Diario de Valladolid | Domingo, 15 de diciembre de 2019

García de Coca desvía la responsabilidad del cambiazo en el PGOU a un arquitecto fallecido

El ex concejal de Urbanismo rechaza cualquier participación en la manipulación del plan general de 2003 y alega que no tiene «conocimientos técnicos» para ello / Tampoco «cotejaba» la información

F. MARTÍN VALLADOLID 17/10/2019

El recurso de descargar la responsabilidad de unos hechos a un fallecido es una vieja estrategia de defensa y algo de esto pasó ayer en el juicio reiniciado en la Audiencia Provincial contra los cuatro acusados de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana del año 2003: el exconcejal de Urbanismo José Antonio García de Coca, el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, el exjefe del servicio, Modesto Mezquita, y el exjefe de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada.

Los cuatro, componentes de la cúpula del área de Urbanismo en el Ayuntamiento en 2003, son los únicos que se sientan en el banquillo después de que la Audiencia declarase,en octubre del pasado año, prescritos los delitos para las otras 10 personas que figuraban como acusados: los presuntos beneficiarios de los artículos y planos manipulados en el plan general.

Como máximo responsable de Urbanismo en el momento de producirse la manipulación del PGOU, se esperaba con interés de la declatación del ex edil García de Coca. Concejal entre 2003 y 2007, rechazó cualquier participación en los cambios que se introdujeron en algunos artículos y planos del plan general para modificar los usos de algunos suelos y aumentar la edificabilidad en otras parcelas, con un evidente beneficio para los titulares y promotores, y señaló al arquitecto Carlos Cándido Fraile Casares, fallecido en 2006, como la persona que tuvo un protagonismo relevante en la última etapa de elaboración del plan para subsanar errores y redactar un documento único;la fase en la que presuntamente se manipuló. «Tenía un nivel de conocimiento importantísimo (del plan)», dijo en referencia a Fraile Casares, y añadió que fue el arquitecto ya fallecido el que «contestó al Consejo de Urbanismo», el órgano de la Junta de Castilla y León que requirió al Ayuntamiento para que se subsanaran los errores.

Fue una insinuación velada, pero suficiente para señalar al arquitecto, a lo que añadió que fue también éste el que «se ocupó de los trabajos técnicos del PGOU».

Sobre su responsabilidad, por acción u omisión, lo negó todo. García de Coca, que rehusó responder, como los otros tres acusados, a las prguntas de la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, fue un muro durante los más de 45 minutos de preguntas de la fiscal del caso. Rechazó que cambiara al equipo encargado del PGOU cuando accedió a la concejalía en 2003, negó cualquier vinculación con los beneficiarios de las alteraciones del plan y también negó haber dado indicaciones para alterar artículos o planos ni haberlas recibido. «Jamás, jamás» y «ya he contestado» fueron respuestas que reiteró García de Coca, molesto en algún pasaje del juicio ante la insistencia de la fiscal, hasta el extremo de que el presidente de la Sala tuvo que advertirle que se limitara a contestar y no a replicar al ministerio público.

Por si quedaba alguna duda de que no tuvo nada que ver con los hechos que se juzgan, el ex concejal dijo que su trabajo no era «supervisar trabajos de carácter técnico» ni tampoco tiene «conocimientos técnicos para hacerlo». Preguntado por el caso concreto del incremento de edificabilidad de unos terrenos en la Avenida Madrid adquiridos por Vallenava Capitol, en los que la alteración del PGOU permitió incrementar el número de viviendas de 9 a 124, dijo que no le llamó la atención el cambio porque «desconocía en absoluto lo aprobado anteriormente» y no hizo «un cotejo de la información».
Como prueba añadida de que no fue él quien entró en el texto refundido del PGOU, una vez subsanados los errores, para retocarlo aseguró que su ordenador estaba «capado».

También el que fuera jefe de área con García de Coca, Modesto Mezquita, deslizó en su interrogatorio por la fiscal una insinuación sobre el protagonismo que tuvo el arquitecto Fraile Casares en la fase final de elaboración del plan. Aseguró Mezquita que Fraile Casares tenía «un dominio del texto refundido», el encargado por la Junta de Castilla y León para incluir la subsanación de errores, momento en el que presuntamente se produjo el ‘cambiazo’ de artículos y planos. Añadió que Casares Fraile «tenía acceso a las oficinas y a las terminales».

Sobre su participación en el PGOU, Mezquita, director del área de Urbanismo desde 2003, dijo que cuando acedió al cargo ya estaba en la Consejería de Fomento «en la fase de aprobación definitiva» y ni tuvo intervención en la designación de los equipos encargados de redactar el plan, ni conocía de antes a García de Coca ni recibió indicación alguna de nadie en relación con el plan general. Mezquita se declaró poco menos que ajeno al PGOU y, al igual que García de Coca, aseguró que en su caso no analizaba lo que se recogía en las ponencias técnicas sobre el plan porque «superaba» sus conocimientos como licenciado en Derecho que es.

En parecidos términos se expresó el arquitecto Luis Álvarez Aller. Preguntado por la fiscal si recibió una llamada de algún representante de la la consultora Inzamac «para efectuar algún cambio» en el PGOU, negó haber recibido tal petición y, como demostración de que no tuvo participación alguna en el plan general, dijo que no tuvo acceso a la documentación hasta que el texto se publicó en 2004.
Igual de ajeno a cualquier manipulación se declaró el cuarto acusado, Cerezo Bada, quien negó haber recibido indicación alguna de sus superiores jerárquicos sobre el PGOU ni tuvo relación con las empresas y promotores beneficiados. «No sé que empresas presentaron alegaciones», señaló.