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El Ministerio ve inconstitucional el impuesto regional a Garoña al solaparse con el estatal

La Secretaría de Estado considera que la doble imposición vulnera la LOFCA L Apoya su tesis en 10 sentencias del Constitucional / El PSOE acusa a Del Olmo de hurtar el informe a las Cortes y la consejera dice que lo mencionó

J. LUIS F. DEL CORRAL
09/11/2018

 

Garoña amenaza con convertirse en el primer conflicto tributario entre el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y el Ejecutivo popular de Juan Vicente Herrera. Y no ya por la central nuclear cerrada por el PP en 2012, sino por el impuesto autonómico aprobado solo con el voto del PP el pasado 31 de octubre para gravar los residuos radiactivos de la nuclear.

El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, ha hablado claro en un informe firmado por la secretaria de Estado -y fechado el 25 de septiembre- en el que ha advertido de que el impuesto autonómico es inconstitucional porque se solapa con el tributo de la Administración central del Estado.
El informe no es nuevo, porque ya anticipó de su existencia la consejera de Economía, Pilar del Olmo, un mes después de recibirlo cuando defendió el nuevo impuesto en las Cortes, pero su contenido no trascendió hasta ayer cuando lo hizo público el Grupo Socialista.

«Carece de lógica pretender gravar todas o algunas de las acciones derivadas de la producción de combustible nuclear gastado realizadas dentro de una central nuclear y dirigida a la correcta gestión de dicho residuo, puesto que la fundamentación de su gravamen ya se encuentra subsumida dentro del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado», señala la Secretaría de Estado en un documento de doce páginas.

El impuesto estatal aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2012 grava la producción de combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
El nuevo impuesto de Castilla y León, con el que la Junta pretende recaudar 10 millones de euros, gravaría «el riesgo de alteración del medio ambiente provocado por el combustible nuclear gastado y depositado con carácter temporal» en la central de Garoña.

El Ministerio apela al artículo 6 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para sostener que Castilla y León no puede imponer un tributo autonómico sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado.

El Ministerio de Hacienda avala su tesis con diez sentencias del Tribunal Constitucional dictadas entre 1987 y 2017 en conflictos con Extremadura, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias.

La doctrina que extrae el informe concluye que la doble imposición que prohíbe la LOFCA «no puede ceñirse a la mera comparación de la definición legal de sus hechos imponibles», sino «a las circunstancias que ha seleccionado el legislador para dar lugar a los hechos imponibles». Es decir, que lo importante es que, además del hecho imponible que se pretende gravar, es necesario analizar los sujetos pasivos del tributo, la base imponible, la capacidad económica gravada. Y es ahí donde el Ministerio es concluyente porque lo tendrían que pagar las mismas personas jurídicas por hechos similares.

Lo que sí descarta el Ministerio para detectar su posible inconstitucionalidad es el carácter de tributos extrafiscales (los no recaudatorios) que en este caso afecta a los dos y no sería un argumento válido para las pretensiones de la Secretaría de Estado. «Tanto los tributos estatales como el autonómico persiguen, aunque sea parcialmente, una finalidad extrafiscal, lo cual excluye la posibilidad de descartar la coincidencia de hechos imponibles por perseguir finalidades distintas».

Tras repasar con detalle la regulación de ambos impuestos, el Ministerio concluye con «que podría existir un solapamiento entre ellos en los términos del artículo 6 de la LOFCA».

Su argumento básico es que actualmente el Gobierno grava a las centrales nucleares por la producción de combustible nuclear gastado y a los titulares de las instalaciones centralizadas por el almacenamiento de dicho combustible en ellas. Gravarlos «adicionalmente, como pretende la Comunidad autónoma de Castilla y León», podría suponer duplicar el impuesto. No obstante, el informe de la Secretaría de Estado de Hacienda advierte de que la posible coincidencia de ambos tributos «desde una perspectiva técnica (...) requeriría un informe por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica».

El Grupo Parlamentario Socialista acusó a la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, de hurtar el informe a los grupos. Su procurador, José Francisco Martín, advirtió ayer que el informe del Ministerio de Hacienda coincide con las tesis de su grupo, con la enmienda a la totalidad que presentaron y con el Consultivo, al tiempo que es «muy parecido» al del Ministerio de Transición Ecológica.

No tardó mucho la consejera en responderle. «Yo no miento», manifestó reiteradamente Pilar del Olmo al avisar de que el único informe que conocía el miércoles 31 de octubre cuando defendió el nuevo impuesto en las Cortes de Castilla y León fue una remitido por Administraciones Públicas con las apreciaciones de la Secretaría de Estado de Hacienda que fue enviado a la Mesa del Parlamento regional el lunes día 29, informa Ical.

Del Olmo preguntó al PSOE «por qué no apoyan en Castilla y León lo que han aprobado en otras comunidades». De la misma manera, se preguntó por la «persecución» de los socialistas a la zona de Garoña y los motivos por los que no quieren «que se les dé dinero». Sobre la figura del procurador socialista José Francisco Martín, Del Olmo denunció que «todo lo enmarrona» y lamentó que esta sea «su forma de hacer política». La consejera expresó su deseo de que el impuesto no se suspenda «aunque se recurra», pero pidió primero ver la inconstitucionalidad de la tasa, que volvió a comparar con el impuesto catalán, si bien aclaró que este «es más amplio».

El portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, pidió explicaciones al PSOE de cómo conoció el «supuesto» informe inicial del Ministerio de TransiciónEcológica, que es desconocido para el resto de grupos. «Me preocupa el uso de los medios públicos en beneficio de un partido político, esto me huele mal», añadió.

 

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