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La oposición pone en duda que la Junta cumpla "razonablemente" con la legalidad

ICAL
14/07/2017

 

Los portavoces de los grupos Socialista, Podemos y Ciudadanos ponen en duda que la contratación de la Junta cumpla “razonablemente” con la legalidad como concluye el Consejo de Cuentas en su informe de 2014, presentado por su presidente, Jesús Encabo, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, defendido por el PP.

“Creo que al 'se cumple razonablemente' hay que poner muchas comillas”, valoró el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel, mientras que el socialista Javier Izquierdo reclamó al Consejo de Cuentas que sea “más severo” porque de lo contrario la Junta no va a corregir las recomendaciones que realiza cada año el máximo órgano autonómico de fiscalización, idea en la que también incidió Félix Díez (Podemos). “Tratamos de ser justos y obrar con criterios de legalidad”, respondió después Encabo.

El presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, en la exposición inicial del informe, afirmó que se cumple “razonablemente” con la legalidad aplicable, excepto por algunas limitaciones y por determinadas salvedades que afectan al principio de publicidad y transparencia de los procedimientos, en la muestra analizada. La valoración fue asumida por el 'popular' Salvador Cruz, que consideró que la oposición “magnifica” algunas recomendaciones.

Encabo manifestó que no tuvieron acceso a la plataforma informática Duero para el informe de 2014 y precisó, en respuesta posterior a la oposición, que tiene el compromiso verbal de la Consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, para su consulta presencial para el dictamen de 2015 sobre la contratación administrativa de la Administración General e Institucional, en el que ya se trabaja con una muestra de 70 contratos.

Tras escuchar esa aseveración, Izquierdo confió en que los técnicos del Consejo de Cuentas no tengan que trasladarse desde la sede de Palencia hasta la Consejería de Economía y Hacienda en Valladolid cuando existen herramientas informáticas. Encabo respondió que lo importante es el acceso a la plataforma Duero, aunque para ellos sería “más confortable” trabajar desde su institución.

Cláusulas sociales

Entre las conclusiones del informe presentado, que según la oposición se repiten cada año, el presidente del Consejo enumeró el cumplimiento de las cláusulas sociales en la contratación pública, en especial por Economía y Hacienda y la ADE; aplicar fórmulas para que la mayor puntuación sea a la oferta económica más baja y no a la que iguala el presupuesto de licitación o una vigilancia para que se cumpla el plazo de los contratos.

Además, reflejó contratos menores de la Consejería de Sanidad que, a juicio del Consejo no son tales y no se deberían fraccionar, donde se refirió a una contratación conjunta para, por ejemplo, el combustible para los vehículos oficiales o de los denominados “productos de consumo específico”.

El procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel estimó que el cumplimiento razonable de la legalidad en términos globales puede variar si se entra en centros directivos concretos y lamentó la escasa incorporación de cláusulas sociales en la contratación de la Junta, que cuando se recoge no tenga efectos y que no exista una comisión de seguimiento. “Es una mentira”, sentenció, convencido de que “se renuncia” a contratos “más beneficiosos”.

Félix Díez (Podemos) censuró que año tras año se repitan las mismas recomendaciones en los informes del Consejo no tenidas en cuenta por la Junta, criticó que “se renuncie” a las cláusulas sociales en beneficio de colectivos más vulnerables y dudó de la urgencia en algunos contratos ordinarios selvícolas de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

El socialista Javier Izquierdo, que recomendó de nuevo que los informes se aproximen más en el tiempo a la realidad para no esperar dos años a su análisis, pidió que el Consejo “sea más severo” en su valoración de que la contratación de la Junta “cumple razonablemente” la legalidad, algo que en su opinión no es así en los principios de publicidad o libre concurencia de las empresas.

“Si dicen que todo se cumple razonablemente, la Junta no va a variar”, argumentó Izquierdo, que incidió en que el 55 por ciento de los contratos no concretan los requisitos y el licitador puede estar sometido a una cierta discrecionalidad. Además, exigió transparencia en la contratación pública y lamentó que el Consejo no haya podido acceder a la aplicación informática Duero.

Salvador Cruz (PP) defendió la legalidad en todos sus términos de la contratación pública de la Junta y criticó que la oposición aludiera ahora al acceso a la plataforma Duero, puesta en marcha en 2013, y no antes.

Por último, el presidente del Consejo de Cuentas, que apostilló que no se ha visto ningún incumplimiento en los contratos con cláusulas sociales en la primera vez que analizan ese precepto, manifestó que se puede adelantar algunos meses el informe, pero defendió que exista un año de por medio ante la ejecución y gestión en el tiempo de algunos contratos.

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