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AGRICULTURA

Los precios de los alimentos se cuadruplican del campo a la mesa

COAG pide a la administración que ejerza el control y mantenga «la viabilidad en origen»

M.C.
13/11/2017

 

Los consumidores pagan ocho veces más por las patatas que lo que recibe el agricultor, según el Índice de Precios de Origen y Destino (Ipod) de COAG, correspondiente al mes de octubre. Este producto registra el mayor diferencial de precios entre origen y destino, con un 722%.

Pero, no es el único. Existen otros muchos ejemplos en los que el precio se multiplica de forma especialmente llamativa del campo a la mesa. Junto a la patata, los precios suben de forma significativa en otros alimentos como el ajo, cuyo valor se multiplica por ocho hasta que llega al consumidor (de 0,65 a 5,31 euros el kilo); la cebolla, que vale casi seis veces más en los lineales respecto al precio de origen (pasa de 0,18 a 1,06 euros); la carne de ternera de primera, que cuesta 3,9 veces más de lo que percibe el ganadero (de 4,06 a 16,04); la carne de pollo con un diferencial en porcentaje entre el precio de origen y destino de más del 200% (de 0,97 a 2,99); la de cerdo, con un diferencial casi cinco veces mayor; o la leche de vaca por la que el consumidor paga dos veces más del precio que recibe el granjero (de 0,32 a 0,74).

Ejemplos de una larga lista de alimentos analizados mensualmente por la organización agraria COAG, y distintas asociaciones de consumidores, que reflejan el «desequilibrio patente» en la cadena de valor. Una inestabilidad que, como expresa el coordinador de la Alianza UPA-COAG en Castilla y León, Aurelio Pérez, vuelve a situar al productor como el eslabón «más débil» de la cadena alimentaria. En concreto, los productos agrícolas se multiplicaron en octubre por 4,50 puntos su precio mientras que los ganaderos lo hicieron por 3,04 en este periodo.

Pérez llama la atención además sobre la tendencia anual que «se mantiene constante» con un diferencial «importante» entre los precios de los alimentos en origen y destino. Un hecho que esta organización agraria atribuye a la falta de políticas que «ejerzan el control y regulación suficiente para que se mantenga la viabilidad en origen».

Para el representante de COAG, el principal responsable de este desequilibrio en la cadena de valor es «la propia administración» y «los legisladores». Y es que esta organización asegura que es «difícil» de explicar que en este efecto multiplicador «no haya un margen de unos céntimos que haga viable los precios para el agricultor y el ganadero». El problema, dicen, está en que «la base, es decir, el productor, no tiene un soporte legal que le ampare y le proteja». Una coyuntura que favorece, a su juicio, que industria y distribución desarrollen, «en ocasiones», prácticas abusivas.
Pérez critica también, en este caso, a Europa y, en concreto, a su legislación «amparando prácticas como la venta a pérdidas». Hay que recordar que el Tribunal de Justicia Europeo ha declarado ilegal la prohibición de la venta a pérdidas que está vigente en España. Asegura que es incompatible con la normativa europea.

De esta forma, COAG confía «poco» en el sistema productivo actual y reclama una «necesaria» regulación, «en otra dirección». O lo que es lo mismo, a favor de los productores para que exista, en su opinión, una verdadera distribución de los márgenes. «Todas las políticas, dicen, van por la desregulación, y no por la discriminación positiva de la mano de los que viven en el medio rural».
Precisamente, la mejora de la cadena alimentaria es uno de los propósitos de la CE para el próximo año. En España, la normativa aprobada sigue ser «suficiente» para COAG. Reconocen que La Ley de la Cadena «generó expectativas», aunque creen que las reglas del juego «limitan las posibilidades de actuar con firmeza». Y se refieren en este caso a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Si algo tienen claro, según el responsable de COAG, es que «quien paga siempre es el productor».

En cuanto al Observatorio de Precios creado recientemente en Castilla y León, aseguran que nace «cojo», ya que al no incluir los costes de producción, no permite analizar el margen de las explotaciones y determinar los parámetros de viabilidad.

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