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Política

Hacienda detecta un fraude de 27M€ en cobro de subvenciones

La Intervención ordena el reintegro de fondos percibidos irregularmente tras revisar 1.100 expedientes / De momento ha recuperado 12 millones

Raquel Sastre
05/01/2015

 

La restricciones de gasto público en una legislatura marcada por la insuficiencia de ingresos y unos estrictos objetivos de déficit han llevado a las administraciones a reforzar los instrumentos de control.

Un buen ejemplo está en la labor desempeñada por la Intervención General de la Comunidad que, en lo que va de año, ha detectado una bolsa de fraude en el cobro de subvenciones, por importe de 27,38 millones de euros, según los datos facilitados por el departamento que dirige Pilar del Olmo.

El control financiero de ayudas está regulado en la Ley de la Hacienda y el Sector Público, que faculta al órgano de fiscalización a chequear los expedientes de concesión aprobados por la Administración y organismos autónomos.

Con carácter anual, y en colaboración con la Agencia Tributaria, la Intervención selecciona una muestra representativa en cuanto al volumen de recursos públicos que lleva aparejada la subvención para su vigilancia y comprobación. Estos expedientes se vuelcan en el Plan de Auditorías, que en 2014 incluyó 485 controles, y en el Plan Anual de Control Financiero Permanente, que pasó por el escáner 615 casos.

Qué inspecciona

La labor de la Intervención General, cuyo personal está considerado a estos efectos agente de la autoridad, es verificar en qué condiciones se otorgó la subvención; si se cumplieron los requisitos y el beneficiario está haciendo un uso correcto de su gestión; si los justificantes requeridos son correctos y están completos; o la existencia de circunstancias no declaradas a la Administración por los beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas.

En el supuesto de que sea detectada alguna irregularidad, el fiscalizador puede determinar la obligación de reintegrar la totalidad o una parte de la subvención. Ésta potestad legal es la que permite ahora a Hacienda reclamar 27,3 millones de ayudas, de los que ya han retornado a las arcas autonómicas 12,16, cuantía contabilizada a fecha 22 de diciembre de 2014.

El grueso de esta cantidad, no obstante, procede de actuaciones de control efectuadas en ejercicios anteriores a la tramitación de los expedientes de reintegro y de los chequeos de comprobación que practican los propios órganos gestores de la subvención.

Y es que son las Consejerías y sus organismos dependientes –fundamentalmente, la ADE y el Itacyl, por el volumen de recursos que gestionan en ayudas– los encargados de llevar a cabo los primeros controles preventivos.

Dentro del cuantioso volumen de subvenciones que maneja la Administración autonómica, la Intervención General pone la lupa sobre las cofinanciadas por la Unión Europea con cargo a fondos comunitarios (en los planes de auditorías) y en las sujetas a un régimen previo de fiscalización de requisitos (en el plan permanente).

Puesto que el muestreo de expedientes sujetos a inspección toma siempre como referencia un volumen de gasto significativo, Hacienda considera las conclusiones «extrapolables» al total de recursos dedicados a financiar subvenciones, por lo que el impacto del fraude en Castilla y León sería muy bajo.

No obstante, el importe del dinero percibido irregularmente ha crecido en los dos últimos años. En 2012, la Intervención ordenó el reintegro a la Hacienda autonómica de 18,4 millones, casi nueve menos que en 2014, y ello pese a que ejecutó más del doble de controles (1.753 frente a los 1.100 del año que acaba de terminar).

 

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