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El campo, semilla de Comunidad

El sector reclama reconocimiento en un contexto de crecimiento económico tras la sequía y con el reto de la rentabilidad y unos precios justos / Productores e industria agroalimentaria exhiben fortaleza en una cadena de valor que exige correcciones

MARISOL CALLEJA
24/04/2018

 

La economía de Castilla y León mantiene una senda estable este año, con buenas expectativas para todos los sectores económicos, también para el campo tras el «fuerte» descenso registrado en 2017. Así lo constata el último informe de EspañaDuero que estima una previsión de crecimiento del 2,5% en el conjunto de 2018, dos décimas por debajo del dato más optimista de la Junta, y un avance de la agricultura del 2,8% frente al retroceso de casi el 10% sufrido en 2017 por la sequía. Una adversidad que afectó de forma notable a cultivos de referencia como los cereales o la producción forrajera.

Tras un año «catastrófico», en palabras del sector, las estimaciones de la entidad apuntan este año a un incremento del número de ocupados un 1,9%, destacando en términos relativos el crecimiento que se prevé en el sector agrario, con un 6,1%.

Los sectores agrario y agroindustrial son la base de la economía de las zonas rurales y una parte esencial de la riqueza de la Comunidad. Ambos aportan en torno al 10% del PIB y de ellos dependen, según datos de la administración autonómica, más de 135.000 personas. Castilla y León cuenta con 3.000 industrias agroalimentarias con un volumen de facturación de 10.000 millones y un volumen de exportaciones que ronda ya los 2.000 millones, por encima de las previsiones autonómicas.

El campo es «motor» de la economía regional y contribuye sin duda al desarrollo de nuestros pueblos. Unos municipios que pierden población año a año, y que reclaman atractivos y servicios para mantener la actividad agrícola y ganadera en términos de rentabilidad. Algo que el sector cuestiona en muchos momentos.

La demanda mundial de alimentos en el horizonte 2050 va a crecer, por eso, el objetivo a medio y largo plazo es favorecer la incorporación de jóvenes, impulsar la modernización de las explotaciones y la inversión industrial en el medio rural. Una estrategia en la que ya se trabaja desde Castilla y León a través de la Agenda agroalimentaria+50. La FAO estima que se necesitará incrementar la producción actual en 200 millones de toneladas de carne y 900 millones de toneladas de cereales Un escenario ante el que Castilla y León busca su hueco en un mercado global que exige ser competitivo.

El sector agrario ha mostrado su resiliencia en tiempos de crisis, es decir, su capacidad para superar circunstancias adversas y salir fortalecido, a través, por ejemplo, de la exportación, donde hay todavía «mucho margen» en un contexto empresarial atomizado y con pequeñas y medianas empresas. Es cierto que la pérdida de activos es una realidad, como denuncia Aurelio González, coordinador regional de la Alianza UPA-COAG, para quien «hay un problema grave en el campo donde cada vez menos gente vive exclusivamente de la agricultura y la ganadería».

El número de cotizantes agrarios dados de alta en la Seguridad Social se elevó en el primer trimestre del año a 40.312, de ellos 31.709 son hombres y 8.603 mujeres, prácticamente dos mil menos que los registrados hace cinco años (42.275 en 2013). Baja el número de agricultores profesionales «a marchas forzadas», según expresan desde la Alianza, una organización para la que el problema no es la producción de alimentos, «que es necesaria», sino ¿quién va a ejercer la agricultura y la ganadería en un futuro?. ¿Lo harán los agricultores o una empresa con los pueblos cerrados?, se pregunta González.

La potencialidad del campo en Castilla y León es incuestionable, más allá de los datos económicos, aunque también es cierto que el sector reclama «rentabilidad» y «voluntad política».

El sector está viviendo momentos «difíciles», como subraya el presidente de ASAJA, Donaciano Dujo, quien pone en valor la «honradez» y «criterios» de los hombres y mujeres del campo ante una sociedad que «da la espalda al medio rural y a los agricultores y ganaderos». La sensación entre los profesionales dedicados a la actividad agraria es que «no se valora lo que hacen” y cuando se legisla, como lamenta Dujo, «no se cubren las necesidades del sector ni se ponen las cosas más fáciles», sino todo lo contrario en muchas ocasiones.

En este escenario de incertidumbre se enmarca ahora la negociación de la nueva PAC a partir de 2020. Tras la Comunicación de la Comisión Europea, sigue en el aire el aspecto más importante: la financiación, que no se conocerá hasta el mes de mayo. La caída de ingresos por el Bréxit y la atención a otras prioridades comunitarias pone en serio peligro en estos momentos la PAC común actual.

Castilla y León ha consensuado una posición común a favor de un futuro sistema de ayudas con elementos diferenciadores para los agricultores y ganaderos profesionales; un mayor protagonismo para los jóvenes y mujeres; elementos correctores del deterioro socioeconómico de los agricultores en la cadena alimentaria; nuevos mecanismos de gestión de mercados; instrumentos de gestión de riegos; e incentivos para la lucha contra el cambio climático.

Un consenso que se va a intentar trasladar al ámbito nacional, y que va a exigir una negociación «dura» y aliados en Europa para impedir lo que parece inevitable: un recorte del presupuesto. En estos momentos se barajan tres posibles escenarios, más allá de una negociación de la PAC lenta o rápida, ante las elecciones al Parlamento Europeo de 2019.

Se contempla un escenario con el mantenimiento del presupuesto actual (de unos 400.000 millones de euros para el conjunto del período), con un reparto «más justo». No hay que olvidar que actualmente el 20% de los agricultores reciben el 80% de los pagos. Un recorte del 30% con una perdida de 120.000 millones de euros, o un recorte del 15%, que supondría una reducción de 60.000 millones en el programa plurianual. Situaciones que llevarían consigo un recorte significativo de las rentas agrarias.

Castilla y León recibe anualmente cerca de mil millones de euros en ayudas directas de la PAC (924,4 según el presupuesto de Agricultura). Unas ayudas que sirven para compensar los precios y que suponen, aproximadamente, el 30% de las rentas del agricultor. Es fácil suponer que si estas rentas se ven afectadas por un recorte en la PAC, el campo de Castilla y León se resentirá considerablemente. Por eso, las Opas apuestan por que se mantenga el mismo presupuesto, «sin cofinanciación», como defiende el Gobierno, y con la base de una Política Agrícola «común», algo que ahora está en cuestión.

El número de solicitudes de la PAC registradas en Castilla y león ha disminuido en los últimos años hasta alcanzar las 74.995 de 2017, un 15% menos respecto a los 88.000 expedientes de 2014. Una disminución que no se traduce ni en una reducción de la actividad agraria, la superficie cultivada se mantiene, ni en un menor censo de cabezas de ganado.

Los datos de la PACson un fiel reflejo del campo y constatan elementos relevantes, entre ellos, que solo el 5% de los agricultores de Castilla y León tiene menos de 35 años y seis de cada diez superan los 55. Además, según los expedientes registrados la pasada campaña (69.793 personas físicas), las mujeres solo suponen un 28% del total (19.972). Se ratifica algo que es conocido, estamos ante un sector masculinizado y con un excesivo nivel de envejecimiento. Es destacable, por ejemplo, que el campo de Castilla y León cuente con 22.250 personas con una edad igual o mayor a 65 años, es decir, jubilados que cobran la PAC y que mantienen sus tierras frenando la incorporación de jóvenes, en muchos casos, como denuncian las Opas, debido a unas pensiones «de miseria», que ronda los 700 euros.

El sector agrario necesita jóvenes y esta es una de las principales apuestas de la administración autonómica en esta legislatura. En los últimos tres años se han incorporado al campo 2.705 jóvenes (incluidas las 956 solicitudes de 2018 pendientes de tramitar), de ellos el 26% han sido mujeres, según los datos de la Junta.

Un relevo necesario que solo puede llegar por la vía de la «rentabilidad», como subrayan las organizaciones agrarias. Y es que este colectivo afronta varios retos, según el coordinador regional de la UCCL, Jesús Manuel González Palacín. El primero tiene que ver con la viabilidad de las explotaciones, «con mucha incertidumbre», y el segundo, con la disponibilidad de tierra, con muchas dificultades para su acceso, según las zonas.

Antonio García López es un joven de 22 años, natural de Villarmayor (Salamanca), incorporado desde hace tres al sector. Es agricultor y ganadero. Su padre se prejubiló y le cedió las tierras, ahora gestiona unas 130 hectáreas de labor y 300 vacas.

A Antonio siempre le ha gustado el campo, de hecho, lleva dado de alta como trabajador desde los 16 años. Vive en su pueblo, un municipio pequeño, donde solo hay dos jóvenes agricultores, su primo y él, el resto supera ampliamente los 40 años.

Este joven habla orgulloso de su oficio, aunque cree que el trabajo que realizan está «infravalorado». Aunque en su caso no tuvo problemas para tener su explotación, sí reclama celeridad en el pago de las ayudas de incorporación para que la gente «no se desanime». De forma general, pide a la administración «que motive más a los jóvenes» y se eliminen las «pegas» y «trabas» que surgen en este proceso.

Antonio forma parte de la cooperativa Copasa a la que le compra grasas y suplementos para añadir a los piensos que elabora él mismo en un molino propio. Defiende este modelo en un contexto global para ser más fuertes.

En Castilla y León operan más de 1.000 cooperativas, aunque como destaca Jerónimo Lozano, director de Urcacyl, solo unas 200 son profesionales, por eso, apuesta por «una mayor colaboración entre cooperativas y dimensionamiento», así como una «mayor transformación de los productos» para que haya un más valor añadido. Una opinión que comparte el coordinador regional de la Alianza, Aurelio González, para quien es necesario «obligar» a estas sociedades «a que den un paso más», en términos de comercialización. «Sin ese paso, asegura, seguiremos dependiendo de industriales y de sus intereses».

Urcacyl cuenta con más de 48.000 socios y 4.000 trabajadores. En estos momentos, cuatro cooperativas de primer grado de la comunidad autónoma se sitúan en el top ten nacional en socios y facturación: Cobadu, Copiso, Agropal y Acor. in olvidar, que Cobadu y El Consorcio de Promoción del Ovino han sido reconocidas recientemente por el Ministerio como Entidad Prioritaria Nacional.
Sector primario, industria y distribución están condenados a entenderse, aunque eso pasa por el equilibrio de la cadena de valor y por la lucha contra las prácticas comerciales desleales. España cuenta con la Ley de la Cadena Alimentaria, que las Opas piden «vaya más allá». Mientras, Bruselas acaba de proponer una directiva que establece una lista de practicas desleales prohibidas como el periodo de pago a 30 días, las cancelaciones de última hora de pedidos de productos perecederos, los cambios unilaterales en los acuerdos y otras exigencias.

Las normas se aplicarán a los proveedores de fuera de la Unión. España ya ha dicho que está «más protegida de lo que la directiva europea propone», aunque tratará de «acercar lo más posible esta propuesta comunitaria a la legislación española».

Desde el sector valoran esta norma aunque insisten en que el «principal problema» son los precios «justos», como indican desde ASAJA, UPA-COAG y la UCCL. «Se trata de acabar con las presiones y que no se ahogue al más débil en la cadena alimentaria», afirma Donaciano Dujo. Una organización agraria que destaca también la «importancia» de que los productores «comercialicen» sus productos para que haya mejores precios. En este aspecto, ensalzan a aquella «buena» industria que permite que los márgenes de la cadena lleguen también al profesional agrario y ganadero, frente a otras prácticas más abusivas.

UCCL sigue denunciando estos «abusos» en la cadena de valor, e insiste en que les «preocupa» la rentabilidad de las explotaciones. Una rentabilidad que, según González Palacín, solo se puede asegurar con relaciones contractuales con la industria y la distribución vía precios, y «con la base de los costes de producción».

Precisamente, el documento de la PAC consensuado en Castilla y León reclama elementos correctores y accione estructurales «eficaces», que aumenten la transparencia y mejoren la relación contractual incorporando relaciones entre el precio y los costes de producción, algo que no se había tenido en cuenta hasta ahora.

Los precios no son la única circunstancia adversa contra la que se defiende el sector. Un sector consciente de su aportación a la lucha contra el cambio climático, y de la necesidad de un uso eficiente del agua. Se suele decir que la agricultura del futuro será de regadío o no será, y lo que es cierto, es que son las zonas modernizadas donde se fija población y los jóvenes se incorporan en mayor medida debido a la rentabilidad.

Desde ASAJA, su presidente pide un presupuesto adecuado europeo, nacional y autonómico para mejorar «de manera importante» estas infraestructuras y «modernizar las 150.000 hectáreas que faltan de regadío». Un proceso que considera obligado, junto a la reconcentración para que el campo «tenga futuro».

De igual manera, el medio rural demanda políticas que permitan la convivencia de la actividad agraria con la fauna silvestre y cinegética. Y se refieren a las «trabas» constantes que se están encontrando de la mano de los conservacionistas en los juzgados, como ha ocurrido con el tema del lobo o la quema de rastrojos.

El campo tiene futuro, argumentan, aunque eso pasa también por atender a las poblaciones del medio rural «de la misma forma que se hace en las ciudades». Y es que, como apunta Aurelio González, «no puede ser que enviar una carta de correos salga tres veces más caro en un pueblo que en un entorno urbano», o que los servicios de Internet no sean tan ágiles y, además, «sean más caros». Objetivos en un entorno digital y de innovación y desarrollo en el que el campo, a pesar de todo, es pionero.

 

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