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PLAN RENOVE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

«Falta una regulación para atender la demanda»

Los fabricantes piden que Agricultura e Industria unifiquen criterios de homologación para cumplir la legislación mediomabiental y de seguridad vial

I.LL. Y
04/06/2018

 

El Plan Renove de maquinaria agrícola 2018, que se va a centrar exclusivamente en la de aplicación de purines, tal y como anunció hace dos semanas el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha puesto en jaque no sólo al sector sino también a los fabricantes de maquinaria, quienes han solicitado una reunión urgente con los responsables de la Cartera antes de que se publique la orden que dé vía libre al programa de ayudas.

La Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat), que cuenta con 130 asociados que a su vez representan el 80% del volumen del sector, reconoce que la inclusión de la prohibición de la distribución de purines por abanico o por cañones en el Real Decreto 980/2017 «tiene un fundamento medioambiental sólido y es una exigencia de la que se venía hablando desde hace años. Lo que no se podía llegar a saber es que no se iban a analizar los posibles efectos en el mercado de cisternas de purín antes de incluir la prohibición en diciembre de 2017», explica su secretario general, Ignacio Ruiz.

Y es que asegura que supone una «extrema dificultad en la modificación de las cisternas para cumplir la conocida obligación de distribución del purín» por los requisitos de homologación que se requieren en este país. Según el histórico del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) del Ministerio que ha facilitado Ansemat a este periódico, en todo el país hay 37.178 cisternas en alta, de las que 4.158 unidades se encuentran en Castilla y León. La Consejería contabiliza 485 máquinas esparcidoras de purines inscritas desde 2011 hasta la actualidad y todas las máquinas inscritas en cualquier fecha con capacidades iguales o superiores a 20.000 litros. «En el caso de la maquinaria agrícola España es pionera a nivel de la Unión Europea en la exigencia de un mayor número de requisitos de seguridad vial. Nunca debemos olvidarnos que los vehículos agrícolas son objeto de una extensa legislación de homologación y que una vez que circulan por las vías públicas quedan registrados para las inspecciones técnicas periódicas como el resto de vehículos». Asegura Ruiz que «en nuestro país los agricultores y ganaderos deben legalizar cualquier modificación que realicen en sus vehículos agrícolas después de su matriculación», de acuerdo con el manual de reformas de vehículos que da conformidad al Real Decreto 866/2010, de modo que a su juicio «decir a los agricultores y ganaderos españoles que está prohibido distribuir el purín mediante abanico o cañón, no es lo mismo que decírselo a los mismos profesionales de otros países. Aquí supone modificar la cisterna de purín cumpliendo con los requisitos de seguridad vial. Y no es sencillo».

Además, el parque de cisternas de purín, como el del resto de remolques o incluso tractores, está muy envejecido –la edad media del mercado de usado es superior a 25 años– y por lo tanto muchos fabricantes de las cisternas han desaparecido. Así que, si no existe el fabricante, la única posibilidad es realizar la reforma del vehículo en un servicio técnico; y las verificaciones y modificaciones necesarias para que la cisterna soporte la nueva carga son inviables económicamente cuando no técnicamente. Cuando existe fabricante, éste puede comprobar si su cisterna fue diseñada para tener una masa máxima técnicamente admisible superior a la autorizada, es decir, que, aunque la tarjeta ITV estableciera masas máximas para circular por vías públicas, en realidad, el vehículo soporta una masa en carga superior y se puede legalizar la modificación.

Ansemat cree que hace falta un análisis de la situación real del mercado para redactar las instrucciones necesarias para que los fabricantes puedan realizar las modificaciones bajo un marco regulatorio armonizado, y se les garantice a los agricultores y ganaderos que van a poder trabajar de manera segura y cumpliendo la legislación tanto medioambiental como de seguridad vial. Porque a su juicio la partida de cinco millones de euros para adaptar toda la maquinaria a la normativa es insignificante. «Si tenemos en cuenta que el coste medio de una cisterna nueva de 20.000 litros se sitúa entre los 30.000 euros y puede llegar a ascender hasta los 55.000 litros, y el precio de los aplicadores oscila entre los 5.000 y los 20.000 euros, no hay presupuesto para que los agricultores y ganaderos puedan cumplir a tiempo con el Real Decreto».

 

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