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Cecale, UGT y CCOO se repartieron de manera irregular medio millón de euros

El Tribunal de Cuentas acusa a los dos sindicatos y a la patronal de cometer numerosas irregularidades en la financiación de acciones destinadas a la prevención de riesgos laborales

AITOR FERRERO / VALLADOLID
23/10/2017

 

Ellos se lo guisaban y ellos se lo comían. El Tribunal de Cuentas ha denunciado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) se repartieron de manera ilegal más de diez millones de euros en subvenciones de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales entre 2015 y 2016, de los que se ejecutaron 9,2 millones. De ese montante, casi medio millón –447.324 euros– fue a parar a las federaciones de Castilla yLeón –las filiales de UGT y CCOO en la Comunidad y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale)–.

Así lo constata el último informe fiscalizador referente a la citada Fundación y publicado la semana pasada por el Tribunal de Cuentas, que ha detectado numerosas irregularidades en el reparto de los fondos recibidos al ser los sindicatos y la patronal «juez y parte» en su distribución.

La Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales se constituyó en 1999 conforme a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con el objeto de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con la vista puesta, en especial, en las pymes.
Para alcanzar esta finalidad, las organizaciones empresariales y sindicales llevan –o deberían llevar– a cabo una serie de acciones entre las que destacan las visitas a empresas para asesorar sobre la prevención en el trabajo, además de la edición de guías y la creación de gabinetes sobre esta materia en sus sedes, actuaciones financiadas a través de una subvención concedida por la Secretaría de Estado de Seguridad Social.

Hasta aquí, todo bien. El problema viene en que el patronato de la Fundación, es decir, quien decide el reparto de ese dinero, está constituido, de una parte, por la CEOE, y de otra, por CCOO yUGT. En resumen: los que distribuyen la subvenciones «son, a su vez, los perceptores de las ayudas», según denuncia el informe del Tribunal de Cuentas, que explica que esta práctica «no cumplía con los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación» previstos en la Ley General de Subvenciones. El órgano fiscalizador también desmonta la coartada de la Fundación de que lo que se llevaba a cabo era un procedimiento de autocontratación, ya que «no se está ante unos contratos, sino ante la concesión de unas subvenciones que ya habían sido aprobadas».

¿Cómo distribuían estos fondos la patronal y los dos principales sindicatos? Adecuándolos a sus intereses particulares. De este modo, hacían la ley y la trampa, con el resultado de que, según ha comprobado el Tribunal de Cuentas, las normas para llevar a cabo algunas de las acciones se cambiaron una vez que éstas ya estaban aprobadas. «En consecuencia, cabe cuestionarse la legalidad de los importes pagados», sostiene el organismo fiscalizador.

También hubo irregularidades en el reparto de los fondos por sectores. La normativa señala que deben recibir más dinero aquellos que cuentan con índices más elevados de siniestralidad, pero el informe apunta a que se primaron unos frente a otros en función de «los intereses de los grupos de trabajo».

Asimismo, el Tribunal ha comprobado que el baremo para valorar las solicitudes estaba diseñado «de tal forma que únicamente tuvieran financiación las solicitudes de estos tres agentes sociales [CEOE, CCOO y UGT]», con lo que otros sindicatos o patronales que quisiesen acceder a las ayudas estaban vetados.

A esto se sumaba que, cada año, cada comunidad autónoma recibía la misma proporción de fondos y el mismo porcentaje para cada agente –pese a que, desde 2013, las actuaciones las deciden las direcciones nacionales a través de medidas transversales y no territoriales–, lo que, para el máximo órgano fiscalizador del país, es una señal clara de que existía «un reparto previo de fondos» entre los miembros del patronato.

Visitas inexistentes

Entre la larga lista de irregularidades que contempla el informe, destacan las relacionadas con las visitas que los agentes sociales, sobre todo los sindicatos, deberían haber realizado a las empresas para asesorarlas sobre cómo prevenir riesgos laborales. Pese a que estas acciones constituyen su principal actividad en este ámbito, «no ha sido posible, ni para la Fundación ni para el Tribunal de Cuentas, obtener evidencia de su realización ni de si su contenido fue la prevención de riesgos laborales u otro tipo de actividades relacionadas con el trabajo sindical», denuncia el informe.

El caso de CCOO es el más sangrante, ya que las visitas «se realizan por agentes sindicales sin formación en prevención». La conclusión que extrae el Tribunal es clara: los fondos destinados a este fin se dedicaron a otro asunto.

Gran parte de la culpa de este desvío de capitales la tiene que la ejecución de las acciones se acredita, en muchos casos, sin un soporte documental, «siendo suficiente una declaración de los agentes sociales». Es decir, basta que el encargado de llevar a cabo las actividades diga que lo ha hecho, no hace falta ningún documento que lo corrobore.

También califica el informe como una práctica «habitual» que sindicatos y patronal financien una parte de sus gastos de personal pero no acrediten las actividades realizadas por sus trabajadores para ejecutar las acciones. Éste fue el caso de los gabinetes de las sedes de todos los agentes sociales, para los que se dedicaron importes muy elevados, y de las confederaciones y federaciones empresariales territoriales, que subcontrataron por completo la ejecución de estas acciones y después pasaron una factura de gastos de personal que contemplaba cifras mayores a las destinadas a llevar a cabo las acciones.

¿Cuál es la solución que ve el Tribunal de Cuentas ante estos dispendios sin acreditar? Desarrollar por completo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla «a la realidad» y adecuar las bases reguladoras a las previsiones de la legislación en materia de subvenciones para evitar que la CEOE, UGT y CCOO sean «juez y parte» en el proceso.

 

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