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La PAC de los objetivos

El sector analiza la propuesta de reforma de la PAC con la renacionalización como una de las principales preocupaciones / La CE confía en llegar a un acuerdo entre los Estados en 2019

MARISOL CALLEJA
11/06/2018

 

La PAC 2021-2017 será una Política Agrícola Común de objetivos, más allá del cumplimiento de medidas de la etapa actual. El nuevo modelo se fija en los resultados y apuesta por alcanzar «más satisfactoriamente» los objetivos de la UE sobre la base de la planificación estratégica, aumentando así, según la Comisión, la «coherencia» en la misma política sectorial y con otras políticas de la Unión. De esta forma, se pretende que cada Estado miembro presente una propuesta de plan estratégico de la PAC el uno de enero de 2020, «a más tardar», que será evaluado y controlado por la Comisión. De hecho, si no se alcanzan los objetivos, podrán producirse penalizaciones financieras a los Estados.

La nueva PAC tiene grandes ambiciones, aunque genera al mismo tiempo muchas incertidumbres. Entre ellas, dónde se podrá llegar con menos dinero, ya que la propuesta de reforma post 2020 confirma un recorte de los pagos directos del 3,5% y de un 15% para el desarrollo rural, uno de los datos más preocupantes. Por otra parte, esa mayor responsabilidad para los Estados en la elaboración de los planes estratégicos nacionales alerta ante un claro riesgo de renacionalización que no ha gustado nada al sector.
La negociación de la futura PAC ya está en marcha de forma paralela al marco financiero 2021-2027. La Comisión Europea aboga por un acuerdo «rápido» y confía en que haya un pacto entre los Estados miembros en 2019. El experto en política agraria común, Tomás García Azcárate, cree que hay «interés» por llegar a un acuerdo financiero «a tiempo», es decir, en mayo de 2019, con el horizonte de las elecciones al Parlamento Europeo. Lo que no tiene tan claro este analista es que toda la negociación pueda estar cerrada en esa fecha.

Azcárate apuesta por un «acuerdo de principio» sobre grandes líneas para el primer pilar de las ayudas directas, «que no pueden esperar», con una ventana de negociación posterior. Y es que el cambio introducido con los planes estratégicos y otras medidas ambientales implican un «cambio de mentalidad».
Sobre las posibles distorsiones entre países, este experto en PAC se pregunta si: ¿tendremos una Comisión fuerte con todos para poder respetar de verdad una PAC común.? Es lógico, afirma, que en este momento surjan muchas dudas.

Y es que, como señala Álvaro Ortega, agricultor de 27 años, natural de Hontoria de Cerrato (Palencia), el que cada país pueda establecer requisitos medioambientales y condicionantes tiene «ventajas e inconvenientes», con la amenaza de que «la PAC pueda perder la ‘C’ de Común y que las diferencias entre los distintos Estados se incrementen».

Este responsable de la sectorial joven de ASAJA-Palencia, incorporado al sector en 2015, valora, por otra parte, el techo de las ayudas que se incluye en la reforma para mejorar su distribución, aunque cree que lo importante es saber si estas ayudas van a llegar a los profesionales del campo. La reforma de la PAC define un techo máximo de 100.000 euros, y recortes a partir de 60.000. En este caso, los pagos serán regresivos, reduciéndose por tramos un 25% entre 60.000 y 75.000 euros; un 50% entre 75.000 y 90.000; y un 75% entre 90.000 y 100.000 euros. La abogada experta en temas agrarios, Celia Miravalles, recuerda que se tendrá en cuenta el empleo en la explotación, por lo que «puede darse el caso de, según qué explotación y el empleo, se cobre el tope que son 100.000 euros», aunque «habrá que esperar».

El sector coincide en la necesidad de que haya una mejor distribución de las ayudas. Así lo subraya también Ventura González, secretario general de UPA-Joven y agricultor de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). Para este profesional es «necesario» asegurar una PAC «más social» y un reparto «más justo». Teniendo en cuenta que el beneficiario de los pagos directos será el ‘agricultor genuino’, una definición que cada Estado deberá aportar en su plan estratégico, González aboga por establecer criterios de profesionalidad «más exigentes» y «mejorar más» esta figura. Cada país tendrá que incluir también en los planes nacionales las definiciones de actividad agraria, superficie agraria, hectárea admisible y jóvenes agricultores. La propuesta de la Comisión da prioridad a las pequeñas y medianas explotaciones, que recibirían un nivel más elevado de ayuda por hectárea. La incógnita, como señala la abogada Celia Miravalles, es que «no se sabe aún qué es pequeño y mediano agricultor». Algo fundamental para una comunidad como la nuestra.

La nueva etapa abre un nuevo horizonte en muchos temas, desde luego uno de ellos es el medioambiental, con más ambiciones. Los pagos van a estar condicionados al cumplimiento de unos requisitos reforzados. Y es que se espera que el 40% del presupuesto total de la PAC contribuya a la acción por el clima. Desaparece el ‘grenning’, pero hay medidas medioambientales en los dos pilares, como explica Azcárate. Cada Estado tendrá que ofrecer una ayuda, dentro de un esquema ecológico, a los agricultores que vayan más allá de los requisitos obligatorios, financiada con un porcentaje de las asignaciones nacionales para pagos directos.

La nueva PAC tiene claro sus objetivos, aunque el sector denuncie la «falta total de información». Así lo destaca Lara de Miguel, joven de 33 años y afiliada a la UCCL, que reclama «un mayor feedback entre Europa y los agricultores». «Nadie nos pregunta, van a lo suyo», lamenta esta hortelana, que vive en Aguilafuente (Segovia), y que se muestra muy preocupada por el éxodo rural y la despoblación que azota a nuestros pueblos.

Precisamente, los jóvenes agricultores son uno de los objetivos específicos en el próximo periodo post 2020, así como el desarrollo empresarial en las zonas rurales. Lara se «queja» de que los que ya no utilizan sus tierras sigan «aferrándose a sus derechos y pagos, e impidan que los jóvenes adquieran capacidad de expansión». Una barrera en el acceso a la tierra que suma al retraso en las ayudas. Por su parte, Álvaro Ortega apoya la incorporación de jóvenes y pide «que se incentive el traspaso de explotaciones desde una edad próxima a la jubilación». «La tramitación de las ayudas, según reclama, debe ser sencilla y sobre todo facilitar el acceso a la tierra». Una opinión que comparte desde la Alianza UPA-COAG, Ventura González, que insiste en que «el problema en España no es la ayuda a la incorporación, sino la ayuda a los jubilados», que no dejan su explotación. Un colectivo que denuncia la falta de una pensión «digna». Este responsable aboga por que la PAC cumpla con su finalidad, y las ayudas vayan dirigidas «al verdadero productor».

Más beligerante es José María García, ganadero de 23 años de Vitigudino (Salamanca). En su opinión, «el que esté jubilado, no debería cobrar ayudas». De la forma actual, afirma, «es difícil acceder a la tierra». Este profesional, socio de la cooperativa Dehesa Grande, lamenta la burocracia que acompaña el proceso de incorporación, por eso, pide una simplificación administrativa.

Sobre la forma de organizarse, tiene claro que la participación en cooperativas es la mejor opción de «mejorar y crecer». «Una persona sola no llega a ningún sitio», subraya convencido de que hay que apostar por los jóvenes, porque son «los que invierten, se gastan el dinero, y tirar del campo». La PAC 21-27 mantiene la ayuda del 2% y aumenta a 100.000 el tope de la ayuda por nueva incorporación.

Partidos

Para Castilla y León, el objetivo prioritario sigue siendo el mismo: mantener el presupuesto de la PAC y evitar una renacionalización de la política agraria. Desde el grupo popular, Óscar Reguera, pide al nuevo equipo en el Ministerio de Agricultura que «cierre filas» en torno a estas prioridades. Reguera confía en que haya «capacidad estratégica» para minimizar los impactos. Y es que, lamenta que la nueva PAC traiga más retos con menos presupuesto.

Por su parte, desde el PSOE, Juan Luis Cepa, muestra su «preocupación» ante el riesgo de renacionalización y la «batalla» que se puede abrir con los planes estratégicos. Apuesta por una PAC que siga siendo «común», y pide que la agricultura «no sea la única pagana en la lucha contra el cambio climático».

Pendientes de las próximas negociaciones, la única realidad ahora es la merma en el presupuesto. Por eso, desde Ciudadanos, David Castaño se pregunta: ¿Cuánto dinero está dispuesto a poner España para que no perdamos el presupuesto global?. Este portavoz muestra sus «dudas» ante los planes estratégicos, y apuesta por que cada comunidad tenga el suyo propio, como con el PDR. «Si no es así, habrá autonomías más beneficiadas que otras», afirma. Sobre el techo de ayudas, están seguros de que las explotaciones saben cómo dividirse para repartir los fondos.

Por su parte, Natalia del Barrio, de Podemos, defiende las ayudas a los agricultores a título principal, mientras Luis Mariano Santos, de UPL, pide al Gobierno que «defienda» mejores condiciones para el campo, y «evite» los recortes.

 

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