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El interventor acusa a Guarido de acoso y persecución laboral

El funcionario denuncia al alcalde y al segundo teniente de alcalde por impedirle ejercer sus funciones

JOSÉ LUIS CABRERO / ZAMORA
20/12/2017

 

El interventor en el Ayuntamiento de Zamora, Francisco Javier López Parada, acusa al alcalde de Zamora, Francisco Guarido (IU), de coacciones y persecución laboral para impedirle ejercer sus funciones. La acusación se ha materializado en dos denuncias judiciales en las que implica al propio alcalde, al segundo teniente de alcalde, Miguel Ángel Viñas, también de IU, y al vicesecretario general de la institución, a quienes considera responsables de haber cometido «actos prevaricatorios» con el único objetivo de dañarle y de impedirle ejercer su trabajo.

La lista de agravios que exhibe el interventor es larga. Reconoce que sus relaciones con el alcalde de la ciudad no son buenas desde hace años, como refleja en la denuncia en la que señala que las acciones para impedirle trabajar son “el último hecho hasta el momento en una cadena de actos atentatorios” contra su “integridad moral”, pero se han deteriorado en los últimos meses, desde que a finales de agosto presentó una denuncia contra el concejal de Comercio por la compra de unos urinarios públicos para ser utilizados en el mercadillo semanal sin contar con dotación presupuestaria.

La denuncia fue archivada por la Fiscalía dos meses después y, desde entonces, apunta, esos actos de acoso se han ido «agravando». Fue esa situación, explica, la que le llevó a plantear a la Alcaldía una reducción de sus funciones, de manera que la viceinterventora se hizo cargo del control y la fiscalización interna del Ayuntamiento, del presupuesto y de la contabilidad, mientras él mantuvo la responsabilidad de realizar estudios y proyectos económicos y jurídicos y se reservó la posibilidad de realizar teletrabajo tres días a la semana. «No fue una manera de librarme de mi trabajo, sino una precaución de perseguido», señala.

Días después de emitirse el decreto de alcaldía que reducía sus funciones, Javier López participó en una conferencia pública en Cartagena, dice que como ciudadano particular no como interventor, que desató la polémica, ya que en ella denunciaba todo tipo de irregularidades en la prestación de servicios y en la concesión de contratos municipales, tanto en los anteriores equipos de gobierno del PP como en el actual ejercido por IU y PSOE.

Ante la reiteración de las situaciones de acoso que López Parada interpreta que se siguen produciendo por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, decide recuperar las competencias que había delegado en la viceinterventora, pretendiendo asistir a una mesa de contratación de la que fue expulsado, alegando que el decreto de alcaldía no había sido revocado y, por tanto, no podía asistir a un acto que estaba fuera de sus competencias. «Las funciones son del interventor por ley, no son del alcalde, soy miembro nato de las mesas de contratación, pero en este ayuntamiento la única ley que hay es la de Francisco Guarido Viñuela».

Fue ese hecho el que motivó la interposición de la primera denuncia en el juzgado de guardia en la que hace constar que fue amenazado con ser expulsado por la Policía Local y, ante su negativa a marcharse, la reunión se celebró en otra sala.

La segunda denuncia se produce pocas horas después tras conocer la existencia de un decreto de Alcaldía en el que se decide mantenerle apartado de sus funciones de forma indefinida, lo que supone, según el interventor, «privarme de mi derecho a la ocupación laboral efectiva y de mi derecho fundamental al cargo público, usurpando las funciones del interventor general y atentando contra mi dignidad y mi integridad moral».

Francisco Javier López considera que las últimas decisiones tomadas por el alcalde son «un intento más» de evitar su trabajo simplemente, añade, «porque hago mi trabajo rápido y bien, porque voy a acabar el año con 1.500 reparos, que es una barbaridad». Niega que sea un funcionario polémico, a pesar de los problemas que ha tenido en otros ayuntamientos como en el de La Bañeza. «En 30 años de carrera no he tenido un solo expediente, quien se puede creer que a un interventor tan molesto como yo no le habrían expedientado si pudieran». López Alarma asegura que se le está persiguiendo porque hace bien su trabajo. «Se me está causando daño por cumplir mis obligaciones, si fuera un inepto no tendría ningún problema», sostiene.

 

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