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CSI-F valora insuficiente la inclusión de 8 nuevas plazas de inspectores de consumo

El sindicato denuncia que solo hay ocupadas 30 de las 50 previstas, muchas de ellas con trabajadores cercanos a la jubilación

Ical
01/02/2016

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) considera insuficiente la inclusión de 8 plazas de inspectores en la oferta de empleo público para 2016, ante la precariedad y la falta de personal de este servicio en la Comunidad, que resulta fundamental para defender la seguridad y los derechos de los consumidores de Castilla y León.

CSI-F insiste en revisar la Relación de Puestos de Trabajo en la Inspección de Consumo para elevar los niveles de los puestos y profesionalizar más el servicio con jefaturas específicas. CSI-F lamenta la “degradación” de este cuerpo que, curiosamente, tanta responsabilidad tiene en la seguridad y los derechos de los consumidores, es decir, de todos los ciudadanos.

Inspección de Consumo, como ha denunciado en varias ocasiones CSI-F, dispone de unos recursos humanos “insuficientes y precarios” en las diferentes provincias. De hecho, las reclamaciones de CSI-F han logrado acelerar la convocatoria urgente de un inspector de consumo para la provincia de Soria, que ha permanecido cuatro meses sin este servicio, por la baja de la persona que ejercía el puesto.

Un comunicado del sindicato recuerda que la Junta ha incluido en la oferta de empleo público para 2016 un total de ocho plazas de inspectores de consumo, una cifra insuficiente para este sindicato independiente, que recuerda que de las 50 plazas de inspectores que recoge la RPT apenas está ocupadas 30, y que muchos de esos inspectores están cercanos a la jubilación.

Con la reincorporación de este nuevo inspector en la provincia de Soria son dos los que hay, ambos interinos, “con los que se solventa de manera temporal, al menos, la atención de este servicio de Inspección de Consumo en Soria. Una precariedad que se extiende, en mayor o menor medida, por toda la Comunidad, puesto que los medios materiales y humanos no son suficientes para atender adecuadamente esta Inspección”, apuntó el responsable regional de CSI-F en el sector de la Administración General de la Junta (AGCyL), Mariano Prieto.

CSI-F considera que la defensa del consumidor no ha sido un objetivo prioritario en las últimas legislaturas para la Junta de Castilla y León, por lo que la labor de esta Inspección de Consumo, en la defensa de la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los ciudadanos yen la adquisición de toda clase de bienes y servicios “no atraviesa sus mejores momentos”.

La organización sindical lamenta que las competencias de Consumo han deambulado por diferentes consejerías, perdiendo personal y derechos laborales. La situación año tras año empeora, y CSI-F teme por la desprotección de consumidores y usuarios. Este sindicato ya denunció, coincidiendo con la aprobación en las Cortes -en marzo- del nuevo Estatuto del Consumidor de Castilla y León, que el pequeño colectivo de inspectores de consumo, que supera por poco la treintena de efectivos, podría llegar al colapso técnico si no se tomaban medidas inmediatas.

Condiciones degradantes

Prieto indicó que “las condiciones laborales que tienen los inspectores de consumo, respecto al nivel de exigencia que tiene su puesto, es degradante”. CSI-F presentó un escrito ante la Consejería de la Presidencia (con competencias en Función Pública) y ante la Consejería de Economía y Hacienda (con competencias en Consumo), para reclamar la mejora de las condiciones laborales del colectivo y aumentar el número de efectivos de inspectores en la Comunidad, que cuenta con una RPT que supera las 50 plazas y que no suele tener ocupadas más de 30.

El responsable de AGCyL manifestó que “no hay inspección con más competencias, que maneje más normativa y que controle más empresas que la Inspección de Consumo. Sin embargo, es la más olvidada y menospreciada. Por ejemplo, las jefaturas de sección, es decir, la jefatura de los inspectores de la provincia puede ser ocupada por alguien no especialista en la materia. Es decir, a la jefatura de los inspectores de consumo de las provincias puede acceder cualquier empleado público, sin ninguna experiencia en materia de consumo”.

CSI-F cree que las ocho nuevas plazas que van a ser convocadas para inspectores de Consumo serán “un soplo de aire fresco para el colectivo”, pues según el análisis que ha hecho el sindicato, “en cinco años el servicio estaría en peligro de desaparición si no se reponen efectivos”. La experiencia de Soria podría repetirse en otras provincias, advierte CSI-F, “porque van muy justos de efectivos. Los inspectores que tomen posesión de las nuevas plazas no lo harán hasta 2017”, aclaró CSI-F.

 

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