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LA ENTREVISTA: FAUSTINO TEMPRANO

«Castilla y León es una región de dos velocidades que va agrandando las diferencias»

Tras año y medio al frente del sindicato, analiza el estado de Castilla y León y los frentes abiertos en este peculiar curso que acaba de empezar

PABLO R. LAGO / J. LUIS F. DEL CORRAL / VALLADOLID
08/10/2017

 

El otoño arranca movido. No sólo por el conflicto de Cataluña. El mundo sindical aborda una movilización por las pensiones, la negociación colectiva para el próximo año y los Presupuestos del Estado y de la Junta, incluido el salario de los funcionarios. El secretario regional de UGT prevé movilizaciones si Gobierno y empresarios no atienden sus reivindicaciones.

Pregunta.- Marcha por unas pensiones dignas, negociación colectiva con mil euros de salario mínimo, subida salarial significativa para los funcionarios… ¿Preparan los sindicatos un otoño caliente o es un teatro para frenar su desprestigio?

Respuesta.- Empiezo por lo segundo. No creo que los sindicatos estén desprestigiados. CCOO y UGT llevamos mucho tiempo con prestigio. Hay que diferenciar dos cuestiones: en la empresa, las dos centrales tenemos el apoyo mayoritario de los trabajadores; desde la sociedad, tal vez por culpa nuestra, por no explicar bien las cosas, hemos carecido del prestigio suficiente. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Desde nuestro último congreso confederal, hace más de un año, estamos recuperando nuestra imagen social. Las campañas actuales son para solucionar problemas de la sociedad. A los pensionistas actuales les preocupa la revalorización de sus pensiones en un 0,25% desde 2013 del Partido Popular; están perdiendo poder adquisitivo. Si eso no se cambia, pueden convertirse en los pobres del mañana. A los trabajadores en activo les preocupa terminar con ese tópico de que cuando llegue ese mañana no se va a cobrar la pensión. El primer objetivo de esta campaña es volver a la negociación en el Pacto de Toledo. Sobre la negociación colectiva, es verdad que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo. Desde 2008 hasta 2015, han renunciado a subidas salariales o se lo han rebajado por mantener el empleo. Llevamos dos años de recuperación económica de las empresas que no ha revertido en los trabajadores. Es necesario que esa recuperación llegue a los trabajadores y a las familias para recuperar poder adquisitivo. La situación en Castilla y León es más dramática por las diferencias con el resto. En 2017 no hubo acuerdo por la cláusula de revisión salarial. A final de agosto e IPC está en el 1,6%.

P.- En la crisis se han agudizado las diferencias entre provincias en distintos ámbitos. En el sanitario, con las listas de espera; en el empleo industrial, basta con coger dos provincias grandes y limítrofes como León y Burgos. Algo que no pasa en otras comunidades. Estas diferencias no hacen fácil caminar como Comunidad. ¿Cómo se corrige eso?

R.- Sí, coincido plenamente. Hay una comunidad autónoma con dos velocidades en el ámbito económico. Las provincias más ricas cada vez son más ricas en todos los ámbitos y las más pobres son más pobres. Hay cuatro provincias, Zamora, Salamanca, León y Ávila, que cada vez se alejan más de la media en empleo y renta per capita; sobre todo de las más ricas como Burgos y Valladolid. Cada vez hay mayores diferencias. ¿Cómo se soluciona? Con un plan de convergencia interior, que está en el Estatuto de Autonomía, y que debe financiarse con los presupuestos de la Comunidad. La semana pasada se lo hemos expuesto en el Consejo del Diálogo Social al presidente de la Junta, que cuando nos informen de los presupuestos se tenga en cuenta. Esto debería suponer que al final de la legislatura hubiera una sola velocidad entre las provincias. Eso no quiere decir que tenga que haber planes industriales por cada provincia, porque, si así fuera, cada una querría el suyo. Tiene que haber un solo plan con los distintos sectores que nos marca la Unión Europea para la comunidad autónoma y trabajar todos en la misma dirección. Eso tiene una repercusión, además de en el empleo, en los servicios sociales. Se ve que en nuestra comunidad hay ciudadanos de primera y de segunda. Todos pagan los mismos impuestos pero depende en qué sitio vivas, si es en el medio rural o en el urbano, puedes tener mejor o peor educación, mejor sanidad o peor sanidad y mejores o peores servicios sociales.

P.- Pero esta reivindicación no se la deben plantear al presidente Herrera cuando firman en el Diálogo Social.

R.- Los últimos acuerdos se firmaron en marzo de 2017 y están vigentes hasta el 31 de diciembre de este año. Hay otros con vigencia hasta 2020. Hay un 80% de grado de cumplimiento de los acuerdos con la Junta. En el futuro, hay que hacer algo distinto con presupuestos claros.

P.- Llevamos no menos de veinte años con esa petición de plan global de Comunidad. Sin embargo, seguimos con varios aeropuertos. Dedicamos dinero público para que la gente se vaya a la playa. Si esto que es sencillo no se aborda, cómo se puede hacer un plan industrial global.

R.- Todos los grupos de las Cortes se han puesto de acuerdo en un plan para la reindustrialización de la Comunidad autónoma. La industria es el motor de la economía, es el sector que crea más empleo estable. Ahora hay que ejecutarlo. Vemos el problema en que se abordan muchos acuerdos, pero no se ven luego en la práctica.

P.- Pero ni ustedes ni los grupos en ese plan han afrontado la problemática de los desequilibrios industriales. No hemos visto en los procesos de diálogo social ninguna iniciativa concreta para acabar con los desequilibrios provinciales.

R.- El acuerdo de reindustrialización no habla ni del plan de convergencia ni de los desequilibrios. Nosotros hemos dicho que hay que volver a negociar el acuerdo industrial del diálogo social. Hay dos instrumentos en este plan, la ADE y la ADE rural. Uno de los grandes problemas de la Comunidad es la despoblación, la dispersión demográfica y en envejecimiento. Para asentar población en el medio rural es necesario que la ADE rural dé solución a esos problemas y que no sólo se dedique a tramitar subvenciones. La ADE rural se firmó en el Diálogo Social y ahora decimos que no cumple con su objetivo. Cada provincia pretende hacer sus propias reivindicaciones. Hace unos días era Ávila y puede surgir en el resto. Esa no es la solución, se necesita saber qué industria queremos en Castilla y León. Hemos pedido que se reabra una mesa distinta sobre el modelo industrial.

P.- ¿Por qué modelo apuesta usted?

R.- Castilla y León tiene que apostar por lo que tiene, una gran cantidad de productos agrarios y ganaderos. Hay que apostar por empresas de transformación de nuestros productos. Hay que cerrar el círculo; el producto lo tenemos y a veces lo mandamos a otras regiones o a otro país. También, por la automoción. Debemos ver dónde ubicar la industria. No puede ser que tengamos provincias superindustrializadas como Burgos y otras como León que, tras la crisis minera, se ha quedado sin nada.

P.- Recuerdo la euforia que mostraron ustedes y sus homólogos de CCOO en el Congreso del PSOE en Zamora. No sé si fue excesiva, si hoy se arrepienten. Aplaudieron la opción de Tudanca como la alternativa necesaria para esta Comunidad. ¿Sigue hoy manteniendo esa postura?

R.- Lo que dijera el compañero Vicente Andrés tendrá que decirlo él. Sí dije y me ratifico en que UGT seguimos demandando políticas más de izquierdas. Si hacen políticas de izquierdas, nos van a tener. Somos un sindicato de ideología socialista y queremos que el partido que gobierne este país haga políticas sociales que lleguen a los trabajadores y sobre todo a los ciudadanos. Dentro de un congreso del PSOE no vamos a ir a decir cuestiones distintas. Eso no quita para que con el PP, que lleva gobernado esta Comunidad muchos años, las relaciones son cordiales. Cada uno sabe el papel que tiene que jugar. Se ha avanzado notablemente en la normalización de las discrepancias.

P.- Hasta ahora ambas organizaciones han mantenido una equidistancia con cualquier partido en el posicionamiento electoral.

R.- En un posicionamiento electoral, y de cara al futuro, UGT dará libertad de voto. Tenemos afiliados de todos los partidos. Sólo diremos que a la hora de votar lean los programas. Cuando un partido gana las elecciones, el programa debe ser como un contrato con los ciudadanos. Debería haber una ley que obligue a dejar el puesto a quien incumpla el programa. Pongo un ejemplo claro al respecto: ahora hay muchos ciudadanos que se quejan de la subida de las pensiones en un 0,25% y muchos de ellos votaron al Partido Popular legítimamente. Esa subida iba en el programa del PP.

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