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SENTENCIA TSJ / PLAN DEL LOBO

El TSJ impide la caza del lobo por falta de informes que avalen el control

La sentencia anula íntegramente el decreto al «no constar una motivación suficiente y técnica» que justifique su contenido / Ascel apunta a una «continua desatención de la Junta»

E. ORTIZ / VALLADOLID
07/02/2018

 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León tumbó ayer el aval de la caza autonómica del lobo. La falta de informes llevó a la Sala de lo Contencioso-administrativo de Valladolid a anular íntegramente el Plan de Conservación y Gestión de este cánido salvaje, aprobado con un decreto que entró en vigor en 2016 tras haberse derogado de manera parcial el anterior.

El fundamento básico de la sentencia recae en que «la normativa no se atiende al procedimiento debido», incidieron desde la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), entidad que interpuso el recurso abierto. «El fallo se enmarca en una continua desatención de la Junta a la normativa ambiental, despreciando tanto el fondo como la forma; y, por consiguiente, descuidando la conservación de la biodiversidad», aseveraron.

La resolución traslada textualmente hechos recogidos en la demanda de Ascel, como desde la propia agrupación señalaron. Así, entre las razones que llevan al Tribunal Superior a tumbar el Plan del Lobo destaca la falta de informes «independientes» que avalen y aconsejen el establecimiento de «las medidas de control y aprovechamiento cinegético» dispuestas en la normativa.

Una «mera acta de la sesión» del Consejo Regional de Medio Ambiente sustituyó, como recoge el fallo, el informe requerido de este organismo. En esta línea, se denuncia «con el mismo carácter de omisión» la carencia del documento informativo del Comité Técnico de Seguimiento del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en la Comunidad.

Asimismo, tampoco existe una «motivación suficiente y técnica» que justifique el contenido del decreto que lo regula.

De la misma manera, no constan ni «estudios previos, serios y rigurosos» de su incidencia en el medio natural, ni la consistencia de los «seguimiento de manadas llevados a cabo a los que en el texto se referencia». También anota una falta la «comprobación de las poblaciones» de lobos; de hecho, «ni siquiera se hace referencia a un estudio previo de su incidencia en la especie». Por último, no aparece dentro del expediente un «diagnóstico de la población o censo de esta, pese a las múltiples alusiones que a ellos se realizan en la disposición impugnada», apunta el fallo.

Existe incertidumbre también en el apartado relativo al coste económico. «No se conocen los gastos precisos para atender a la norma en elaboración», recuerdan desde la entidad, aunque la memoria considere que la aprobación del decreto «no va a conllevar mayores inversiones, exigir nuevos créditos ni modificar los existentes, ya que se trata de una revisión» del anterior.

Todas estas ausencias refrendadas en la sentencia reflejan, a juicio de Ascel, que «se actúa sin fundamento ni razón, como si los cuentos infantiles pudieran guiar las disposiciones normativas de una Administración Pública».

En consideración de la asociación demandante, el fallo implica «un antes y un después» en la consideración legal de este cánido dada la «proporción y ubicación geográfica de Castilla y León con respecto al rango de distribución de la población ibérica de lobos». Razón que se refuerza al ser una primicia en el ámbito nacional puesto que esta resolución supone «la primera ocasión en la cual un plan plurianual –solo hay vigentes en tres comunidades autónomas– es anulado integralmente».
La formación de defensa del lobo ibérico aprovechó para instar al Ejecutivo regional a «asumir responsabilidades políticas y técnicas», habida cuenta de la «incompetencia de los funcionarios que han desarrollado el presente plan», así como del «menosprecio hacia la legalidad de los políticos que dirigen la actual Consejería de Fomento y Medio Ambiente», concluye su comunicado.

Decreto

El Gobierno autonómico dio luz verde al Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León mediante el Decreto 28/2008, de 3 abril. Tras su aprobación, se constató en la Comunidad un notable incremento del número de ataques denunciados. A la conflictividad derivada del nivel de daños, se sumó la observación de esta especie como un interesante campo de generación de empleo y dos sentencias que declararon nula la posibilidad de realizar aprovechamientos cinegéticos al sur del Duero.

El Decreto 14/2016 resultó de estas consideraciones como una modificación del anterior para adecuar el mismo a la situación planteada por la anulación así como a reformular determinadas medidas a la vista de los resultados obtenidos en sus ocho años de vigencia. Y así, poder garantizar cierta coexistencia entre el lobo y la ganadería con medidas de control y un aprovechamiento cinegético ordenado y sostenible en las comarcas donde está permitido, es decir, al norte del río Duero. Los incentivos para prevenir o reducir los daños a la ganadería y la colaboración con perros asilvestrados son otros de los avales que recogía el decreto.

Los últimos datos relativos al año 2017 dejan patente la existencia de daños para la ganadería. El total de ataques de lobos registrados en Castilla y León alcanzó los 1.563, nueve casos más que en el año anterior.

Estos más de mil ataques se tradujeron en 2.348 muertes; con 1.134 cabezas de bovino, 1.072 de ovino, 126 de 125 y ocho de otros animales.

 

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