrarias (Opas) de la Comunidad, compensar este desastre es la tarea más urgente para la recién estrenada Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Cifran en «más de 1,5 millones las hectáreas perjudicadas por la falta de precipitaciones». A la cabeza, el cereal con unas pérdidas que Asaja estima cercanas a los 600 millones. Para su presidente autonómico, que la región aglutine un 60% de los daños nacionales ocasionados por la sequía es solo una muestra de la gravedad de una situación ante la que el Ejecutivo central «no ha hecho absolutamente nada». Donaciano Dujo recuerda al Gobierno que «estando en funciones o no, su obligación es atender los problemas» del sector y remarca que la solicitud a Europa del adelanto de más de 500 millones de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) es un «mero trámite administrativo» que tan solo responde «a su deber».

Aportar liquidez al sector es una de las demandas que las Opas ya hicieron llegar a Jesús Julio Carnero en su primer Consejo Regional Agrario. Una línea de nuevos préstamos y la moratoria de aquellos que se pidieron hace dos años, cuando la sequía también dejó el campo en números rojos, fueron las dos propuestas que recibieron el visto bueno. «Insistimos en que corría prisa que estas medidas estuviesen puestas en marcha en septiembre porque en octubre ya hay que pagar las amortizaciones de los créditos adquiridos en 2017», alerta el coordinador de la Alianza UPA-COAG, confiando en que así sea.

De cualquier manera, Aurelio González considera que las actuaciones llegan «un poco tarde». Lo mismo ocurre con los ganaderos y el abastecimiento de agua, cuya solución urgieron durante el periodo estival. La convocatoria de subvenciones para este fin está ahora abierta. Contempla hasta 4.000 euros por profesional y tiene carácter retroactivo, por lo que se pueden justificar actuaciones desde el 1 de julio. «Desde nuestro punto de vista, podía haberse incluido mayo», matiza el representante de la Alianza.
Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) insisten en la necesidad de ir más allá con un «apoyo adicional a las zonas más afectadas». Jesús Manuel González Palacín propone para ello «una fórmula totalmente viable» pero nada novedosa, pues «ya la puso en práctica José Valín», exconsejero de Agricultura: «que la Administración responda de una parte de la amortización de los préstamos adquiridos este año». Sin embargo, la Junta ya mostró su negativa a la solución Valín.

La otra alarma del verano la hicieron saltar los topillos. Para las Opas es una plaga con un responsable directo: la Junta, «por no actuar ni en tiempo ni en forma». Una inacción que, para el presidente regional de Asaja, refleja la presencia de estos roedores en «un 20% del territorio» castellano y leonés. «Esperemos que vayan muriendo porque la propia tularemia les ataque», confía Dujo, que insta a «controlar y vigilar que no pasen en el invierno» para evitar que la situación se repita en la próxima primavera.

Para UPA-COAG también se ha emprendido «tarde» la lucha contra los topillos. «Hasta mediados de agosto no se han empezado a limpiar cunetas y eso no es eficaz cuando ya hay una plaga», reprocha González para reiterar la necesidad de una normativa excepcional que permita «quemas controladas en aquellas zonas que no se pueden limpiar con máquinas» y el «uso de rodenticidas dado que existe un problema de salud pública con una treintena de afectados». Piensa en la Ley de Caza para emular su reforma y perfilar «una norma que proteja a la población» frente a estos roedores. «No puede ser que los habitantes del mundo rural suframos las consecuencias de esta plaga porque haya unos animalitos que hay que respetar», sentencia.

HOJA DE RUTA

En el centro de la diana de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural está el rejuvenecimiento del sector. Durante la exposición de su hoja de ruta para los próximos cuatro años, Carnero comprometió 180 millones para acometer lo que tildó de un «ambicioso reto»: la incorporación de 3.500 jóvenes al campo.

Para hacer de la ambición una realidad, que sería muy bien recibida por el sector, es necesario un aliciente. «Los jóvenes que se incorporan, tanto hombres como mujeres, no suelen ser ajenos al sector, sino que son hijos e hijas de agricultores y ganaderos», contextualiza el presidente autonómico de Asaja para aseverar que darán el salto si tienen un «buen espejo de rendimiento, productividad y rentabilidad» en el que reflejarse.

El garante de una explotación rentable es el requisito indispensable que el coordinador de la Alianza ve para que haya «agricultores y ganaderos jóvenes que se queden» en el combate contra la despoblación. Lucha en la que González considera que juegan un papel «muy importante» las mujeres, que fueron «las primeras en abandonar el mundo rural» por falta de oportunidades. Dada su presencia en los cursos que UPA-COAG imparte, entiende como «posibilidad real» la prioridad que marcó el consejero de otorgarles un mayor protagonismo.

La UCCL insta a vigilar que esas 3.500 incorporaciones sean «reales, de jóvenes que trabajan en una explotación y tienen la idea de quedarse». En este sentido, González Palacín aboga por apoyar a quienes «realmente tienen un proyecto de vida y no a los que llegan al campo con la idea de estar los cinco años exigidos para cobrar la ayuda y marcharse». Un plazo de tiempo en el que además, asegura, es «imposible amortizar» las inversiones que exigen la agricultura y la ganadería. En lo que respecta a las titularidades compartidas, considera «un buen número» las 300 marcadas por Carnero. «Si fuese medio millar mucho mejor porque esta opción reconoce el trabajo de las mujeres y entran en la Seguridad Social, que es donde deberían llevar toda la vida», valora el responsable de la UCCL para subrayar la importancia de una «labor de información y concienciación» sobre esta figura jurídica.

Otra de las promesas que Carnero puso sobre el horizonte de la legislatura que ahora empieza es el liderazgo del movimiento frente al Ministerio para fortalecer la cobertura de los seguros. Asimismo, adelantó un incremento de «un mínimo del 20%» de la financiación regional para contratarlos. Para Asaja Castilla y León lo más «urgente» es la mejora de esta herramienta «esencial» para remontar las crisis del sector; pero «lamentablemente», que es el término más utilizado por su presidente durante una negativa valoración a la postura del Gobierno central, no ven «ni iniciativa ni ganas». Dujo es claro: «dejan actuar a Agroseguro a sus anchas y lo único que hace es empeorar la situación». Por ello, insta al Ejecutivo nacional, y también al autonómico, a mediar.

IMAGEN POSITIVA

Realzar todas las virtudes del sector agrario y reflejar una imagen positiva del mismo es una clara prioridad de este departamento. De cara a los jóvenes, que aun lo sienten como «una actividad no atractiva e incluso marginal», y a la sociedad en general. Para ello, a lo largo de la legislatura emprenderá campañas de comunicación que den a conocer los beneficios que aportan la agricultura y la ganadería, así como distintas acciones educativas en los colegios de la región dirigidas a los más pequeños.

El coordinador de UPA-COAG subrayó la relevancia de estas líneas comunicativas para «dignificar la profesión de agricultores y ganaderos como productores de alimentos y cuidadores de medio ambiente». A juicio de González, la Consejería tiene que estar «al frente de estas campañas de imagen y defender al sector de los ataques que sufren en las redes por parte de grupos pseudo ecologistas». Además, considera que el departamento de Carnero «debe ponerse las pilas» con una línea de ayudas específicas para fomentar económicamente el uso de las nuevas tecnologías, «muchas veces costosas», y el acceso a las mismas de todos los profesionales del campo.

Para el máximo representante de la UCCL, en cambio, este ejercicio no es una de las prioridades de la legislatura puesto que, agradece, «los medios ya están haciendo una labor muy importante en este sentido». En cuanto al tema de la investigación, González Palacín aplaude los 250 proyectos que se pretenden alcanzar con la puesta en marcha de una plataforma de dinamización. «Nos parece muy bien pero no sabemos ni qué se está investigando ni para quién. Hay una falta de transparencia y de transferencia importantísima», lamenta para recordar la propuesta que la UCCL ya llevó al viceconsejero de Desarrollo Rural, Jorge Llorente: «las Opas podríamos hacer de puente entre los centros de investigación y quienes realmente la van a utilizar después, los agricultores y ganaderos».

Un aspecto en el que las organizaciones encontraron carencias dentro del planteamiento de legislatura fue en el relativo a la PAC, a pesar de la promesa de una «férrea defensa» del sector. «Creo que el consejero no es consciente de la importancia que tiene para Castilla y León», lamenta el responsable de la UCCL para concretar que de «los 5.000 millones que llegan a España, casi 1.000 son para la Comunidad y están muy mal repartidos». Para conseguir una distribución justa, González Palacín insta a la Consejería a «ser valiente y hacer el filtro entre quiénes van a cobrarla y quiénes no». Aboga por fijar una definición «meridiana» de agricultor genuino para que perciban las ayudas aquellos que puedan demostrar que un 25% de sus ingresos son agrarios puesto que, señala, «los datos dicen que seis de cada diez perceptores en España no llegan» a ese porcentaje. «Entiendo que es políticamente complicado, pero sino estamos dando dinero a gente que no aporta nada a los pueblos», contextualiza.

El presidente regional de Asaja mira también a Europa para hablar de la PAC. «Es vergonzoso que en estos momentos no haya ni aprobación presupuestaria ni normas legislativas ni nada que se le parezca, y se dilate hasta 2023», denuncia antes de hacerse una pregunta: «¿qué pasaría si a los europarlamentarios o a los responsables políticos no se les pagase hasta entonces?». A esta situación de «incertidumbre y especulación», Dujo añade «las concesiones a otros perjudiciales para la agricultura y la ganadería europea». Se refiere al acuerdo con Mercosur, que su organización rechaza «de manera contundente y frontal».

También lo hace la Alianza UPA-COAG, que pide «acabar con la hipocresía política que permite la entrada de productos de fuera sin las mismas exigencias, tanto técnicas como sociales». González tilda de «disparate medioambiental traer naranjas de Sudáfrica y tirar las de aquí, o importar canales de vacuno desde América mientras que dentro de Europa está desapareciendo la ganadería extensiva».

FUTURO

La voluntad de trabajo y de colaboración de las Opas regionales ya está puesta sobre la mesa. Donde siempre ha estado. Sus representantes confían en una respuesta política que esté a la altura de las circunstancias del campo castellano y leonés. Asaja espera una «visión de futuro en la que no se hagan las cosas solo para pedir el voto» puesto que, remarca, el sector «necesita presupuesto y políticas a largo plazo» para cubrir sus necesidades. Dentro de una larga enumeración de las mismas, Dujo se detiene en «alcanzar acuerdos con la industria agroalimentaria para que sea cómplice en los precios que paga al primer eslabón de la cadena y participe de una mayor compra de sus productos, etiquetándolos como tal».
La misma exigencia plantea la UCCL. A su juicio, Francia es «ejemplo a imitar» por su norma de la cadena alimentaria con la que descarta contratos por debajo del coste de producción. «Es un camino a trabajar en el medio plazo. Si no lo recorremos y seguimos dependiendo del mercado, nos pagarán lo que quieran y cuando quieran», advierte González Palacín tras abogar por «incrementar las competencias» del Defensor.

Para el coordinador de UPA-COAG, lo primero que corre prisa con un equipo nuevo es «sentar las bases de lo que se quiere hacer». González propone a la Consejería, con unos precios que blinden la rentabilidad como eje, «marcarse un cambio de rumbo que priorice las explotaciones familiares». Asegura que seguir en la misma línea de «impulsar superexplotaciones, como en los últimos años, solo acrecentará el abandono y la despoblación». En este sentido, aboga igualmente por «políticas que faciliten la vida en el pueblo a quienes ya están allí». Enmarcado en las mismas urge un control «real» de la fauna salvaje. «Los perjuicios más graves que dejan en el sector no son las pérdidas económicas sino el riesgo de accidentes, de transmisión de enfermedades y de daños a la ganadería».

Recordando reivindicaciones que no son nuevas, las organizaciones agrarias dan el pistoletazo de salida a la nueva legislatura política con ilusión. Sus representantes se ponen a la disposición de Carnero para, conociendo de primera mano las patas de las que pueda cojear el sector, aconsejarle con el objetivo último de mantener con vida, o devolvérsela, al medio rural.

 

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