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Las Opas piden regulación para el control de los costes

El precio al alza de los insumos amenaza la rentabilidad de las explotaciones agrarias, que no logran incrementos visibles en sus cuentas de resultados ni en años de buena cosecha

SANTIAGO G. DEL CAMPO
11/02/2019

 

El sector agrario insiste en la necesidad de incrementar la rentabilidad de las explotaciones, pero la subida de los costes de producción y el mantenimiento de los precios –cuando no la bajada–, hacen casi imposible, en muchas ocasiones, cuadrar los números de tantas empresas familiares del campo. Las alarmas se encienden cuando se habla de los cuatro principales insumos: el gasóleo, la electricidad, los fertilizantes y el coste de la tierra.

En octubre, en plena campaña de siembra, la atención se fijó en el precio del gasóleo agrícola, que alcanzó los 0,975 euros el litro, cada vez más cerca de su máximo histórico de 1,12 alcanzado en 2012. El incremento acumulado del año se situó en el 42%.

En ese momento Asaja Castilla y León pidió «medidas urgentes» al Gobierno para paliar la subida del precio. La Organización Profesional Agraria (Opa) reclamó políticas que permitieran paliar la falta de rentabilidad las explotaciones. El incremento del precio del gasóleo en un 42% supuso que para una explotación de unas 200 hectáreas de secano, los costes alcanzarían los 8.300 euros de gasóleo y otros 21.600 de abono, lo que supone más de 3.500 euros de diferencia respecto al año anterior.

Y es que, aunque el gasóleo B está bonificado gracias a la devolución parcial del Impuesto especial de Hidrocarburos aprobada en 2010 (se devolvían 78 euros por cada 1.000 litros consumidos), este reembolso parcial se redujo en 15 euros con la modificación de la Ley de Impuestos Especiales, que entró en vigor en julio de 2017, lo que limitó la devolución del impuesto a 63 euros por cada 1.000 litros consumidos.

Con el fin de compensar la situación actual de las subidas del gasóleo agrícola, Asaja volvió a solicitar una reducción en el IRPF de la factura del gasóleo del 35% y del 15% en los plásticos y fertilizantes, medidas que se implantaron en los años de mayores subidas del precio de los carburantes y que fueron muy efectivas para los agricultores.

De la misma forma, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denunció que los precios del gasóleo B se situaron, «de golpe», a los niveles más altos de su historia. La subida implicó, según la organización , que en octubre llenar el depósito de un tractor (unos 300 litros) le costó a un agricultor «el equivalente a media tonelada más de cebada de lo que costaba en julio».

Sumando al coste del gasóleo el de la electricidad, «la más cara de Europa», según la Opa, «por más esfuerzos e inversiones que hacemos los agricultores y ganaderos por ser energéticamente más eficientes, nos llevan a un parón de la actividad agraria», aseguró.

Unión de Uniones considera que la fiscalidad del gasóleo para uso de los profesionales agrícolas debe revisarse, mediante la aplicación de un tipo cero del IEH y la rebaja del IVA al tipo reducido permitido por la normativa europea; además de someter a las empresas distribuidoras de combustibles a una vigilancia activa contra posibles prácticas anticompetitivas.

ELECTRICIDAD

Otro insumo al alza, y que las Opas consideran «muy injusto» es la electricidad en las explotaciones agrarias. Y es que, cuando la campaña de riegos se limita a tres o cuatro meses, hay que pagar un contrato de alta potencia durante los doce del año. Todas reclaman la puesta en marcha de contratos que se adapten a esta realidad para no estar pagando a las compañías «por nada».

Asaja reclama, así, un «gesto del Gobierno» para rebajar el coste de la factura eléctrica. Bastaría, por ejemplo, con poder cambiar la potencia eléctrica contratada dos veces al año. En la Ley de medidas urgentes contra la sequía publicada en marzo de 2018 se recogía esta posibilidad, pero no llegó a ponerse en marcha por la falta de un desarrollo reglamentario. Se pretendía con ello paliar el «grave problema» que se creó en 2008 con la desaparición de las tarifas especiales de riego.

El tercer caballo de batalla de los profesionales del campo son los fertilizantes. En el caso de los cultivos herbáceos puede superar el 40% de los insumos, y son imprescindibles para la producción agrícola. «El agricultor no tiene otra posibilidad que acatar los abusivos precios que fija la industria, que funciona en la práctica como un monopolio», denuncia Asaja.

Por eso la Opa, junto a las integrantes del órgano europeo Copa-Cocega, insta a la UE a eliminar los aranceles impuestos sobre las importaciones de fertilizantes. Y es que los derechos anti-dumping y los aranceles aduaneros en las fronteras de la UE «protegen a los fabricantes de fertilizantes minerales europeos frente a la competencia internacional», asegura la organización.

Así, los precios de los fertilizantes en la UE son mucho mayores que en otras zonas del mundo. Y los agricultores españoles deben competir en un escenario con precios de mercado mundial.

«Ese desequilibrio se refleja en la renta de nuestros agricultores», denuncia Asaja. En la primavera de 2018 se pagó la tonelada de fertilizante nitrogenado a 220 euros, 20 más que el año anterior. Es decir, un agricultor con una explotación de secano de unas 200 hectáreas tuvo que pagar 1.200 euros más que el año anterior para abonar la misma superficie. Por si fuera poco, el pasado otoño, en plena sementera, el precio de los abonos se volvió a incrementar un 10% respecto al año anterior, lo que supone un coste para esa explotación ‘tipo’ de 200 hectáreas, de 21.600 euros al año, cuando en la campaña anterior era de 19.800.

Así lo ve también la alianza Upa-Coag, que denunció los bajos precios de la cosecha de cereal que, aun siendo aceptable, no permitió incrementar la rentabilidad de las explotaciones por los altos precios de los insumos. La Opa constató que los precios de los inputs como semillas, combustibles o fertilizantes «han sufrido un ascenso imparable y apuntan incluso a incrementos aún mayores».

La Alianza Upa-Coag recordó que una hectárea de secano precisa de unos 300 kilos de abono nitrogenado como media, mientras que una hectárea de regadío consume más de 700 kilos, y que los agricultores de Castilla y León gastan en torno a 500 millones de euros en fertilizantes al año, casi una cuarta parte del consumo nacional. El consumo de fertilizantes anual en Castilla y León se sitúa aproximadamente en 1,3 millones de toneladas, de los que casi el 50% lo acaparan los abonos complejos de sementera y un 40% los nitrogenados.

Por eso, la Alianza Upa-Coag hizo un llamamiento a los agricultores de la Comunidad para que controlen la aplicación de abonos en función de la necesidad del terreno, para no aplicar «más unidades de las necesarias». Además, aconsejó a los agricultores que realicen análisis en sus terrenos, que incluso «en algunos casos son gratuitos», para que la aplicación de los mismos sea lo más ajustada posible a cada necesidad. Por otro lado, calificó como «lamentable» la situación que se ha generado desde la industria de fertilizantes, que funciona en la práctica, asegura también, como un «monopolio».

«No podemos calificarla de otra manera más que de absoluta especulación la que ejerce imponiendo unos precios desorbitados, siendo conscientes de que el uso de fertilizantes es crucial en la productividad de las explotaciones agrarias y que los agricultores en mayor o menor medida no tienen otra posibilidad más que asumir los precios abusivos que les imponen», añadió.

El coordinador de la Alianza Upa-Coag en Castilla y León, Aurelio González, aseguró en respuesta a este periódico que su organización tiene«bastante claro» que los costes han ido subiendo. «En algún momento de campaña pueden bajar un punto el gasóleo, pero siempre con una tendencia alcista». Por eso, «la rentabilidad de las explotaciones es cada vez menor, los ingresos son más ajustados y no mejoran los precios»

La evidencia está en el año 2018, «un buen año agrícola», con buenas cosechas, y sin embargo «la rentabilidad se quedó en la media». Eso significa «lo que venimos denunciando, que los costes suben y los precios no». Un problema que tiene su causa, en gran medida, en que «a los agricultores y ganaderos son otros los que nos hacen las cuentas», dijo, en referencia a las grandes decisiones políticas en los marcos del Estado y la Unión Europea.

Una «denuncia constante» de la Opa es que «cuando el mercado del petróleo baja, tarda mucho en repercutirse» a los precios del gasóleo agrícola. «Cuando sube, suben cinco y cuando bajan, bajan uno», lamentó. «El inconveniente es ese, que no hay una regulación». Así, el libre mercado de los carburantes, cuando el de los agricultores y ganaderos no es libre, «perjudica directamente a la rentabilidad de las explotaciones», aseguró.

«Reclamamos que se vuelva a los niveles de devoluciones que se había firmado, y la rebaja que impuso Montoro se elimine. Y además, que se vuelva a poner en la declaración de la renta las deducciones, incluso en módulos, por plástico y por gasóleos, en base a que el precio está disparado. Incluso en módulos, el tema de los abonos. Con aquel paquete que se acordó, que se pueda volver a desgravar», demandó.

En cuanto a la energía eléctrica, «Es un auténtico disparate», lamentó González. «Es una vergüenza que el mayor coste de los riegos de los pozos sea en términos de potencia, cuando la máxima sólo es necesaria durante tres cuatro meses de riego». Por eso reclamó también «que pueda haber flexibilidad en los contratos, y establecer unas ayudas para eficiencia energética y nuevas alternativas».

Aurelio González avanzó que en Upa comenzarán «dentro de poco» con un proyecto «para ayudar a agricultores y ganaderos a ir cambiando la mentalidad, porque el ahorro de costes es importantísimo». Se trata de ajustar los costes energéticos y estudiar alternativas como el riego solar. Lo que sí está claro, a su juicio, es que «las tarifas eléctricas deberían estar reguladas de otra manera, porque ahora estamos vendidos al sector eléctrico».
abono natural

Goag, por su parte, pidió el viernes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la puesta en marcha de una mesa de trabajo para impulsar la reutilización de subproductos ganaderos como fertilizantes orgánicos y fuentes de energía renovables. Una petición en consonancia con el anuncio del propio ministro días antes, que aseguró que el Gobierno trabaja en un paquete de medidas para la gestión integral del estiércol y de los purines en las granjas y conseguir así «una mejora ambiental, económica y social» sin que suponga «un sobrecoste añadido en la actividad productiva».

El uso sostenible de fertilizantes a partir de subproductos orgánicos en el sector agrario podría reducir la necesidad de fertilizantes a base de minerales –según la Opa–, cuya producción tiene un mayor impacto ambiental y depende de las importaciones de roca de fosfato, un recurso limitado.

La UE importa alrededor de 6 millones de toneladas de fosfatos al año, pero podría reemplazar hasta el 30% de este total mediante la transformación de los residuos ganaderos en subproductos de valor y reutilizables como fertilizantes o fuente de energía. «Los purines ganaderos, correctamente gestionados, suponen una oportunidad para disminuir los costes en fertilización y energía (metano para biogás) en las explotaciones agrícolas y ganaderas», apuntó la organización.

Para el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, la solución para controlar el precio del combustible es establecer un gasóleo profesional para agricultores y ganaderos. «Que no sólo nos devuelvan parte del impuesto, sino que tengamos un IVA reducido». Un producto que podría ayudar a controlar la volatilidad de los precios.

Parecida solución tendría el precio de la electricidad. «Reclamamos una tarifa especial para riegos, como llevamos demandando muchos años». Es «urgentísimo», y el término potencia «es un atraco a mano armada», porque «tienes que pagar gastes o no gastes». Lo justo es «pagar por los meses que regamos, no por los que no regamos». añadió.

Por otro lado, «los fertilizantes son un monopolio clarísimo, hay una posición de dominio por parte de una gran empresa que es la que marca los precios de una forma absoluta, y esos precios del fertilizante, aparte de que algunos de ellos van en relación al petróleo, marcan lo que podemos pagar los agricultores. Un año que no se pudieron aplicar fertilizantes, los precios cayeron en picado».

«Los fertilizantes necesitan una regulación, porque es tanta la posición de dominio de esa empresa multinacional, que no se le debe permitir fijar los precios de forma caprichosa», aseveró Palacín. Y es que en cultivos de regadío, «los fertilizantes son unos de los mayores costes de producción». Se trata de cultivos como la remolacha, maíz o patata, que podrían suponer «entre el 30 y 40%» de los insumos, concluyó.

LA REGULACIÓN DE LA PAC FAVORECE UNA TIERRA DE LABOR ESCASA Y CARA

Los últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura yGanadería sobre los precios medios de la tierra, publicados en noviembre y referidos al ejercicio 2017, revelaron que en Castilla y León el precio una hectárea de tierra se incrementó un 2,3% en un año, desde los 5.656 a los 5.787 euros. Por tipos de cultivo, las de los herbáceos de regadío alcanzaron los 12.597 euros (un 2,2% más); los herbáceos de secano y barbecho, los 6.227 (2,8% más), y los prados, praderas y pastos 3.194 (el 3,6% más). Sólo bajó la tierra destinada a viñedo, un 2,5%, hasta los 19.293 euros la hectárea. También se incrementaron los precios de arrendamiento, que se sitúan alrededor de los 129 euros de media por hectárea, con variaciones desde los 365 euros por hectárea de regadío a los 51 euros de los pastizales.

Las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) tienen claro que algunos aspectos de la regulación de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) son la causa de que haya menos tierra disponible, y la que haya sea más cara, puesto que la mera posesión aporta el derecho al cobro de subvenciones.
Asaja Castilla y León puso de manifiesto recientemente que el acceso a la tierra «supone uno de los principales obstáculos para los jóvenes, y se ve limitado por la reducida oferta de terrenos para su venta o alquiler en muchas regiones, así como por la competencia de otros agricultores, inversores y usuarios residenciales y el acceso a los recursos financieros». Un problema que se podría paliar, como señaló el Parlamento europeo, con ayudas de los estados miembros a la transmisión de las explotaciones, a fin de apoyar a los titulares con más de 55 años sin sucesores, que pueden encontrarse en una situación de precariedad durante su jubilación, si transfieren parte o la totalidad de sus explotaciones a jóvenes.

El coordinador de la Alianza Upa-Coag, Aurelio González, opina que el problema es que «pueda cobrar la PAC cualquiera» lo que ha supuesto «un encarecimiento del precio de la tierra y de los alquileres, que supone un coste añadido».

El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, añade al problema de los cobros de la PAC la prolongación de la actividad de los jubilados. «La jugada maestra sería que los jubilados, si quieren seguir con la actividad agraria, pagasen Seguridad Social como todo el mundo, para que liberaran la tierra», aseguró. «También sacar del sistema de ayudas a los que tienen menos del 25% de su renta en la actividad agraria».

 

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