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Un Banco de Tierras temporal

Agricultura trabaja en el reglamento para que el Fondo de Tierras sea una realidad en 2018 / Actualmente hay 3.184 hectáreas disponibles fruto de concentraciones / ASAJA rechaza esta iniciativa mientras UCCL y la Alianza cuestionan la forma y su efectividad

MARISOL CALLEJA
06/11/2017

 

El acceso a la compra o arrendamientos de tierras sigue siendo uno de los principales problemas que encuentran los jóvenes para incorporarse a la actividad agraria, especialmente debido a los altos precios.

La renovación generacional es uno de los objetivos prioritarios en el marco de la nueva PAC, conscientes de que un sector agrícola próspero solo puede desarrollarse si se produce un relevo «real». Es por ello, que los borradores que en estos momentos maneja la Comisión Europea reconocen que los Estados Miembros están en la mejor posición para estimular ese relevo generacional «utilizando sus poderes en las regulaciones de la tierra, herencia o planificación territorial».

En este caso, la propuesta de la Comisión otorgaría mayor «flexibilidad» a los distintos países para desarrollar «planes a medida» que reflejen las «necesidades específicas de sus jóvenes agricultores».

En Castilla y León, la Junta impulsa el denominado Banco de Tierras recogido en la Ley Agraria, aunque se trata de un proyecto aún no desarrollado. El viceconsejero de Desarrollo Rural, Jorge Llorente, reconoce a este periódico la «complejidad» burocrática, al tiempo que insiste en que desde la Consejería se está trabajando en el reglamento para que el Fondo de Tierras disponibles sea una realidad en 2018.

De forma transitoria, y a la espera de su constitución, Agricultura está formalizando distintos convenios con Ayuntamientos y Juntas vecinales de la Comunidad para ceder el uso de las tierras sobrantes de los procesos de concentración parcelaria con las mismas prioridades que tendrá el futuro Banco de Tierras. Es decir, con los jóvenes agricultores, mujeres y entidades asociativas como los objetivos esenciales.

En Castilla y León, este Fondo de Tierras ‘transitorio’ cuenta, según Llorente, con 3.184 hectáreas disponibles, ya que «se han admitido todas las solicitudes de cesión de fincas». De ellas, casi la mitad, 1.383 hectáreas, se han entregado ya fruto de los convenios suscritos en Burgos, León, Ávila y Valladolid. Ahora mismo, se está trabajando en Soria para resolver todas las peticiones.

El Banco de Tierras avanza en este contexto «intermedio», y con otro instrumento jurídico, que para el viceconsejero de Desarrollo Rural tiene «la misma validez», como es la formalización de un convenio. Una forma de «facilitar» la incorporación de jóvenes y el relevo en el campo con el mismo objetivo definido en la Ley Agraria. El sector agrario coincide en la necesidad de facilitar el acceso a la tierra, especialmente a los jóvenes, aunque no tanto en la fórmula para conseguir las tierras o en su efectividad.

El coordinador regional de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González, afirma que la idea del Banco de Tierras «suena bien», pero «no es efectiva». Y es que, mantiene que las tierras sobrantes de concentraciones parcelarias o masas comunes «no son muy atractivas desde un punto de vista agrícola». Por eso, asegura el proyecto «sigue sin desarrollarse y está paralizado».
No hay tierras abandonadas en Castilla y León, destacan. Al contrario, existe «mucha demanda» y «peleas» por lograr una buena parcela. De esta forma, cuestionan qué tipo de terreno va a ir finalmente al Banco de Tierras.

En este contexto, y para favorecer el acceso de los jóvenes al sector, la Alianza insiste en que se deben priorizar las ayudas para los que viven y trabajan de la agricultura. El problema, dicen, es que la PAC «la cobra todo el mundo». Para el coordinador de la Alianza, apoyar al agricultor profesional «acabará con las especulaciones». Y es que denuncia la existencia de unos precios «desorbitados» que no se justifican por los rendimientos, «ni siquiera en regadío».

El futuro Banco de Tierras es también una «buena idea» para la Unión de Campesinos de Castilla y León. Con lo que no está de acuerdo esta organización es con la «fórmula para conseguirlas». Su coordinador regional, Jesús Manuel González Palacín, subraya que el Banco de Tierras debe limitarse a poner en contacto a aquellas personas que quieran arrendar con las que están en disposición de hacerlo. Todo ello, a modo de «agencia pública de arrendamiento como ocurre con la vivienda», en términos de información y asesoramiento. Lo que critican es que la Consejería y el futuro Banco de Tierras se pueda nutrir de «un bien que no es suyo», en relación a las tierras de masa común de los Ayuntamientos y las Juntas Agropecuarias Locales.

Esta organización pide que se abra un debate sobre la necesidad que tienen los jóvenes de acceder a la tierra. En este tema, critican que se obligue a este colectivo a dimensionar la explotación a la hora de incorporarse, lo que da lugar a un mercado de precios «disparados». Palacín aboga por «dar una vuelta» a las instalaciones para que haya un compromiso «real» de permanencia. Lo que pasa, a su juicio, por no exigir un numero determinado de tierras.

Inicialmente, el Fondo de Tierras se configura como un registro administrativo de carácter público que pretende constituirse en un instrumento que facilite la puesta en contacto entre la oferta y la demanda de parcelas agrarias cultivadas o cultivables en Castilla y León.

Una iniciativa que ASAJA rechaza rotundamente. Su presidente Donaciano Dujo insiste en que «no es cometido de la administración meterse a regular lo que el propio mercado ya regula». Esta organización agraria tiene claro que en estos momentos en Castilla y León «hay más demanda que oferta de tierras», por eso no creen que el pretendido Fondo de Tierras disponibles recogido en la Ley Agraria pueda ser «viable».

Por otra parte, denuncian los precios «excesivos» tanto en la compra como en el arrendamiento y lamentan que el dinero que pagan los agricultores «no se quede en Castilla y León», en relación a las herencias de propietarios que viven fuera de la región.

Por otra parte, desde ASAJA insisten en que las masas comunes deben ser gestionadas por las Juntas Agropecuarias Locales o los Ayuntamientos, y deben ser éstos los que las distribuyan a los agricultores. «Toda la vida se ha hecho así, dicen, donde no hay quejas no hay que meterse a regular nada».

La realidad es que hay menos hectáreas en el mercado de las que se quieren comprar, por eso el presidente de ASAJA insiste en que el que se jubila «debe dejar la explotación» para favorecer el ansiado relevo. Una máxima que sí suele producirse en la ganadería.

Mientras el acceso a la tierra sigue siendo uno de los mayores obstáculos para los jóvenes que se quieren incorporar, los precios siguen subiendo en España y en Castilla y León, según el último informe del Ministerio de Agricultura correspondiente al año 2016.

En términos generales, los precios de la tierra han aumentado de 10.451 euros/hectárea a 10.582 euros el pasado año. Una tendencia constante al alza en toda España desde 2013. El precio medio se eleva 1,2 puntos por la apreciación de los cultivos.

Aunque todo hace indicar que el nefasto año agrícola debido a las adversidades climatológicas podría favorecer este año una disminución en los precios, no hay ninguna garantía. Desde la Unión de Campesinos creen que los valores «deben bajar» ya que la rentabilidad en el sector ha caído de forma significativa.

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