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Varapalo del TSJ a la Junta al anular el catálogo de puestos de personal

Es la «piedra angular» de la función pública y de ella dependen las plazas de los funcionarios que salen a concurso y oposición / La sentencia dice que se tramitó de forma errónea

LUCÍA ROALES / VALLADOLID
28/12/2018

 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha declarado nulo el catálogo de puestos tipo de personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos (instrumento de clasificación y ordenación de los puestos de trabajo del personal funcionario), publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) el 4 de septiembre de 2017.

La Sala de lo Contencioso Administrativo argumenta que el catálogo de puestos tipo «debió tramitarse y aprobarse como una disposición general, en lugar de como un acuerdo, por afectar al régimen de retribuciones y por poseer las notas de generalidad, abstracción y permanencia».

La sentencia añade, además, que el acuerdo «carece de cualquier documentación técnica que justifique las decisiones que se adoptan en el Acuerdo impugnado: no hay estudios preparatorios o informes de los puestos de trabajo tipo, ni de los puestos de trabajo integrantes de las relaciones de puestos de trabajo preexistentes».

En base a este catálogo se articula la plantilla, las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y los puestos vacante de empleo público que salen a concurso y oposición. La plantilla de personal funcionario y laboral es el instrumento de coordinación entre la estructura de la función pública y las decisiones presupuestarias. Las RPT son el conjunto ordenado de puestos de trabajo mediante el que se determina la cantidad de efectivos que han de prestar servicios en cada órgano o unidad administrativa en que se estructura la Administración de la Comunidad.

Por lo tanto, si se anulara el Catálogo, todos los procesos de los funcionarios se paralizarían. Sin embargo, la Junta de Castilla y León aseguró que no ha sucedido tal hecho.

José Francisco Martín, portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en las Cortes, aseguró que esta es «la piedra angular» de la función pública, y acusó de «asesinos de la función pública» a Pilar del Olmo, Alfonso Fernández Mañueco, Isabel Alonso y José Antonio de Santiago Juárez.

Milagros Marcos aseguró que se tipo de insultos «no es lo que se espera de ningún político». Del Olmo se refirió a él también por las declaraciones que hizo ayer diciendo que la consejera debía dimitir, tras haber sido elegida candidata a la Alcaldía de la ciudad por el PP. Martín la comparó con Luis Tudanca, que dejó el acta de diputado nada más ser elegido secretario general del PSOE de Castilla y León.

La consejera manifestó que ella solo está nominada por su partido pero que no se han convocado aún elecciones y que tampoco se han presentado las candidaturas oficialmente.

Los demás grupos políticos regionales no han tardado en pronunciarse al respecto. El portavoz de Ciudadanos calificó el asunto «de extrema gravedad» y aseguró que exigirán responsabilidades. Afirmó «que se dinamita el acuerdo de la Junta afectando a más de 16.000 funcionarios y tirando por la borda casi cuatro años de trabajo».

Desde Podemos han pedido la comparecencia «urgente» del consejero de la Presidencia ante tal «varapalo». Pablo Fernández dijo que piden la comparecencia «a sabiendas de que la única forma de arreglar el desaguisado provocado por el PP es conseguir un cambio de gobierno en 2019 que cuide y vele por la función pública.

 

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