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El campo recibe 35 millones de euros para el desarrollo rural y el impulso del sector vitivinícola

La Conferencia Sectorial de Agricultura acuerda un nuevo reparto de fondos que generará 234 millones de euros para el sector en Castilla y León junto a las aportaciones de la financiación autonómica y europea

MARISOL CALLEJA / VALLADOLID
11/07/2018

 

Los agricultores y ganaderos de Castilla y León recibirán 35 millones de euros destinados al «fortalecimiento» del desarrollo rural en la Comunidad y el «impulso» del sector vitivinícola, mediante distintas acciones de promoción en terceros países. La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural acordó ayer un nuevo reparto de fondos paras las comunidades autónomas, en el que Castilla y León es la segunda región en cuantía recibida, con el 12% del total distribuido, que asciende a 289 millones de euros.

Los 35 millones de euros para la Comunidad generarán, según la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, un total de 234 millones de euros, complementados con las aportaciones de la financiación autonómica y europea. El Ministerio libera de esta forma unos fondos esenciales para el campo de Castilla y León. No en vano, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la incorporación de jóvenes al sector agrario, la mejora y modernización de explotaciones, además de las inversiones vitivinícolas.

Precisamente, la cuantía más importante recibida, de 17,8 millones de euros, corresponde a fondos para el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Hasta el momento, y según datos de la Junta, Castilla y León ha ejecutado 470 millones de euros, lo que le convierte, según Marcos, en la primera comunidad en la ejecución de este programa. Hay que tener en cuenta que el presupuesto del PDR de Castilla y León alcanza los 1.800 millones, con lo que, actualmente no llega a un 30% la ejecución del PDR en la región. Aún así, desde que se puso en marcha en 2015, la comunidad ha sumado, con esta nueva entrega de fondos, más de 54 millones de euros del Ministerio para cofinanciar este programa.

Las organizaciones agrarias reconocen la diligencia de Castilla y León frente a la gestión del PDR en otras comunidades, aunque insisten, en palabras del presidente de ASAJA, Donaciano Dujo, en que «vamos muy retrasados». Este responsable pide que las convocatorias «salgan en plazo», al tiempo que denuncia que un joven que se incorpora al sector en Castilla y León tarda entre dos y tres años en recibir las ayudas, una vez que presenta su expediente. Una denuncia que comparten desde la Alianza UPA-COAG y UCCL.

El responsable de la Unión de Campesinos, Jesús Manuel González Palacín, lamenta el «solapamiento» de los PDR, periodo tras periodo, y reclama, en este caso, conocer «en qué punto estamos».

La partida liberada ayer por el Ministerio de Agricultura, junto a la aportación comunitaria y europea para el PDR, un total de 217 millones de euros, servirá, según la Consejería de Agricultura, para hacer frente a convocatorias y certificaciones anuales de modernización y mejora de explotaciones, así como las relacionadas con las ayudas agroambientales, formación, regadíos o programas Leader, entre otros. Hay que recordar que está pendiente una próxima convocatoria de incorporación de jóvenes y de reestructuración de viñedos, esta última se espera presentar a finales de este mes de julio, según la Junta.

El presupuesto aprobado supone, según la responsable de Agricultura, un «paquete financiero importante» acordado en el mes de mayo por el equipo ministerial anterior. Un dinero que Marcos abogó por ejecutar con celeridad a partir de ahora.

Junto al reparto de fondos destinado al Programa de Desarrollo Rural, la Sectorial de Agricultura acordó ayer la distribución de siete millones de euros para Castilla y León en el marco del programa de apoyo al sector vitivinícola 2019-2023. Desde el año 2014, el importe recibido por la comunidad para la aplicación de esta medida asciende a cerca de 35 millones de euros.

En relación también con este sector, el Ministerio de Agricultura aprobó una cuantía de 5,3 millones de euros para la Comunidad, en este caso para promocionar el vino en terceros países. El total de los fondos repartidos están destinados a 137 programas, de los cuales cinco son propuestos por consejo reguladores y el resto, por bodegas. El reto es fomentar el conocimiento de las características y cualidades de los vinos españoles para «mejorar su posición competitiva y la consolidación o apertura de nuevos mercados. En los últimos años, según la Junta, el crecimiento de las exportaciones de vino a terceros países es del 108% frente al 54% del crecimiento de las exportaciones a los países de la Unión Europea.

El resto de las partidas distribuidas para Castilla y León están relacionadas con la sanidad animal y lucha contra las plagas, con un total de un millón de euros, distintos programas escolares, con 915.000 euros, ayudas para calidad vegetal apicultura y razas autóctonas, por valor de unos 700.000 euros, y el control lechero, con algo más de 300.000 en total.

PAC

En la reunión de la Sectorial de Agricultura de este martes se hablaba también de la futura PAC. La consejera de Agricultura aprovechaba este encuentro para pedir al ministro del ramo, Luis Planas, que «profundice más» en las aportaciones que se realicen desde las comunidades y el propio Ministerio, a los reglamentos sobre el futuro de la Política Agrícola Común a partir de 2020.

Castilla y León considera que «hay que avanzar más» y «no quedarse en una mera declaración de intenciones». Según Milagros Marcos, el ministro ha accedido a la petición de la Comunidad para recibir aportaciones al articulado de la futura PAC que está actualmente debatiéndose en la Unión Europea. Se trata, según la responsable autonómica, de ir más allá de la posición en común y del documento consensuado que ya se aprobó en abril de 2016. Asegura que «la situación ha cambiado de un año a aquí», por eso, hace falta «profundizar en los contenidos ya que, según sus palabras, «está en juego el futuro de la PAC».

La reunión abordó, por otra parte, la normativa en la que se está trabajando a nivel nacional relacionada con la venta a pérdidas. Marcos apostó por la identificación del origen del producto y por «garantizar la sostenibilidad del sector en la cadena de valor» en todo momento.

 

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