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PSOE y PP rechazaron que la CNMV impusiera multas disuasorias por preferentes

El expresidente del supervisor, JulioSegura, envió a Gobiernos y parlamentarios dos propuestas cuando empezaron las estafas

J. LUIS F. DEL CORRAL VALLADOLID
09/02/2018

 

Julio Segura, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre 2007 y 2012 y quince años consejero del Banco de España, arrojó ayer algo de luz sobre la estafa de las participaciones preferentes que han ocasionados pérdidas a miles de clientes, la mayoría de las cajas de ahorro. El exalto cargo del supervisor, nombrado por Zapatero, dejó claro que ni el Gobierno socialista ni el Ejecutivo popular de Rajoy atendieron sus peticiones para modificar el régimen de sanciones por prácticas inadecuadas en productos financieros híbridos.

Contundente y claro, Segura constató, a preguntas de José Sarrión (IU), que las sanciones por las preferentes ni son disuasorias de las malas prácticas ni son reparadoras del perjuicio ocasionado a los clientes. «El sistema de sanciones pecuniarias no incentiva a no cometer irregularidades», dijo durante la comisión de investigación de las cajas, al tiempo que defendió la «inhabilitación» de los responsables financieros como sanción para evitar este tipo de fraudes.

El expresidente de la CNMV en los peores años de la crisis remitió al Gobierno y al Parlamento nacional dos propuestas en 2011 y 2012 de modificaciones legislativas a la vista de los perjuicios que empezaban a sufrir los particulares. Ninguno le hizo caso. «No era el núcleo fundamental de sus preocupaciones», apostilló.

Segura resumió de la siguiente forma el relato de lo ocurrido: las cajas de ahorro necesitaban capital; no podían ir a Bolsa; la banca extranjera les cerró el grifo y la Comisión Europea les exigía más recursos propios ante una excesiva concentración en el sector inmobiliario. Corría el al año 2008 y las cajas detectaron el riesgo de adquirir ellas productos híbridos porque si no había beneficios no se retribuían. Y empezaron a distribuirlos entre sus clientes minoristas. La CNMV detectó dos riesgos: las cajas redujeron al máximo la línea entre asesoramiento a clientes y la comercialización, y existía un problema de conversión en liquidez. El supervisor detecta que las entidades venden a sus clientes las preferentes al valor nominal cuando ya se ha depreciado el productos entre un 25% y un 30%.

¿Y por qué la CNMV no informó al fiscal?, preguntó el procurador de Podemos, Pablo Fernández. La pregunta sorprendió a Segura, que vino a decir primero que no había constancia de «una figura penal», para después advertir de que hizo lo que le indicaron los servicios jurídicos para no prevaricar. Fernández echó en falta una actitud más activa de la Comisión Nacional.

El expresidente de la CNMV aseguró que la Comisión hizo más de lo que la ley le permitía para evitar un fraude que, según dijo, supuso la comercialización en Castilla y León de 796 millones entre subordinadas (461 millones) y preferentes (335 millones); menos del 3% de los 11.700 millones que se vendieron en España. Y negó que fueran «benevolentes» con las cajas como sugirió Manuel Mitadiel de Ciudadanos.

Segura defendió la legalidad de las preferentes, aseguró que era un producto con un riesgo muy elevado para venderlo como se hizo a muchos jubilados y precisó que la CNMV había impuesto multas a 16 grupos, a todos los que las comercializaron menos a uno.

El alto cargo reconoció que ya con el Gobierno de Rajoy se habían aumentado las competencias del supervisor y sostuvo que hoy no se repetiría el fraude con un nivel de comercialización tan agresivo y masivo.

Julio Segura se mostró distendido en una comisión que duró tres horas. Propuso cambios en la CNMV para que lograra más independencia presupuestaria y funcional. Reconoció que la incidencia de las preferentes en Castilla y León ha sido menor y que Cataluña yGalicia fueron las comunidades más afectadas.

 

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