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El Gobierno adeuda 150 millones a Castilla y León para financiar la Dependencia

La Junta aporta el 76,4% del gasto, lo que supone 434,5 millones de euros / La Consejería de Familia pide que se cumpla con 50% e incide en que la Comunidad realiza un «esfuerzo tremendo» para garantizar las ayudas

J. AYUSO SANTAMARÍA VALLADOLID
09/10/2019

 

El Gobierno central sigue incumpliendo con las Comunidades Autonómas la financiación estipulada en la Ley de Dependencia, por la que se reparten el gasto en esta materia al 50%. En concreto, a Castilla y León se le debe 149,98 millones de euros por el año 2018. Actualmente, el Estado se está haciendo cargo en la región del 23,6% del gasto en Dependencia, lo que supone 134,55 millones de euros. El otro 76,4%, lo que supone 434,5 millones, lo tiene que poner la Junta para garantizar el servicio a las 104.397 personas que reciben este tipo de ayuda.

A las autonomías no les salen las cuentas, en Castilla y León para que los números cuadren el reparto, según los datos de 2018, debería de alcanzar los 284,53 millones para cada administración. Lejos están de los 434,5 millones de euros que dispuso la Junta en 2018. Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, desvelan que se espera que el Estado reconozca que debe aportar más a la Dependencia e inciden en que en Castilla y León todas las personas que reciben esta prestación la tienen garantizada. Además, se precisa en que desde que se firmó la Ley de la Dependencia en 2012, la cantidad estimada rondaría los 150 millones para lograr el equilibrio de gasto descrito en la normativa.
Otro aspecto que destaca desde el área encargada de Dependencia es que Castilla y León es la única región que no tiene una lista de espera, como sí pasa en el resto de España. En este caso, tras solicitar en la Comunidad la ayuda, hay que esperar cuatro meses para que ésta se confirme, mientras en el resto de autonomías, de media, hay que esperar seis meses. Además, recalcan, dentro de los compromisos electorales hay un objetivo para que en 2020 este tiempo se reduzca hasta los tres meses.

Castilla y León destina cerca del 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) a Dependencia, esos 434,5 millones de euros son fruto de un «esfuerzo brutal» para garantizar la plena atención.

La Consejería «es responsable con el futuro de la Dependencia» y según exponen, trabajan para que las resoluciones de ayudas estén en tres meses, se refuerce la asistencia personal, la teleasistencia y se flexibilice y compatibilice el acceso a otras prestaciones. Además, explican, «que el objetivo es que, en los cuatro años de esta legislatura , se incorporen 80.000 dependientes más al sistema».

En comparación con el resto de regiones, el Estado contribuye en Castilla y león, 6,9 puntos porcentuales más que en la media de autonomías, que se sitúa en 16,7%. Solo Galicia está por delante en financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, recibiendo el 25,5%.

Los datos recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, muestran que la inversión pública en España para financiar la dependencia fue, en 2018, de 8.054,1 millones de euros. De esta cantidad total, 6.706,51 millones de euros fueron puestos por las diferentes regiones. Además, esto supone un 7,5% más que en 2017.

Las Comunidades que más tuvieron que aportar al gasto total de dependencias en sus territorios fueron País Vasco, en donde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pagó el 10% -del total de 781,38 millones el Gobierno autonómico pone 703,62 millones de euros-. Le siguen la Comunitat Valenciana, que pone el 87,9% del total -casi 625 millones de los 711,4 millones que se gastan en Dependencia- y Navarra, que pone el 87,5% -104,64 millones de los 119,59 millones de euros que se gastan en Dependencia.

De media, la Administración Central aportó 1.348 euros -ese 16,7%- por cada persona dependiente en 2018 en concepto de nivel mínimo garantizado, de los 8.070 euros anuales que son destinados por persona.

ESTANCAMIENTO DEL SISTEMA

El informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales traslada su preocupación por el estancamiento del sistema tras los recortes de 2012 y unos «claros síntomas de un nuevo estancamiento».

En el escrito se defiende que «han existido y existen razones sobradas para abordar la cuestión con toda la urgencia» e inciden en que «se está impidiendo el ejercicio de derechos a cientos de miles de personas dependientes y que incluso muchos de ellos fallecen sin haber llegado a ser atendidos». La organización cifra en el 1% la reducción mensual de la lista debido al fallecimiento. Al día, «80 personas» fenecen si poder haber ejercicio este derecho.

Los Directores y Gerentes en Servicios Sociales critican que en el Consejo Territorial del próximo jueves no se va abordar la financiación dentro del orden del día y consideran otra «oportunidad perdida» para obtener un consenso para la aprobación de un Real Decreto en cumplimiento de las previsiones de los presupuestos prorrogados de subida del 5% con efectos 1 de enero de 2019.

«Toca otra vez conformarse con promesas. Hasta entonces, a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados, no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta hora, discretamente y en silencio», concluyen.

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