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'Operación Púnica'

El presidente de la Diputación de León sigue esperando a tomar declaración

La indisposición de otro de los detenidos, a quien la UCO quiere interrogar antes, retrasa la declaración de Marcos Martínez

Felipe Ramos
29/10/2014

 

Ni a las once, ni a las doce, ni a la una. A ninguna hora. El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, sigue a la espera de que los agentes de la UCO de la Guardia Civil le tomen declaración, según confirmó a este periódico su abogado, Ricardo Gavilanes.

El interrogatorio a Marcos Martínez estaba previsto para las once de la noche pasadas en la Comandancia de Las Rozas, donde sigue detenido e incomunicado, pero se ha ido retrasando y aún no se ha producido. La razón dada al abogado del presidente de la Diputación por los agentes es la indisposición de otro detenido, a quien quieren interrogar antes que a Marcos Martínez.

Al presidente de la Diputación, igual que al resto de los 51 detenidos, se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.

De Pedro Llorca

La presunta trama de corrupción, destapada por la investigación, habla de dos empresarios ‘conseguidores’: David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, el director general de la empresa Eico. Con este último es, según las fuentes consultadas por EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, con quien habría tenido relación la Diputación de León y presuntamente Marcos Martínez, quien habría firmado varios contratos.

A decir de estas mismas fuentes, los agentes de la UCO que estuvieron con el presidente de la Diputación en su despacho, y en varios momentos con el interventor de la institución, se llevaron contratos de los años 2012 y 2013 de publicidad, gestión, servicios y consultorías, que supuestamente se habrían firmado con la empresa de Alejandro de Pedro Llorca. El mandamiento judicial del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco hacía referencia, en palabras de las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, a los años 2012 y 2013.

Entre los documentos que se llevaron los agentes, siempre según las mismas fuentes, no figuran ninguno de los contratos de obras de la Diputación, ni de planes provinciales. Sólo se interesaron por contratos de gestión, publicidad, servicios, consultoría y aquellos que hacían referencia a la gestión de las estaciones de esquí.

Comisiones del 3%

Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.

La conclusión de los investigadores, por tanto, es que la trama tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a diferentes partidos y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas. 

La investigación contra esta supuesta trama se inició en diciembre de 2013 a raíz del descubrimiento de una cuenta en Suiza a nombre de Francisco Granados y del empresario David Marjaliza, según informaron a España a las autoridades helvéticas.

A raíz de este descubrimiento, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación y las autoridades suizas ordenaron el bloqueo de la cuenta y avisaron de que iban a tomar declaración a Granados y Marjaliza, por lo que el pasado julio el fiscal presentó una querella contra ambos que recayó en el juez Velasco.

La red gravitaría en torno a los empresarios Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, detenidos ayer y estrechamente vinculados a Granados, que mediaban entre políticos y empresarios como «conseguidores» de contratos públicos para estos últimos a cambio de comisiones.

Además de los 51 detenidos e imputados, en la operación Púnica se han llevado a cabo registros en diversos ayuntamientos afectados y en los domicilios de los implicados, así como 259 mandamientos a registros de la propiedad para bloquear los bienes atribuidos a la trama.

También se han efectuado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias para el bloqueo de cuentas corrientes y 30 embargos de vehículos de alta gama de los principales investigados.
La Guardia Civil movilizó para esta operación a un total de 150 efectivos entre los agentes de la UCO y de Seguridad Ciudadana de las Unidades Territoriales que han prestado apoyo en todas las detenciones y registros. Ya en la tarde de ayer comenzaban a llegar la Audiencia Nacional las cajas con documentación incautadas en los numerosos registros.

 

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