La Junta destina 615.000 euros para vigilar el macropolígono ‘fantasma’ de Cigales, en Valladolid

La actualidad del macropolígono de Cigales, Cabezón y Corcos, no solo no aporta alegrías en forma de implantación de empresas – no hay ninguna en sus 353 hectáreas, 17 años después – sino que, por contra, este espacio fantasma es cada día más gravoso para los contribuyentes. 

La Consejería de Economía y Hacienda comunicó hace dos semanas al Consejo de Gobierno la aprobación del gasto para el contrato del servicio de vigilancia del polígono industrial Área de Actividades Canal de Castilla en Cabezón-Cigales-Corcos (Valladolid) hasta 2025: nada menos 615.134 euros. 

El contrato se reparte en cuatro anualidades , hasta 2025, para un servicio que será de 24 horas. Esto quiere decir que cada año destinará 153.908 euros a custodiar las ‘instalaciones’, o, lo que es lo mismo, 421 euros al día para ‘vigilar’ el mayor espacio industrial de Castilla y León que, diecisiete años después, no tiene un solo edificio levantado, solo carreteras y conducciones subterráneas de agua y electricidad.

La Junta alega que el despliegue es para evitar robos de unidades eléctricas, acometidas y conducciones «de mucho valor». La inversión hasta la fecha es de 53 millones de euros y solo la estación transformadora que se instaló en 2017 costó cuatro millones. La potabilizadora de 2018, medio millón.

«En el polígono hay varias unidades de transformación de energía eléctrica de una inversión muy alta, también conducciones eléctricas, acometidas y conducciones habilitadas que no se perciben a simple vista porque el suelo está urbanizado y asfaltado. Cuenta igualmente con luminarias instaladas aunque no estén en uso», recalcaron las fuentes. 

10 empresas invitadas

La Junta también tiene una explicación al precio desorbitado del servicio de seguridad: es el fijado por norma. «El servicio de vigilancia adjudicado tiene un precio establecido por Acuerdo Marco de la Junta. Esto quiere decir que el precio está unificado para todos los servicios de seguridad contratados por la Junta. Es el precio unificado por cualquier proveedor para una unidad de servicio», recalcan fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, que añadieron que han invitado a diez empresas de seguridad a participar en el la licitación.

El asombroso despliegue de vigilancia a este gigantesco solar asfaltado se conoció hace dos semanas cuando la Consejería comunicó al Consejo de Gobierno la aprobación del gasto para contratar el servicio de vigilancia del polígono propiedad del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), por importe de 615.354 euros.

El contrato de este servicio, incluido dentro de las acciones de administración, gestión y conservación del patrimonio del ICE, será por cuatro anualidades, hasta 2025. El polígono  prevé la puesta a disposición de 187 parcelas industriales en sus 3.515.274 metros cuadrados.

Su situación actual es «en fase de desarrollo», es decir, que no está aún en la ansiada etapa de venta de parcelas. El problema es que esta ‘fase de desarrollo’ está convirtiéndose en vitalicia. Ahora suenan a sarcasmo las previsiones que realizaba la Junta en 2011 de acoger a 20.000 trabajadores. 

Crisis tras crisis

Comenzó a gestarse como idea en 2005. En enero de 2009 superó el último trámite para su ejecución cuando la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Valladolid aprobó la declaración de impacto de esta zona industrial. Parecía que todo iba viento en popa, pero  la realidad es que el avance ha sido  casi imperceptible. Desde entonces todas las crisis, recesiones y contratiempos económicos han sido alegados por la Junta para explicar por qué sigue inconcluso.

La crisis de 2008 retrasó el polígono por la reducción drástica de la capacidad inversora de las empresas debido a la restricción de las líneas de crédito. El Covid-19, añaden, ha sido otra losa. Superada la pandemia, quizá retome de nuevo el brío.. Por lo menos tiene garantizada una malla de seguridad inexpugnable. 

El despilfarro de fondos públicos en suelo del la provincia no ha empezado con el macropolígono . Meseta Ski está suponiendo también un agujero de gasto incontrolado solo para custodiar sus ruinas. 

La pista de esquí seco que la  Diputación proyectó en Villavieja del Cerro (pedanía de Tordesillas) no sólo ha dejado un agujero de 12 millones de euros en este polémico complejo turístico cifrado inicialmente en cuatro  millones y que nunca llegó a abrir sus puertas – ni como Meseta Ski ni como Meseta Sport – por  no ajustarse a la ley, sino que sigue teniendo consecuencias económicas para el bolsillo de los ciudadanos. 

Las ‘ruinas’  de este espacio inacabado acumulan un gasto de casi 635.000 euros en la última década en concepto de custodia de las instalaciones. Es la cuantía que la institución  provincial, a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo de  Valladolid (Sodeva), lleva destinando en sus Cuentas desde el  año 2012 para que empresas de  seguridad vigilen el recinto, según confirmó la propia Diputación a petición de este periódico,  con un desglose detallado de lo desembolsado hasta ahora. 

El caso de Meseta Ski

La mayor de esas partidas corresponde con 2015, cuando Sodeva llegó a apoquinar prácticamente 100.000 euros, seguido de los años 2016 y 2017, cuando se  superaron los 77.000 y los 71.500  euros, respectivamente. A partir de entonces las cantidades han  experimentado fluctuaciones en  referencias mucho más bajas,  hasta los 40.638 que les cuestan  estas labores en el presente ejercicio. 

Así, la suma de todas las partidas que se han ido acumulando desde que en 2012 comenzara a contratarse este servicio asciende a 634.794,43 euros para vigilar lo poco, pero costoso, que queda en el interior, pues las pistas para practicar el deporte blanco se  desmontaron en su mayor parte.

Queda en pie el edificio de la entrada y la parte más baja de la  pista de deslizamiento, la única  que no llegó a desmontarse porque no incumplía la ley, cuando la justicia obligó a retirar todo el  material que se había colocado  en la zona alta que había sufrido un incendio y en la que no se podía actuar.