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La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C denuncia al consejero de Sanidad

El objetivo de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Valladolid es que se generalicen los nuevos tratamientos para todos los infectados

ICAL
19/05/2017

 

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Valladolid presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía contra el consejero de Sanidad de la Junta, Antonio María Sáez Aguado, y el gerente regional de Salud, Rafael López Iglesias, como responsables penales de tres “eventuales” delitos de lesiones dolosas consumadas; omisión del deber de socorro y contra la integridad moral por denegar el nuevo tratamiento que acaba con esta enfermedad a un paciente. El objetivo es lograr que la Junta extienda la prescripción del fármaco a todos los afectados, como en otras autonomías como Madrid y Valencia, y no sólo a aquellos en los que la enfermedad ya ha llegado al estadio F2 de fribrosis en el hígado, como establece el plan nacional de lucha contra esta enfermedad.

El abogado Pablo Gerbolés explicó que la denuncia se fundamenta en la situación de una persona afectada por la enfermedad a la que se negó el tratamiento por vulnerar su derecho básico a la vida y a la integridad física; y se acusa a los responsables de la Consejería de anteponer los intereses económicos a sus derechos fundamentales. “El derecho a la vida está por encima de cualquier consideración económica”, dijo.

Gerbolés aclaró que en principio la denuncia va contra esos dos altos cargos, pero se reclama al fiscal que impute durante el proceso a aquellos directivos de la Junta que considere que pueden ser responsables penalmente.

La portavoz de la plataforma María José Gómez insistió en que el objetivo de la denuncia, que presentaron coincidiendo con la celebración hoy del Día Internacional del Activista hepatitis C, es lograr el tratamiento para todos porque sólo se aprueba para los casos más graves, cuando el hígado ya está condenado a estar “cirrótico de por vida” y en estadios anteriores de la enfermedad todavía no está dañado.

Gómez recalcó que llevan tres años peleando por lograr la extensión de los nuevos fármacos para el conjunto de los afectados pero persiste la limitación al estadio F2 de la enfermedad, “un numerito al que tienen que llegar” para lograr el tratamiento, dijo, para poner sobre la mesa la “incoherencia” de muchos pacientes que afirman: “A ver si empeoro y logro el tratamiento”.

“Nos sentimos como un número”, lamentó la portavoz de este colectivo, que arrancó con 100 personas, muchos ellos en estadios de enfermedad F0 o F1 y que hoy solo cuenta con un enfermo en el primer nivel. Argumentó esta mujer, que recibirá en breve su tratamiento, que la comunidad médica ya asume que es preciso tratar a la totalidad de los pacientes, lo que permitiría a medio plazo “erradicar la enfermedad” y sin efectos secundarios. “Hay que hacerlo cuanto antes”, sentenció.

Sin embargo, reconoció que el plan nacional que establece el tratamiento cuando los estadios más graves de la enfermedad, está “obsoleto” y es preciso actualizarlo a los momentos actuales y generalizar los tratamientos, para calificar la actuación política en la materia de “tomadura de pelo”. En este sentido, defendió que se trata de un problema de salud pública ya que se trata de una enfermedad infecciosa y la mayor parte de los afectados ni siquiera los saben, por lo que pidió un plan de búsqueda activa de los afectados.

María José Gómez también pidió “valentía” a los médicos de Castilla y León, que no se escuden en el plan nacional y que receten el nuevo tratamiento desde el estadio F0. “Dónde queda el código deontológico de los médicos”, se preguntó al respecto su compañero Juan Carlos Puente.

El también portavoz de la plataforma expuso que hoy se estima que un uno por ciento de la población está infectada y no lo sabe y repitió que con los nuevos fármacos es posible la erradicación de esta patología, si se efectúa un "cribado poblacional" de afectados. Puente criticó que en poco se ha avanzado desde la aprobación del plan nacional, aunque asumió que se frenó la sangría que suponía la enfermedad hace tres años, cuando acababa con 12 pacientes al día.

Juan Carlos Puente criticó que en nada se ha avanzado en el tratamiento de los nieños afectados, que tiene que “esperar a ser adultos”; ni sobre el colectivo de presos, que vive una “situación caótica de desatención”. “El plan se debe cumplir y adaptarse a la nueva situación”, resumió.

Por último, defendió que asumir los tratamientos para la totalidad de los pacientes es “mucho más económico” que mantener los enfermos para el sistema y exigió a la Junta que “tenga valentía política” y de un paso que ya se ha producido en otras autonomías, y no espere a que de el paso el “dinosaurio” de la Administración estatal.
 
 

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