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CULTIVOS

El sector de la remolacha en pie de guerra con Azucarera

PRECIO. Las previsiones de aumento del precio del azúcar no se han cumplido y el nuevo modelo de la empresa supone pagar la tonelada a 36 euros

A. VALDENEBRO
07/10/2019

 

El cambio de modelo impuesto desde finales de 2018 en el sector de la remolacha ha derivado en que «la rentabilidad del cultivo depende directamente de las ayudas públicas y de una posible subida del precio del azúcar en los mercados internacionales». A mayores, a pesar de que desde la industria se aventuraba que el precio del azúcar en el mercado en los primeros meses del 2019 alcanzaría los 440 euros por tonelada, «la realidad es que según los últimos dato publicados por la Comisión Europea, en el mes de julio» con lo que el precio ha sido de 320 euros por tonelada».

Este significa que para que los remolacheros puedan cobrar los 42 euros por tonelada que fijaba el modelo previó al de la ruptura unilateral por parte de Azucarera, «se tendría que producir un aumento del precio del 65%». Por lo tanto, tal y como denunciaron en su momento desde UPA, «este nuevo modelo impuesto por la Industria supondrá una remuneración total de la remolacha que no superaría los 36 euros/tonelada».

De ahí, también, la importancia de cerrar un nuevo Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) que dé estabilidad al sector a corto, medio y largo plazo», a juicio de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla y León (UPA), que alerta sobre «el peligro de que desaparezcan las ayudadas asociadas al cultivo de la remolacha del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, si Azucarera sigue en su empeño de no negociar un nuevo AMI que dé estabilidad al sector a corto, medio y largo plazo», según expresó el secretario de Agricultura de UPA, Nacho Senovilla.

Esta situación se ha producido cuando apenas quedan 15 días para comenzar la molturación en Toro (Zamora), y posteriormente en Miranda (Burgos) y La Bañeza (León).

La actual campaña 2019/2020 es la última que cuenta con el respaldo del AMI firmado en el año 2014, y por lo tanto «un marco que había sido muy positivo para todas las partes», declaró Senovilla.

Sin embargo, UPA Castilla y León alerta sobre las «consecuencias nefastas» que pueden traer las decisiones empresariales «desacertadas» adoptadas por Azucarera habiendo «roto unilateralmente el AMI y sin disposición alguna a negociar».

De hecho, existe el «peligro real» de que si no hay un nuevo acuerdo interprofesional «difícilmente se dispongan ayudas asociadas al cultivo por parte del Ministerio de Agricultura, y también estaría en serie riesgo la ayuda de la propia Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León».

Desde la organización agraria recuerdan que el Acuerdo Marco Interprofesional es lo que «da soporte y seguridad al sector». En estos momentos en España se da la situación de que existen dos industrias azucareras que «tienen una dimensión productiva total muy parecida, como son Acor y Azucarera». Se cuenta con un instituto investigación sectorial único en España, la Asociación para la Investigación de la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera (Aimacra). Además de la existencia de empresas que obtienen de nuevas variedades que «han apostado fuerte por el cultivo de la remolacha».

Por su lado, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ve como principal problema de este cultivo «el precio que la empresa Azucarera a delimitado para esta campaña, rompiendo así el acuerdo previo», aseguró el presidente de la organización en Castilla y León y de la sectorial remolachera, Donaciano Dujo. «Desde la organización hemos acudido al arbitraje, establecido por el AMI, para que un juez dictamine si la empresa podía hacer esta ruptura unilateral. Nosotros entendemos que esta actuación no es legal y que necesita una solución inmediata».

Castilla y León cuenta este año con «alrededor de 21.500 hectáreas del cultivo, 3.500 menos que el año pasado, repartidas entre Acor y Azucarera, en 14.000 y 7.500, respectivamente». La problemática con Azucarera «ha propiciado, no sólo que la cantidad de hectáreas de remolacha disminuya, sino que la división de este año haya caído en favor de Acor, cambiando la tendencia de años anteriores», concluyó Dujo.

Las organizaciones agrarias y las administraciones «han dado muestras de defender dentro de la Política Agrícola Común (PAC) y Acor ha mantenido su compromiso con los remolacheros», aseguró Senovilla. Las organizaciones representativas en el sector apuestan por «negociar un nuevo AMI que asegure el cultivo, por lo que resulta inconcebible que entre otras consecuencias puedan desaparecer las ayudas públicas al sector, y todo porque Azucarera sigue adelante con su deseo de imponer sus condiciones sin escuchar a la otra parte, o directamente por su interés en no ofrecer futuro alguno a los cultivadores», finalizó Senovilla.

 

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