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MAQUINARIA

La meteorología desinfla la venta de tractores nuevos en 2018

«Falta de rentabilidad» La sequía y el encarecimiento de los inputs reducen las matriculaciones un 19% / Valladolid, Burgos y León son las provincias con mayor número de registros

DIEGO SANTAMARÍA
04/02/2019

 

Se veía venir un 2018 con menores inversiones en maquinaria tras una campaña marcada por la sequía y el desequilibrio, cada vez mayor, entre costes y beneficios en el sector agrario. Finalmente, las previsiones se han cumplido y la tendencia nacional a la baja no excluye a Castilla y León, que de un año ha otro ha pasado de matricular 108 nuevos tractores al mes de media a 87, lo que se traduce en una bajada del 24,1%.

Según los datos que maneja Asaja, el año pasado se vendieron 1.050 tractores de primera mano en la Comunidad. Es decir, un 19% menos que en 2017 y el peor dato de los últimos cinco años. De hecho, la cifra aportada por el sindicato reduciría notablemente la media en este lustro a 1.264 unidades. El peor ejercicio, con permiso del último, fue 2015, cuando se comercializaron 1.293.

En clave nacional, los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA) recogen 11.333 matriculaciones de tractores en 2018, casi un 10% menos que el año anterior. No obstante, la cifra es considerablemente superior a las del mayor periodo de crisis en el sector: 2012 (8.655 tractores), 2013 (8.859) y 2014 (9.999). Eso sí, tampoco se aproxima ni de lejos a la época dorada, entre 2005 y 2007, cuando se superaban de largo las 16.000 unidades.

En el apartado de maquinaria automotriz, la venta de cosechadoras continúa cayendo en picado. A lo largo del pasado año, apenas se comercializaron 284 a estrenar en España. Es, sin lugar a dudas, el peor año que se recuerda a tenor de los datos del ROMA, ya que desde 2005 nunca se había bajado de 300 unidades. Sin embargo, las cifras globales del resto de elementos dentro de este ámbito muestran un escenario totalmente contrario:1.864 unidades que han permitido cerrar la mejor campaña de los últimos 14 años.

De los 5.955 remolques de primera mano vendidos en nuestro país el último año, 880 se adquirieron en Castilla y León entre enero y noviembre. No es que la representatividad sea demasiado amplia habida cuenta de la extensión territorial y la importancia estratégica del sector agrario en la región. Lo que no se puede obviar es el liderazgo indiscutible de las empresas nacionales, que barren por completo a las marcas extranjeras. Nada más y nada menos que 5.843 unidades ‘made in Spain’ frente a a 112 importadas. Y algo similar, aunque en menor medida, ocurre con las máquinas arrastradas o suspendidas: 17.334 de aquí y 4.617 fabricadas en otros países.

Por provincias, Valladolid encabezó el ranking autonómico en la matriculación de tractores, maquinaria automotriz y remolques con sendos registros de 283, 41 y 128 unidades hasta noviembre. Su liderazgo en materia de tractores obedece a la sorprendente adquisición de 122 vehículos en enero, casi la mitad que durante los 10 meses restantes. Por otro lado, conviene subrayar que el primer mes del año fue el más rentable para las casas comercializadoras al cerrarse 167 operaciones. Tan solo octubre, con 143, y diciembre, con alrededor de 120 según las estimaciones de Asaja, se acercan a unos niveles de venta que, lógicamente, mucho tienen que ver con los inicios de campañas agrarias de vital importancia para el sector.
Tras Valladolid, en lo que a tractores se refiere, se encuentra Burgos con 113 matriculaciones. La tierra del Cid también ocupa el segundo puesto en remolques (117), aunque Segovia (32), Salamanca (26) y Zamora (24) cerraron el ejercicio con un mayor número de registros de maquinaria automotriz. Por otra parte, Soria fue la provincia con el menor índice de ventas en todos los apartados: 56 tractores, siete máquinas automotrices y 50 remolques.
Visto lo visto, la ejecutiva autonómica de Asaja tiene muy claro que la caída de las ventas está íntimamente relacionada con la «falta de rentabilidad, con carácter general, de las explotaciones». También influye, a juicio del sindicato, el «brusco recorte en los ingresos del sector» por culpa de la «escasa cosecha»de 2017, que propició una reorientación de las inversiones hacia la «compra de tierras» o la «modernización de los sistemas de riego».

La organización que lidera Donaciano Dujo también achaca los malos datos a la «falta de regularidad en la convocatoria de ayudas para la modernización de las explotaciones», los «requisitos que se exigen» y el «bajo porcentaje de subvención sobre la inversión realizada, que apenas llega al 25%».

Aún con todo, Asaja es consciente de que la recuperación dependerá inexorablemente de la «climatología favorable», pues no hay que olvidar los estragos que causa, como en ese aciago 2017, la sequía.

Nueva solicitud para ampliar el plazo de adaptación a la normativa de purines

 Llamamiento a la Junta. El plazo no es suficiente. Así lo entiende la ejecutiva provincial de la Alianza UPA-COAG de Ávila, que ha solicitado a la Consejería de Agricultura y Ganadería aplazamiento del periodo transitorio de adaptación de maquinaria de aplicación de purines hasta el 31 de diciembre de 2019 para el desarrollo efectivo de la polémica normativa de purines. Recordemos que esta nueva disposición añade el requisito de condicionalidad sobre buenas prácticas agrarias y medioambientales y afecta al empleo de purines sobre superficies agrícolas, por lo que se prohibe el uso de sistemas de platos, abanicos o cañones de aplicación de purines. Según la Alianza, una vez finalizado el periodo transitorio de adaptación el pasado 31 de diciembre, «los resultados no han sido los previstos», ya que «muchos de los agricultores no han podido adaptar dentro del plazo establecido su maquinaria a la normativa exigida debido a la gran demanda los proveedores», quienes «no han podido cumplir con la entrega tanto de los nuevos equipos de adaptación como de las cubas».

Rechazo sindical. Desde el primer momento, todas las organizaciones agrarias de Castilla y León rechazaron de pleno la nueva normativa al considerar que los agricultores debían afrontar un gasto desorbitado en muy poco tiempo. Casi de inmediato, los sindicatos exigieron, como mínimo, la introducción de «excepcionalidades» y una mayor laxitud con los plazos. En Burgos, la Alianza UPA-COAG, con su coordinador provincial,Gabriel Delgado, al frente, se plantaba el 5 de enero de 2018 a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta para denunciar el «atropello» cometido por el Ministerio de Agricultura siguiendo los dictados de la Unión Europea. Por su parte, representantes de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) y Asaja en Burgos tildaron de «insuficiente» el tiempo de adaptación y la ausencia de «diálogo»por parte de la UE. Entretanto, la Asociación de Productores de Porcino de Burgos (Abugapor) no dudó en criticar una normativa por «prematura y sin sentido».

 

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