Diario de Valladolid

Castilla y León

La Fiscalía de Valladolid rechaza la salida de Urdangarin de prisión para ser voluntario

L El Juzgado de vigilancia vallisoletano autoriza que dos días a la semana colabore con el Hogar don Orione de Pozuelo de Alarcón, dedicado a prestar asistencia a personas con discapacidad 

12:09 h. 17/09/2019 ANTONIO GARCÍA/ ÁVILA

La Fiscalía de Valladolid rechaza la salida de Urdangarin de prisión para ser voluntario

El cuñado del rey Felipe VI y marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, cumple hoy quince meses en el Centro Penitenciario de Brieva (Ávila), tras ser condenado a cinco años y diez meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, en el conocido como caso Nóos.

Tras permanecer este tiempo aislado en un módulo de esta cárcel de mujeres abulense, el preso más famoso de España recibió ayer una buena noticia por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León, cuyo titular ha estimado su recurso, en contra del criterio de la Fiscalía, lo que le permitirá salir dos veces por semana de Brieva para hacer voluntariado en Madrid.

Será en el Hogar don Orione, un centro situado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, cuya labor consiste en la prestación de asistencia a personas con distintos grados de discapacidad. Fundado en 1967 por la congregación religiosa Pequeña Obra de la Divina Providencia, en la actualidad cuenta con 114 personas atendidas por un centenar de profesionales.

Hasta allí se desplazará Urdangarin tras prosperar el recurso planteado en agosto contra la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que, al igual que el informe del fiscal, se mostraba contraria a la posibilidad de que el exdeportista pudiera realizar estas salidas para llevar a cabo un programa de atención especializada fuera del centro penitenciario.

La junta de tratamiento de la prisión de Brieva está previsto que se reúna mañana y, lo más probable es que acuerde las salidas aprobadas por el juez de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid, que la Fiscalía está sopesando recurrir.

Según el auto, contra este auto cabe la posibilidad de interponer un recurso de reforma ante el mismo juzgado en el plazo de tres días o de apelación en los cinco días siguientes a la notificación del mismo. El ministerio público, que está de acuerdo con la valoración realizada en su momento con la Junta de Tratamiento, esgrime tres dificultades para oponerse a la solicitud de Iñaki Urdangarin. Una de ellas apunta a que, según lo remitido por la Fundación, «ofrece su colaboración a favor de posibles trabajo en beneficio de la comunidad» y se trata de «un programa de voluntariado que se desarrolla dentro y fuera del centro con ayuda en los procesos de movilidad de los usuarios discapacitados que necesitan ayuda en su vida cotidiana: paseos, piscina, fisioterapia…». La conclusión de la fiscalía es contundente: «Esto es el programa, es de ayuda al discapaz, no al penado».

La segunda «dificultad» que argumenta la fiscalía hace referencia a que la medida «no cumple el haber sido planificada con el interno por la Junta de Tratamiento, que exige un contenido concreto en cuanto a qué objetivos se pretende conseguir y de qué manera el programa va a facilitarlo». Además, haciendo referencia al informe del pedagogo de la prisión, apunta que «su colaboración con una ONG podría verse como un paso previo a futuros permisos y una clasificación de grado más flexible y aperturista».

En este sentido, hay que recordar que Urdangarín aún se encuentra en segundo grado, obtenido a los dos meses de haber ingresado en prisión el 18 de junio de 2018, lo que implica que podría gozar del primer permiso a partir del próximo 28 de noviembre, una vez cumplida una cuarta parte de la condena.
La tercera dificultad a la que alude el ministerio público tiene que ver con razones de «tipo práctico», teniendo en cuenta que durante las dos jornadas por semana que salga para prestar su servicio de voluntariado durante ocho horas diarias, deberá realizar un desplazamiento de 200 kilómetros de ida y vuelta aproximadamente, lo que implicará la «aplicación de medidas de seguridad policiales».

Además, el fiscal cree que «no pueden perderse de vista los derechos de los usuarios del centro por el impacto mediático que puedan sufrir y su derecho a la intimidad».

Ante estas dificultades del ministerio público, el juez ha tomado su decisión de acuerdo con el artículo 117 del reglamento penitenciario, aplicable a los condenados que aún están en segundo grado y cumplen una serie de requisitos, como la baja peligrosidad y la ausencia de riesgo de fuga. No se trata de una decisión insólita, ya que este año se han acogido a esta posibilidad más de 250 presos en España.

En respuesta al último argumento de la Fiscalía, el juez esgrime que, teniendo en cuenta la «evidente proyección pública» de Urdangarín y el seguimiento mediático de su proceso, resulta «inverosímil que quien hace la oferta no tenga conocimiento de esa realidad». «Es de suponer que cuando la entidad se ha prestado a recibir al recurrente, ha sopesado la situación», añade al respecto, para concluir que «el culpable» de cualquier «perturbación» que se pueda producir será «quien la genere con su proceder, el que persigue, no el perseguido».

El magistrado considera que este tipo de salidas no son extraordinarias y la aplicación de programas especializados fuera de la cárcel «no corre en paralelo al disfrute de permisos ordinarios» por parte de los internos, sean «conocidos o no, famosos o anónimos».

En este contexto, el juez destaca que Iñaki Urdangarin se encuentra en el «más absoluto aislamiento» en esta cárcel que, pese a haber sido elegida por él mismo, es la Administración la que tiene la última palabra. Por ello, precisa que su aislamiento no es voluntario, sino «impuesto».

Teniendo en cuenta esta circunstancia y que su vida en comunidad «no es posible», la realización de una actividad en el exterior es «más que positiva para reducir o eliminar la desocialización y deshumanización, destrucción del individuo, que conlleva la soledad absoluta a la que se la sometido, lo cual conecta con algo esencial en cualquier programa de tratamiento: fomentar la autoestima».

Además, considera que «el contacto con personas con una problemática en el ámbito de la discapacidad, una forma de voluntariado, implica de por sí un elemento de asunción de valores prosociales».
Teniendo en cuenta el tipo de condena de Urdangarin por delitos económicos, el juez considera que «la toma de contacto con la vida real, con los problemas de los demás, coopera a generar un elemento de concienciación de trascendencia de la propia conducta delictiva».

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, explicó que el voluntariado que realizará su cliente consiste en «ayudar a gente con discapacidad, con necesidades y puede aportar, no solo la vertiente deportiva que es algo que conoce muy bien, sino poder ayudar a personas que tienen algún tipo de problema».
 

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