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Respetar lo firmado

DONACIANO DUJO DONACIANO DUJO
20/05/2019

 

Tras unos cuantos años en los que las siembras de remolacha eran complicadas, bien porque faltaba agua para el riego en los pantanos, bien porque no dejaba de llover en primavera y no se podía sembrar, este 2019 ha ofrecido unas condiciones impecables para la sementera. Sin embargo, en Castilla y León se van a perder cerca de 3.500 hectáreas de remolacha. El motivo no es otro que la decisión unilateral –y pienso que más impulsiva que meditada–, de Azucarera de dar por finiquitado el Acuerdo Marco Interprofesional, que marcaba hasta esta campaña 2019-2020 el precio por tonelada de remolacha.

Ni un ápice se ha movido Azucarera y en sus contratos de esta campaña ya no están recogidos los complementos al precio base (producción, calidad, transporte y pulpa), que en total sumaban seis euros y medio. Así pues, la remolacha que esta primavera se ha sembrado para esta industria se pagará a 26 euros tonelada, a lo que hay que sumar cerca de diez euros de ayudas públicas. No escuchó Azucarera las protestas del sector, advirtiendo que, pasando a percibir el agricultor poco más de 35 euros y medio por tonelada, en lugar de los hasta ahora 42 euros, las cuentas no saldrían.

Y ahora, la industria recoge lo que sembró. Los agricultores han echado cuentas y, para muchos, a ese precio no resulta rentable sembrar remolacha. Así se explica que la contratación de Azucarera se haya reducido en casi un 50 por ciento. El año pasado había en Castilla y León 25.000 ha sembradas de remolacha, de las cuales 14.500 correspondían a Azucarera, y otras 10. 500 a la cooperativa Acor. Este año han cambiado las tornas: Azucarera, tras suprimir las ayudas, se quedará en poco más de 7.500 hectáreas, mientras que Acor alcanzará las 14.000. El motivo no es otro que la cooperativa ha mantenido los 42 euros por tonelada, lo que le ha permitido que los agricultores sigan confiando y ampliando la contratación.

Consumado el error de Azucarera, desde ASAJA y la Confederación de Remolacheros, como principales organizaciones firmantes del AMI, estamos decididos a llegar hasta el final, articulando todos los mecanismos legales a nuestro alcance. Dentro del propio acuerdo marco se establece que, en caso de disconformidad, los firmantes hemos de acudir al arbitraje. Un árbitro imparcial, a través de la Cámara de Comercio de Madrid, será el encargado de escuchar nuestras razones y dirimir quién tiene razón en este lamentable asunto. Así, justo cuando acabe la contratación de remolacha el próximo 31 de mayo, respaldados por nuestros colectivos, defenderemos los intereses de estos socios remolacheros.

Si, como esperamos, el sentido común se impone y se da la razón al sector dando la espalda a Azucarera, la compañía tendrá que pagar esos 6,5 euros por tonelada que ahora escatima a los agricultores. Ese es nuestro deseo y por él vamos a trabajar. Pero siendo un gran objetivo, no menos importante es conseguir que prevalezca el peso de la legalidad, los acuerdos y el valor de la palabra dada. Si no conseguimos que se respeten las bases del acuerdo marco que hasta ahora estaba en vigor, ¿cómo vamos a confiar en que se vaya a respetar cualquier acuerdo futuro? Porque desde ASAJA estamos convencidos de que la remolacha, aún con los cambios inevitables que impulsa el mercado, tiene futuro en Castilla y León. Para ello, habrá que empezar a trabajar muy pronto en un nuevo acuerdo que ofrezca garantías y continuidad al sector. Solo recuperando la negociación y el respeto a lo firmado, el sector estará en disposición de lograr que las administraciones mantengan ayuda y apoyo al sector.

Donaciano Dujo es el presidente de Asaja en Castilla y León.

 

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