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De la despoblación, Castilla y León y Valladolid

 

Se ha convertido en un lugar común, y no por ello deja de ser cierto, que la despoblación constituye un grave problema, quizá el más importante, con el que se enfrenta Castilla y León. Las recetas aplicadas hasta ahora, pocas y mal condimentadas, para tratar de revertir esa situación se han demostrado ineficaces, porque la Junta de Castilla y León, gobernada desde hace casi treinta y dos años por el Partido Popular, ha sido incapaz de aplicar políticas que contribuyan a corregir los desequilibrios territoriales y a frenar la despoblación de esta tierra. Pero hete aquí que hay quienes, procedentes de diferentes espectros políticos, prefieren obviar esa realidad y optan por arremeter contra los que osamos poner sobre el tapete medidas distintas a las aplicadas hasta ahora con el fin de abrir un debate, racional y mesurado, que conduzca a encontrar soluciones que contribuyan de manera efectiva a mantener a la población en nuestra Comunidad Autónoma.

No me preocupa sentir que predico en el desierto de la política regional, o correr el riesgo de ser simbólicamente lapidado por expresar en voz alta mis opiniones al respecto. Lo que me resulta desalentador es que no sea posible el intercambio sosegado de opiniones, porque las reacciones a las ideas que he expresado sobre la despoblación de Castilla y León, lejos de ser frías y objetivas, son viscerales y tienen más que ver con los sentimientos que con lo cerebral.

Pero los datos, implacables, están ahí; Castilla y León continúa desangrándose. Prueba de ello es que en 2018, un año más, esta Comunidad Autónoma ha seguido a la cabeza de la pérdida de población desde el punto de vista porcentual. Y esa situación no es nueva; por ejemplo, en 2018 había 154.356 habitantes menos en Castilla y León en relación a los que esta región contaba en 2009 (el equivalente a toda la población actual de la provincia de Segovia). Pero si no se toman pronto medidas el futuro que se vislumbra será aún peor; así, el Instituto Nacional de Estadística estima que la nuestra será la Comunidad que más población perderá hasta 2033, lo que supondrá una rebaja del padrón de un 8,6 por ciento, que se traduce en una merma de población de casi 207.000 habitantes de aquí a quince años vista. Algo habrá que hacer para remediarlo.

Bien es cierto que no en todos los lugares de la Comunidad Autónoma se sufre por igual la pérdida de población. Por ejemplo, en Valladolid, a pesar de que ha disminuido en el número de vecinos ese quebranto se ve compensado en buena parte con el crecimiento que han experimentado los municipios de su alfoz. Efectivamente, aunque la ciudad ha visto reducido su padrón en más de 36.000 habitantes desde 1994, localidades vecinas como Arroyo, La Cistérniga, Zaratán y Laguna de Duero han crecido en términos importantes desde entonces. Y llegados a este punto quiero llamar la atención, a la luz de los datos, sobre el hecho de que la población que ha perdido Castilla y León no ha recalado, por desgracia, en Valladolid, lo que quiere decir que nuestra ciudad, en contra de lo que defienden algunos, no se ha beneficiado de un trasvase de población desde otros puntos de la Comunidad por el hecho de ser sede de las principales instituciones de la misma.

Y hay que destacar otro hecho relevante: el descenso poblacional de la Comunidad Autónoma, y también de Valladolid, sería aún mayor si no hubieran llegado inmigrantes. En Castilla y León ese aporte ha crecido desde los 15.221 ciudadanos extranjeros que se contabilizaban en 1998 hasta los 123.575 de 2018. Si bien hay que tener en cuenta que, a consecuencia de la crisis, a partir de 2012 se ha producido una notable disminución de la población inmigrante en nuestra tierra, tendencia que solo el pasado año ha comenzado levemente a repuntar. Valladolid, por su parte, cuenta ahora con 21.000 habitantes de origen extranjero, frente a los 3.000 que tenía en 1994. Resulta evidente que sin la contribución de ciudadanos extranjeros seríamos aún bastante menos. La inmigración es pues una solución, no un problema. Si no queremos que en esta tierra seamos cada vez menos y que aumente de manera galopante la edad media de quien aquí vivimos no hemos de dar el más mínimo pábulo a las voces xenófobas que reclaman el cierre de las fronteras.

Cierto es que hay que aplicar medidas que parecen de sentido común para intentar frenar la despoblación, entre ellas las que pasan por más y mejores políticas de vivienda, una adecuada promoción del empleo de calidad para retener habitantes, especialmente los jóvenes más preparados, favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral para fomentar la natalidad, dotar de los servicios necesarios a los habitantes del medio rural y, también, invertir en apuestas estratégicas. Y es en este último punto donde he querido incidir al plantear que, teniendo que cuenta que los recursos públicos son escasos y tienen que emplearse bien porque de lo contrario se despilfarran, desde la administración regional debería apostarse fuerte por una ciudad como Valladolid, dada su ubicación, el desarrollo que está experimentando y su potencial de crecimiento. Se evitaría con ello dispersar esfuerzos que obtendrían, como hasta ahora, escasa rentabilidad. Debe tenerse en cuenta que Valladolid se encuentra en el centro geográfico de la Comunidad Autónoma y, por ello, las inversiones que aquí se realicen pueden ser utilizadas por la mayor parte de ciudadanos de Castilla y León. Ello contribuiría, asimismo, a fijar población en nuestra región, evitando que muchas personas tuvieran que emigrar fuera de la misma.

A nadie se le escapa que aquellas inversiones que se acometen en lugares que son capaces de atraer actividad y población y que, además, están ubicados estratégicamente en el territorio, son rentables para el fin que se persigue. Ejemplos tenemos de que ese tipo de políticas funcionan. En este sentido, ya me he referido en alguna ocasión a Zaragoza, un caso de éxito en cuanto al crecimiento de población y económico que ha sido impulsado, entre otros, por el Gobierno de Aragón.

La reflexión que planteo parte de la base de que es compatible un envite importante por Valladolid con mantener el equilibrio con el resto de territorios y, por supuesto, no pretende ser una ofensa hacia los habitantes de otros lugares de nuestra Comunidad Autónoma. Ni se me pasa por la cabeza que no haya que invertir en otros puntos de Castilla y León. Pero sí que quiero incidir en el desatino que supone la actual política de inversiones y gasto público que en absoluto consigue el efecto que se persigue, que no es otro que frenar la despoblación en Castilla y León y reducir la brecha entre territorios. Por eso considero que es un error y un dispendio replicar en cada ciudad de Castilla y León aquello que tiene Valladolid.

Como alcalde de Valladolid me corresponde la obligación de reclamar lo mejor para mi ciudad; mal alcalde sería si no lo hiciera. Pero esa reivindicación la expreso con el convencimiento de que si le va bien a Valladolid le irá bien a Castilla y León, y viceversa. Valladolid no es el problema de Castilla y León; el problema de esta tierra lo origina la aplicación de políticas equivocadas que, desde hace mucho tiempo, provoca que la gente tenga que marcharse de ella y que se agranden los desequilibrios territoriales en su seno.

Mientras sobre el centro del debate planee la falsa idea que responsabiliza a Valladolid de los males que sufre Castilla y León mal se podrán encontrar soluciones que mitiguen las dificultades a los que se enfrenta esta tierra, alguna de ellos de la envergadura de la que genera la despoblación.

 

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