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TRIBUNALES / BURGOS

Condenan a Sacyl a pagar 100.000 euros por la muerte de un paciente que sufrió una perforación de colon en una prueba con contraste

El fallo judicial reconoce que se trataba de una prueba invasiva y programada y se realizó sin consentimiento informado del paciente

ICAL
14/09/2017

 

El Tribunal Superior de Castilla y León ha condenado a Sacyl a pagar 100.000 euros a los familiares de un paciente que falleció tras una perforación de colon en una prueba con contraste en el Hospital Universitario de Burgos, según informaron fuentes de los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, encargados de llevar el caso.

En concretó deberá pagar 80.000 euros a la viuda, 10.000 al hijo y otros 10.000 a la hija. El paciente, M.O.S., falleció el 21 de enero de 2015 a los 78 años de edad, tras ser sometido a un enema opaco con contraste de bario el 18 de agosto de 2014. Se trataba de una prueba invasiva y programada “y, no obstante, se llevó a cabo sin obtener el preceptivo consentimiento informado del paciente, y tampoco se informó al paciente de los riesgos ni de las consecuencias de la realización de dicha prueba diagnóstica”, según la resolución judicial.

Durante la realización de la prueba, el paciente sufrió una perforación de colon que no fue diagnosticada hasta el 24 de agosto de 2014 y una vez diagnosticada se optó por un tratamiento conservador, a pesar del evidente deterioro del enfermo. Finalmente, cuando los días 18 y 19 de septiembre se intervino al paciente era tal su estado de salud a causa de la infección, que fue imposible la recuperación falleciendo cuatro meses después, tras una larga lucha, explicaron las citadas fuentes.

La sentencia reprocha que en el caso de M.O.S. "hubo un constante llamamiento de auxilio que fue, de hecho, desatendido". "Es llamativo que solo el empecinamiento del servicio de urgencias, al ver el deterioro del enfermo, consiguiese que el mismo no fuese devuelto a su domicilio tras ser examinado por el servicio de cirugía y digestivo”.

También, apunta que el retraso en la intervención que demandaba el estado del fallecido “no derivó en realizar pruebas como el TAC que acabaron llevando a cabo y procurando una intervención que debió, visto el mal desarrollo de la enfermedad, haberse desarrollado con anterioridad”.

La sentencia también destaca la inexistencia de historia clínica completa y señala que "tal falta de documentación supone, ciertamente, una mala praxis que no hace sino corroborar la que apreciamos en el fundamento anterior, pues, entre otros extremos, supone excluir del conocimiento de los interesados qué pasó realmente entre el veinticinco de agosto y el dieciocho de septiembre de dos mil catorce y llegar a conocer qué sucedió para que se retrasase la intervención quirúrgica que, inevitablemente, acabó aconteciendo”.

La presidenta de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, Carmen Flores, opinó que es acertado reconocer la deficiente asistencia sanitaria prestada. “No obstante, una vez más, muestra su disconformidad con la tendencia a disminuir la cuantía indemnizatoria por la mera situación previa del paciente aquejado de otras afecciones”. Flores, insistió en que el paciente no falleció de sus afecciones previas, “sino víctima de una negligencia médica”.

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