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Dieciséis investigados por delitos contra la salud pública por la comercialización de caza mayor en Zamora

ZAMORA
22/05/2019

 

La Guardia Civil de Zamora investiga a 16 personas como presuntos autores de varios delitos, por la comercialización de carne de caza mayor, delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, intrusismo profesional, falsificación documental y relativo a la flora y fauna.

Estas investigaciones, comenzaron a mediados de diciembre de 2017, según un comunicado de la Benemérita, cuando por parte de componentes del Seprona de la Comandancia de Zamora se realizan una serie de inspecciones relacionadas con la compra y venta de la carne y la trazabilidad en el proceso de los animales abatidos en cacerías y monterías de la provincia, informa Europa Press.

En estas inspecciones se hizo especial hincapié en la zona de la Sierra de la Culebra, donde se investigó si por parte de cazadores, veterinarios colaboradores, compradores, transporte y centros de transformación para su posterior venta, estaban actuando conforme a la normativa legal, en prevención a un daño irreparable contra la población de estas especies "o lo que pudiera ser aún peor, que esta carne llegara a la cadena alimentaría sin cumplir la trazabilidad y los controles sanitarios pertinentes", han señalado fuentes de la Guardia Civil.

Además, durante la temporada de caza mayor se estaban abatiendo un número de piezas muy superior al de otros años, por lo que se inició una serie de actuaciones y controles sobre cazadores y empresas dedicadas a la gestión y compra venta de este tipo de carne.

Visto el resultado de las investigaciones, por parte de la Guardia Civil se llegó a la conclusión de la existencia de una organización delictiva, donde una parte se dedicaba a la caza ilegal de piezas de caza mayor y otra a la legalización de la carne obtenida de manera fraudulenta, obteniendo un gran rédito económico y causando a su vez daños económicos a los cotos de caza legalmente establecidos.

Los cazadores, que de forma furtiva o amparados por precintos legales cazaban una cantidad mayor de las permitidas, una vez abatidas las piezas, las legalizaban introduciéndolas en la junta de carne de cacerías o monterías legales con la colaboración de los gestores de los cotos organizadores de esos eventos.

Estas piezas eran supuestamente validadas por los veterinarios, que 
no se encontraban presentes en la mayoría de las cargas, a su vez, la empresa encargada de la recogida de la carne, disponían de precintos 
sanitarios y declaraciones de transporte, sellados y firmados en blanco, los cuales eran rellenados el día de la carga por personal no autorizado.

Por parte de la Guardia Civil se localizaron declaraciones de carne de caza con numerosos precintos duplicados y habiéndose declarado un trasporte con números de precintos que habían sido anteriormente intervenidos por la Guardia Civil.

Posteriormente, las empresas cárnicas se hacían con las canales de los animales abatidos para su gestión y puesta a la venta de forma legal, siendo introducidos en la cadena alimenticia sin las garantías sanitarias suficientes.

La valoración económica, según el valor cinológico de las especies cinegéticas, podría alcanzar 1.154.538 euros, ya que habrían sido abatidos más de medio millar de piezas de caza mayor, cérvidos jabalís y corzos.

Estos hechos han provocado que se haya investigado a 16 personas como supuestos autores de varios delitos por la obtención y comercialización de carne de caza mayor: delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, intrusismo profesional, falsificación documental y delitos relativos a la flora y fauna.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción correspondiente. Desde la Guardia Civil, se siguen las investigaciones para esclarecer la implicación de más personas o empresas en estos hechos, dentro y fuera de la provincia.

 

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