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Anulado el programa de gratuidad de libros ‘Releo’

La demanda alude a «obligaciones adicionales impuestas» al profesorado «sin una consulta o negociación previa» / Educación estudiará la sentencia

ELSA ORTIZ / VALLADOLID
24/07/2018

 

«No queremos que los docentes se conviertan en repartidores de libros». Sobre esta premisa se sustenta la demanda formulada por la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León (Aspes-Cl) contra las órdenes por las que se crea el Banco de libros de texto de la Comunidad, se establece el programa de gratuidad Releo Plus y se convoca la participación en el mismo.

Al amparo del incumplimiento del artículo 105.a de la Constitución Española, que recoge el principio audiencia de los ciudadanos, la Sala de lo Contecioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia autonómico (TSJCyL) da la razón al sindicato y declara nulas las normativas EDU/150/2017 y EDU/185/2017.

«Si la Junta quiere llevar a cabo una estrategia de gratuidad, para disminuir el esfuerzo económico de las familias, está en su derecho y nos parece perfecto; pero no puede hacerlo a costa del profesorado», asevera el presidente de la asociación, Honorio Vega, en declaraciones a este diario.

Conocer el estado del Banco y sus necesidades, informar a la comunidad educativa y a la administración, gestionar la aplicación informática, coordinar el programa Releo Plus, organizar y coordinar el proceso de donación así como solicitar la colaboración de familias y alumnado del centro son algunas de las labores atribuidas a los docentes por las órdenes anteriormente mencionadas con las que Aspes-Cl discrepa al considerar que sus funciones legales «no incluyen el esfuerzo adicional de realizar tareas administrativas relativas al material escolar», según alega en la demanda.

Asimismo, el sindicato recrimina que estas «obligaciones adicionales» fueron asignadas por la Consejería de Educación al profesorado de «manera impositiva» y «sin una consulta o negociación previa».

Precisamente sobre este punto se erige la sentencia que entiende que, «en absoluto», se ha respetado el principio de audiencia. «Si la administración autonómica adoptase o hubiera adoptado una posición mínimamente respetuosa con todos los actores afectados, habría abierto un amplio periodo de información pública», apunta el fallo, matizando que la omisión de «esta oportunidad» implica «convertir en papel mojado leyes que para sí misma ha dictado».

El TSJ recuerda la existencia de una sentencia anterior, fechada a 1 de abril de 2016, y considera «incompresible» que sus razonamientos «no se hayan tenido en cuenta en el proceso de elaboración» de las órdenes. A su juicio, presentarlo en el Consejo Escolar «no satisfacen las exigencias» que resultan del artículo 105.a de la Constitución.

Vega concreta que Aspes-Cl solo rechaza aquellos artículos que implican «funciones extraacadémicas» para los profesores y que otras empresas afectadas –como es el caso de las editoriales– «han puesto su granito de arena para echar abajo las órdenes».

Además de declarar la nulidad, el recurso impone 1.500 euros de costas a Administración. Mientras, la Consejería de Educación estudia la sentencia para decidir «cómo aplicarla en un futuro», aseguran fuentes de la misma sin rechazar la opción de recurrir.

 

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