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Fauna emergente

Las organizaciones agrarias reclaman un control «efectivo» de la fauna silvestre para atajar las sobrepoblaciones / Desde enero se han concedido 1.350 autorizaciones para cazar conejos, 491 de ellas en Valladolid

MARISOL CALLEJA / VALLADOLID
15/05/2018

 

La sanidad animal tiene un importante impacto en la salud pública, la economía, la producción de alimentos y el medio ambiente. Así se recoge en el Plan nacional de vigilancia sanitaria donde se considera a la fauna silvestre la fuente de «más del 70% de todas las enfermedades emergentes», lo que obliga a su control.

Su relevancia es obvia: estas enfermedades pueden «comprometer» la producción cinegética; transmitirse de manera natural entre los animales y las personas, directa o indirectamente; tener efectos en la conservación de la fauna; o afectar a la sanidad ganadera. La vigilancia sanitaria es, por tanto, una tarea ineludible.

Así lo cree el catedrático de Sanidad Animal (Microbiología e Inmunología) de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, Elías Fernando Rodríguez Ferri, que apuesta por una «vigilancia activa» acompañada de un diagnóstico precoz para «anticiparse» mediante marcadores epidemiológicos. Este experto insiste en que están cambiando «demasiadas cosas» y a gran velocidad, por lo que cree que hay que aprender de lo que ha sucedido en otros momentos y lugares.

Ferri explica cómo todo el ecosistema «está o debe estarlo» en equilibrio, unas poblaciones controlan a otras (predadores), de tal forma que «cuando se produce una sobrepoblación en una especie, no solo se altera ese eslabón de la comunidad, sino que lo hacen los demás». Por eso, insiste en que el control de la fauna silvestre y los consiguientes peligros referidos a la salud humana o el sector agrario incluye principalmente la vigilancia de densidades de las poblaciones de riesgo. Un elemento al que añade un diagnóstico rápido y precoz «en relación con los posibles patógenos que puedan afectar a la salud de la especie diana, otras especies animales, o el hombre en su caso». Este catedrático, que es también presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, recuerda cómo en algunos casos particulares, ante peligros para la salud humana, «se ha podido actuar sobre la fauna silvestre mediante vacunaciones», un recurso «escaso» por el momento que, afirma, «sin duda seguirá explorándose».

Las sobrepoblaciones de fauna silvestre que se están detectando en algunas especies en particular, obedecen, según este experto en sanidad animal, «a la convergencia de muchos factores» como puede ser la abundancia de alimento en el campo, como consecuencia de temperaturas más benignas, incluso abundancia de restos domésticos «más fáciles de obtener para los animales»; ciclos biológicos que se repiten periódicamente; el impacto humano sobre el medio ambiente que produce cambios en el ecosistema con la supervivencia de unas especies respecto de otras; falta de depredadores; o enfermedades que eliminan competidores.

La realidad, como constatan las organizaciones agrarias, es que las poblaciones de jabalí, corzo, venados y conejos, en determinadas zonas, están creciendo «exponencialmente», alcanzando un número «excesivo» de animales «incompatible» con el hábitat, según el presidente de Asaja, Donaciano Dujo. «Cada año aumentan los daños y los perjuicios son mayores», asegura este responsable sindical.

Esta organización alude a los accidentes de tráfico causados por la irrupción de animales salvajes en las carreteras, en cerca de un 90% de los casos en la provincia de Soria. O los problemas con el jabalí, al que se considera «el primer reservorio de la tuberculosis bovina en España». El Plan nacional recoge la expansión del corzo y jabalí, con una abundancia de especies propias de terrenos abiertos, como el conejo, la liebre ibérica y otras aves esteparias en las llanuras cerealistas.

La plaga de conejo, una especie cinegética, está ocasionando verdaderos quebraderos de cabeza al sector, que pide la inclusión de más términos municipales entre las zonas de control para atajar las sobrepoblaciones. La Junta ha agilizado los permisos de caza ante los daños causados a los agricultores, especialmente en aquellas parcelas que están próximas a los márgenes de las vías férreas y de las autovías, donde se concentra el 90% de la población. Todo ello, sin obviar los daños en las infraestructuras, «agujereadas» por las huras de estos animales que atraviesan las carreteras «de lado a lado», en algunas zonas.

Desde el mes de enero, y hasta la fecha, se han concedido ya 1.350 autorizaciones para cazar conejos en Castilla y León, 1.014 en terreno cinegético, y 336 en zonas no cinegética, según los datos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Valladolid lidera el número de autorizaciones emitidas con 491 seguida de Palencia y Zamora, con 246 y 226 respectivamente. Soria es, según la estadística, la única provincia donde sin registros. Hay que apuntar, que del total de autorizaciones, 541 corresponden a caza con hurón y red, 770 con hurón y armas, y 39 con perros y armas.

Desde la administración autonómica destacan el hecho de que durante esta temporada doce municipios (diez de Valladolid y dos de Burgos) han dispuesto de una autorización genérica, al margen de estas cifras, para cazar conejos de forma ordinaria. El número de municipios se incrementará hasta los treinta y nueve en la propuesta de la nueva orden anual de caza, como confirma desde la Junta, que eleva a 1.200 las autorizaciones concedidas para el uso y tenencia de hurones con fines cinegéticos.

Desde la Alianza UPA-COAG su coordinador regional, Aurelio González, subraya que «no hay conciencia» en la sociedad sobre el problema del campo con la fauna silvestre, que califica como «muy grave». «Si los lobos, los corzos, el jabalí o los conejos comiesen nóminas, ya estaría resuelto», afirma convencido de que «habrá que empezar a pedir un 1-2% de las nóminas actuales y establecer ayudas o este problema, avisa, se nos va de las manos».

González hace hincapié, por ejemplo, en los ataques del lobo al ganado. Considera un «sin sentido» que en el primer trimestre del año se hayan contabilizados 803 ataques en Castilla y León, un 80% más que en el mismo periodo de 2017. A este ritmo, advierte, es «inviable» un presupuesto de dos millones de euros para indemnizaciones.

Cada vez hay más terrenos sin cultivar, como explican desde UPA-COAG, mientras se promociona la superficie de monte, que supone el 51% en la Comunidad, con presencia de esta fauna con una tendencia emergente.

Desde esta organización agraria se destacan además los daños ocasionados por la plaga de conejos, al tiempo que demandan «más cacerías y controles» para paliar sus efectos no solo en la actividad agraria, sino especialmente en las infraestructuras afectadas por estos animales y sus escondites.

Una opinión que comparten desde la UCCL. Su coordinador regional, Jesús Manuel González Palacín, propone un Plan de Emergencia Sanitaria para reducir las poblaciones, «allí donde no llegan los cazadores». Hay que recordar que Castilla y León cuenta con un Plan de Vigilancia Sanitaria permanente de la fauna silvestre que se está aplicando, y que, según el catedrático Rodríguez Ferri, «funciona perfectamente con controles aleatorios y dirigidos».

La fauna silvestre va en aumento y la propia administración «reconoce el papel que juega como reservorio y transmisor». Así lo denuncian desde la Asociación de Ganaderos 19 de Abril, «preocupados» por el aumento de tuberculosis bovina en Salamanca. Según sus datos, la prevalencia de la enfermedad ha pasado en la provincia del 1,90% en 2016 al 2,70% en 2017.
Esta Asociación se pregunta por qué si los expertos reconocen que hay otros reservorios que propagan la enfermedad, y admiten que hay que controlar «no solo las especies domésticas sino también las silvestres», no se cambia la forma de actuar. Insisten en que «si las especies difusoras son diversas, no puede centrarse el control de la enfermedad en una de ellas «porque, lamentan, no conduce a nada».

El sector no baja la guardia, aunque las condiciones climatológicas y los ciclos biológicos concedan cierta estabilidad en algunas poblaciones. Es el caso del topillo campesino, monitorizado y controlado, aunque sin alertas en este momento. La Junta mantiene la vigilancia, especialmente en las zonas calientes de Campos, Pisuerga, Esla-Campos, Sahagún, Tierra de Campos, Campos-Pan Peñaranda de Bracamonte, aunque el escenario es de «tranquilidad», como destaca Rodríguez Ferri, miembro del comité científico del topillo.

Junta y sector trabajan actualmente en el nuevo marco normativo de acción contra estos roedores, donde se diseña una estrategia de gestión preventiva, integrada y respetuosa con el medio ambiente, para reducir los riesgos de la presencia de esta especie en el ámbito agrícola. Las Opas han presentado ya sus alegaciones. Desde Asaja piden que, con carácter general, la orden defina el ámbito territorial y temporal de aplicación de cada una de las actuaciones y medidas recogidas.
Esta organización cree que dentro de las vías de dispersión deberían incluirse también las zonas adyacentes de las infraestructuras viales, ferroviarias e hidráulicas, así como las zonas de policía de los cauces de agua, «para que el control de las poblaciones sea posible». La Alianza también apuesta por la inclusión de las riberas de los ríos.

Ambas organizaciones no comparten la obligatoriedad de la norma de hacer labores aunque no haya indicio de plagas. Asaja considera, por ejemplo, una «barbaridad» levantar una alfalfa cuando tiene seis años, ya que, dicen, puede llegar hasta los 10-12 en producción. Lo mismo ocurre con la siembra directa.

La nueva orden en la que se trabaja en estos momentos establece distintos niveles de riesgo y reconoce la figura del ‘agricultor colaborador’ dentro de una red de personas con la que la Consejería de Agricultura establecerá comunicación periódica.

 

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