Diario de Valladolid

Valladolid

El juez no ve causa penal y archiva el caso del bebé incinerado en el Clínico

Defiende que la familia cambió de postura con el feto nacido muerto y que el Clínico cumplió con el protocolo establecido

8:10 h. 22/07/2019 Í. ARRÚE / VALLADOLID

Hospital Clínico Universitario de Valladolid, centro en el que nació muerta la pequeña.Hospital Clínico Universitario de Valladolid, centro en el que nació muerta la pequeña.

P. REQUEJO

El Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid ha archivado el caso del bebé incinerado en el Clínico al entender que el centro hospitalario cumplió en todo el momento el protocolo para fetos muertos y, por tanto, en ningún caso existe causa para una investigación penal.

En el inicio del litigio, Diego Orlando P., el padre de la bebé fallecida, no conforme, pidió una investigación y denunció los hechos a Fiscalía, ya que aseguró que en ningún momento autorizó la cremación en el hospital de Ainara, nombre que iban a poner a la pequeña, ya que su intención, dijo, era llevarse los restos desde el primer momento.

La madre, Ana Luisa V., llevaba seis meses separada de Diego Orlando, cuando entró en el paritorio del Hospital Clínico el 10 de enero de 2010 y alumbró una criatura muerta por un prolapso del cordón umbilical. Su primera reacción fue decir que no quería saber nada del padre y, con respecto al feto, trasladó a los sanitarios del Clínico que hicieran lo que procediese. Por ello, los restos abortivos se trasladaron al depósito durante cinco días y luego se incineraron.
Pasados unos días entró en acción el padre que se había enterado del hecho a través de una amiga en común. Cuando pidió hacerse cargo de los restos ya había contratado una empresa funeraria para una incineración en la intimidad, pero era tarde.

SIN CONTRAORDEN

«Hubo un cambio de postura de la familia», explicaron fuentes judiciales. «El hospital actuó siempre siguiendo la indicación de la madre y en el plazo previsto de 72 horas no recibió una contraorden para no quemar los restos», añadieron.
En el archivo también ha tenido peso que no se haya observado ninguna negligencia en el tratamiento a Ana Luisa en el parto o en los restos del bebé. «Se hizo todo de forma correcta siguiendo el protocolo. El problema al final fue de falta de entendimiento o mala interpretación entre el padre, la madre y el hospital, pero desde luego no entra del ámbito criminal», indicaron las fuentes. «En ningún caso puede hablarse de sustracción de menor o inhumación ilegal», insistieron.
La dirección del hospital ya defendió la correcta actuación y atribuyó todo a una «disfunción en la información» achacado a «desavenencias familiares» de la pareja. La paciente fue captada el 22 de diciembre de 2017 por el Servicio de Paritorio del Clínico, siguiendo un embarazo absolutamente normal. «Se le realizó su historia clínica y ella manifestó expresamente que no tenía pareja y que los apellidos del bebé iban a ser los suyos, amparándose en la Ley de Autonomía del Paciente», aseguró ña Dirección el Hospital Clínico.

No fue hasta el 10 de enero cuando la madre ingresó en el centro con diagnóstico posterior de feto muerto por prolapso de cordón, ante lo cual la paciente pidió expresamente que no se diera información a nadie excepto a sus hijos. Se indujo el parto y se obtuvo una criatura abortiva, lo que se comunicó al registro de criaturas abortivas, siguiendo siempre la legislación vigente.

Tras el parto se agravó el estado general de esta paciente, que tuvo que ingresar en la UCI durante cuatro días, «por lo que no pudo ponerse de acuerdo con el resto de su familia, que por su lado no autorizaba el estudio necrópsico de la criatura abortiva, que permaneció cinco días en el depósito del hospital hasta que fue enviada a incinerar, como se hace habitualmente en estos casos», apuntaron.

«Las desavenencias familiares obligaron a la trabajadora social a múltiples contactos con la familia, estableciéndose dos circuitos de información ante los múltiples cambios de opinión, lo que ha podido provocar una disfunción en la información», aseguran las mismas fuentes, que insisten en que, por tanto, «el Hospital ha seguido en todo momento las actuaciones habituales ante un resto abortivo y ha garantizado y, sobre todo, ha protegido los derechos expresados por la paciente».

«Se pusieron todos los medios para tratar de evitar el lógico dolor de la familia, pero las citadas desavenencias familiares –ya reflejadas desde diciembre– han sido las que han causado toda esta situación, absolutamente inusual ante una situación perfectamente regulada por ley», concluyeron.

Aunque la Justicia ha avalado en este caso la actuación del Servicio de Ginecología y Obstetricia, otra resolución de enero de este año, por otro caso distinto, condenó Sacyl a indemnizar con 162.000 euros a una mujer por la pérdida de su bebé durante el parto en el Hospital Clínico. El TSJsostuvo que la actuación sanitaria llevada a cabo fue inadecuada y derivó en un fatal desenlace que podría haberse evitado con la monitorización permanente de las constantes vitales del feto.

Los hechos se remontan al mes de septiembre de 2014, cuando la paciente ingresó en el complejo hospitalario para un parto programado en la semana 39 de embarazo, a la vista del riesgo obstétrico que conllevaba la diabetes gestacional que registraba.

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