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LEY DE LA CADENA

El supervisor de la Cadena

Las 16 multas propuestas en Castilla y León por la Agencia de Información y Control Alimentarios desde 2014 alcanzan los 59.000 euros / El sector vitivinícola será objetivo de las inspecciones en 2018, junto al seguimiento de los precios anormalmente bajos

MARISOL CALLEJA
04/12/2017

 

la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, cumplirá en enero de 2018 cuatro años de existencia. «Un antes y un después» en las relaciones que mantienen los agentes de la cadena alimentaria, según destaca su director, José Miguel Herrero.

Aunque se ha avanzado en el control de los incumplimientos, y esto es algo que reconocen todos los sectores implicados, Herrero es consciente también de que se trata de un proceso de «cambio lento», que exige adaptarse a las reglas de juego. La AICA supervisa las relaciones comerciales y se consolida como «referente» en el control agroalimentario, convirtiéndose, según su responsable, en un organismo «imprescindible» en la cadena.

Los últimos datos aportados desde la Agencia de Información y Control Alimentarios hablan de un total de dieciséis multas propuestas en Castilla y León desde 2014, cuyo importe asciende a 59.015 euros. Los sectores de frutas y hortalizas, con 14 infracciones, lideran el ranking, seguidos del lácteo, con una sanción a una industria, y el sector del vino con una bodega multada.

De las 232 inspecciones llama la atención, como exponen desde este organismo, que los sectores cárnico (52) y los cereales (50) representen la mitad de las que se han llevado a cabo en la Comunidad, según los datos acumulados hasta el primer semestre del año. Una cifra que se ha visto incrementado desde el inicio de la labor de supervisión.

Se puede confirmar además que la mayor parte de las sanciones propuestas son leves, es decir, hasta 3.000 euros de multa. Sin olvidar que ese importe puede incrementarse si se acumulan varios incumplimientos, y es que se comete una infracción por cada ausencia de contrato y por cada incumplimiento de los plazos de pago.

Aunque el porcentaje de las inspecciones que acaban en procedimiento sancionador en Castilla y León supone apenas un 8% frente a la media del 20% en España, el director de la AICA pone de manifiesto el hecho de que, en muchas ocasiones, las inspecciones se sancionan finalmente en Madrid, ya que la empresa tiene su sede social fuera de la Comunidad. Un elemento que se debe tener en cuenta y que puede reducir los porcentajes.

La Agencia de Control va a continuar en 2018 con su actividad de control y supervisión de las operaciones comerciales con algunos objetivos básicos: la intención es centrarse en aquellos sectores con más indicios de incumplimiento de La Ley de la Cadena.

En este caso, y como apunta José Miguel Herrero, existen tres grandes tema: el sector de las frutas de hueso, donde se han recibido «presuntas entregas sin contrato», el sector vitivinícola, y los programas de seguimiento a los precios «anormalmente bajos», en colaboración con el Ministerio de Agricultura.
El sector vitivinícola, tan importante en Castilla y León, ya había sido objeto de una intensa labor inspectora hace ahora dos años. De nuevo, en 2018, la AICAhará hincapié en las principales zonas vitivinícolas del país para comprobar si existen contratos de entrega de uva en la bodega y si se cumplen los plazos de pago.

Una labor que, como explican desde este organismo de control, se va a traducir en una serie de requerimientos que llegarán a los agricultores que han entregado uva, para que aporten los contratos que soportan las entregas realizadas. Además, la Agencia realizará inspecciones en las bodegas «directamente» con la intención de verificar la uva recogida y los contratos, así como los plazos de pago.
El proceso de inspección, según todas las previsiones, comenzará en el primer trimestre del próximo año. En este caso, desde la AICA se quiere dejar claro que en 2018 se va a «potenciar» la colaboración con las distintas comunidades autónomas. Y es que la sentencia del Tribunal Constitucional es clara en este sentido.

El TC considera inconstitucional que la Agencia tenga la atribución «exclusiva» del establecimiento y desarrollo del régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de la Ley de la Cadena. En los sectores vitivinícola y lácteo ya existía una coordinación con las comunidades para elaborar un plan de controles oficiales que ahora se va a intensificar.

El máximo responsable de la AICA explica como en el caso de las inspecciones en el sector vitivinícola, por ejemplo, se «sentarán» con las comunidades afectadas para ver dónde llegan y ofrecer la posibilidad de que se complementen estos controles desde las autonomías afectadas.

El objetivo final es facilitar un «mayor control y coordinación». En definitiva, que AICA conozca lo que hacen las comunidades y éstas estén al tanto de las actuaciones de la Agencia de Control.
Junto al sector del vino, las inspecciones en 2018 se centrarán además, como se ha comentado, en las frutas de hueso y en los programas de seguimiento de la carne de pollo, el aceite y la leche líquida para detectar los precios anormalmente bajos que aparecen en los lineales. En este caso, el Ministerio manda una alerta que llega al AICA para que supervise esta posible irregularidad.

El trabajo realizado en estos años ha demostrado, como señalan desde la Agencia, que estas distorsiones son habitualmente el «detonante» para detectar después otros problemas detrás. El seguimiento ha puesto de manifiesto que existe una correlación entre estos casos y el incumplimiento de la Ley de la cadena, en aspectos como la falta de contratos o los retrasos en los plazos de pago. Por eso, es tan importante, según Herrero, detectar estas distorsiones.

El director de la AICA hace referencia en este sentido a la venta a pérdidas. Denuncias que se trasladan a las comunidades autónomas que son las competentes para sancionar estas materias.

Es curioso destacar que el 40% de todas las denuncias de este tipo provienen precisamente de Castilla y León. Un hecho relevante si se tiene en cuenta la última sentencia del Tribunal de Justicia europeo que ha dejado claro que la prohibición generalizada de venta a pérdidas en España es incompatible con la normativa europea. Algo que obligará al Gobierno a modificar la Ley del Comercio Minorista.

José Miguel Herrero llama la atención en este caso sobre el papel de vigilancia de los precios anormalmente bajos y la posibilidad de detectar, a partir de ellos, otros incumplimientos de la Ley ante los que la AICA puede actuar.

Desde que se creó la Agencia de Control, y de forma general, los sectores que acumulan más sanciones son el sector lácteo y el sector de frutas y hortalizas.

Más del 40% de las sanciones propuestas lo son por incumplimiento de los plazos de pago, aunque también ocupa un lugar importante la ausencia de contratos en las inspecciones realizadas en los últimos cuatro años.

En cuanto al eslabón de la cadena alimentaria que acumula más sanciones, el director de la AICA se refiere a la distribución, «tanto mayorista como minorista», sin olvidar la industria alimentaria que acumula también un número destacado de infracciones.

Desde este organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se destaca en esta materia que el «pronto pago» instaurado este año ha «agilizado» los procesos. La posibilidad del «descuento» si el pago se realiza en un plazo corto de tiempo ha rebajado los plazos, además de evitar también algunos recursos.

El papel de la AICA es valora positivamente desde el sector agrario. Desde ASAJA, su presidente en Castilla y León, Donaciano Dujo, valora este organismo como una herramienta «positiva» y «necesaria», aunque no cree que todas las partes estén poniendo «todo de su parte» para que la Ley de la Cadena sea «efectiva».

De esta forma, Dujo pide al Gobierno, la industria y la distribución que dejen de hablar con «la boca pequeña» y den valor a la cadena alimentaria a lo largo de todos los eslabones. Y es que lamenta que se sigan produciendo «abusos» ante los que la parte más débil, el productor, sigue indefenso. Aboga en este caso por la identificación de los productos, su procedencia y actuaciones contra la venta a pérdidas.

Desde UCCL, Jesús Manuel González Palacín, valora el papel de la Agencia, aunque cree que más que hablar de contratos, se debería profundizar en «cómo se llegan a firmar». «No hay una negociación de igual a igual, ni equilibrio de fuerzas entre todos los eslabones». Esta organización agraria aboga por la negociación de los contratos para que haya un reparto justo en la cadena de valor.

 

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